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4 OPINIÓN MIÉRCOLES 1 s 11 s 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Sociedad, Cultura y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Nacional) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro Director general: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar POLÉMICA GESTIÓN DEL AGUA L uso y distribución racional del agua es un reto pendiente para la sociedad española, que se intensifica en tiempos de sequía y se agrava por las perspectivas climáticas a medio plazo. De ahí la polémica que suscita la propuesta de la ministra de Medio Ambiente sobre la posibilidad de encarecer el recibo del agua en aquellas casas que presenten un consumo excesivo. El departamento que dirige Cristina Narbona tuvo que aclarar las palabras de la ministra, que había fijado en 60 litros por persona y día el límite para penalizar el recibo, una cantidad que se supera- -como señala ABC- -al poner una vez la lavadora y el lavavajillas. Más allá de la anécdota, es defendible que los poderes públicos planteen a los ciudadanos la necesidad de un consumo razonable. No existe entre nosotros, por desgracia, una cultura del agua, de manera que se desperdician muchos litros al dejar correr el grifo sin control alguno. Algunas comunidades autónomas han realizado ya campañas orientadas hacia ese mismo fin. En definitiva, nadie pone en duda que el Ministerio tiene la función de apoyar un desarrollo sostenible y un ahorro razonable de este bien de interés general: es absurdo que mucha gente se indigne cuando se discute sobre trasvases, planes hidrológicos o blindaje de cuencas y luego sea incapaz de contribuir con un comportamiento austero al bienestar de la comunidad. Sin embargo, el Gobierno pierde con frecuencia la razón que pueda tener cuando construye las políticas públicas sobre la base de sanciones y penalizaciones. Así sucede con el carné por puntos, con el consumo de tabaco o con el proyecto sobre restricciones respecto del alcohol. Una buena causa pierde su condición si viene impuesta mediante un ejercicio autoritario del poder. En este caso concreto, debe recordarse que el Gobierno socialista derogó el trasvase del Ebro aprobado por el PP en el marco del PHN y que, por ahora, el Ministerio se ha limitado a formular proyectos y lanzar ideas con escasos efectos prácticos. La autorrestricción de los consumidores puede ayudar, como es notorio, a aliviar el problema. No obstante, la solución sólo llegará mediante una inversión razonable y sostenida en obras de infraestructura, eje de una política solidaria y eficiente, concebida con sentido de Estado y ajena al oportunismo partidista. Aunque ese momento parece lejano, bien está que los ciudadanos se acostumbren a contribuir con un consumo responsable que permita utilizar con rigor un recurso escaso e imprescindible. Debe tenerse en cuenta que cada caso particular es muy distinto: los hogares con ancianos enfermos o niños necesitan utilizar el agua de una manera más intensa. Fijar cuotas rígidas no es una solución, sobre todo si el Estado no pone en práctica una política a gran escala que tenga en cuenta el principio constitucional de solidaridad entre las diversas comunidades autónomas. E CATALUÑA NECESITA AL PP F UE necesario llegar al último día de campaña electoral para que en los discursos de los mítines finales se reconociera toda la dimensión política y nacional de las elecciones que hoy se celebran en Cataluña. Tanto Mariano Rajoy como Rodríguez Zapatero emplazaron a sus seguidores a votar pensando ya en las consecuencias que puede tener el resultado de las votaciones sobre las próximas elecciones generales. Y no es para menos que consideren de esta manera la cita que hoy tienen los catalanes. El tripartito presidido por Pasqual Maragall desde octubre de 2003 fue la vanguardia de una estrategia general de ruptura y radicalización, puesta en práctica a escala nacional por Rodríguez Zapatero tras la victoria electoral de marzo de 2004. Cataluña ha sido el campo de experimentación de lo que, con eufemismo mal disimulado, se llamó segunda transición cuando realmente ha sido una ruptura dolorosa del consenso constitucional de 1978 y su suplantación por un nuevo modelo de Estado, que cuestiona incluso el régimen político basado en la unidad nacional, la soberanía del pueblo español y la monarquía parlamentaria. Además, la aprobación del nuevo Estatuto catalán- -con menor respaldo del que obtuvo el de 1979- -añadió al proceso de quiebra constitucional una muy peligrosa faceta social, manipulando el sentido legal de un estatuto de autonomía para convertirlo en herramienta de imposición de un modelo de sociedad nacionalista y de izquierda, marcado por el intervencionismo público, el monolingüismo y la uniformidad cultural. La directa responsabilidad del PSC y el PSOE, junto con los demás partidos nacionalistas y de izquierda catalanes, en esta crisis constitucional, provocada de forma deliberada, hace del voto al Partido Popular el único que responde a una verdadera intención de cambio político, tanto en Cataluña, como, por elevación, en el resto de España. El apoyo que hoy expresa ABC al Partido Popular de Cataluña se fundamenta en el reconoci- miento de que ésta es la única formación que, de forma coherente, ha defendido la vigencia del orden constitucional, el mantenimiento del Estado autonómico y, sobre todo, la unidad nacional de España. Y lo ha hecho en un ambiente político que le es hostil desde hace muchos años, no sólo en esta campaña electoral y por culpa de la presión antidemocrática de sectores extremistas de la izquierda y el nacionalismo, animados, entre otras razones, por la ausencia de un repudio claro y terminante a su violencia por parte de los demás partidos catalanes. Sólo cuando éstos interpretaron que la violencia contra el PP podía tener consecuencias electorales decidieron condenarla, de mala gana y deslizando culpas a los agredidos. Por eso, el voto de cambio y de coraje- -el útil y el valiente- -es el que reclama el Partido Popular, el único que puede decir que no tapó el escándalo del barrio del Carmelo- -con motivo del cual, conviene no olvidarlo, Josep Piqué presentó una moción de censura contra Maragall- ni el del tres por ciento ni el de la presunta extorsión a los funcionarios por parte de un dirigente de Esquerra Republicana. A la hora de juzgar a cada cual por sus responsabilidades, es importante tener claros estos antecedentes, como también debe importar a los ciudadanos de Cataluña que desean un cambio político cuál será la eficacia de su voto si no va a ser a favor de una candidatura nacionalista ni socialista. La dispersión del voto que busque una alternativa al régimen establecido en el último cuarto de siglo es un riesgo temerario cuando los márgenes de maniobra son estrechos y se aspira a tener una influencia determinante en la orientación del próximo gobierno de la Generalitat. El PP es el partido en mejores condiciones para recibir el apoyo de los ciudadanos de Cataluña que quieran rescatar a su comunidad de un camino basado en la quiebra de consensos, la radicalización nacionalista y la deslealtad socialista hacia la Constitución. JUICIO PARA EL 11- M L A decisión de la Audiencia Nacional de abrir juicio oral en el sumario por los atentados del 11- M imprime a esta causa una celeridad imprevisible hace sólo unos meses. Los pronósticos más realistas contaban con que los trámites posteriores a la conclusión del sumario abarcarían más tiempo, e incluso no se descartaba la posibilidad de que el juez Del Olmo tuviera que reabrir la investigación para practicar nuevas diligencias. La Sección Segunda de la Sala de lo Penal, sin embargo, resolvió con rapidez los recursos de apelación contra los procesamientos dictados por el instructor y rechazó las peticiones de algunas partes personadas de continuar con el sumario para aclarar aspectos aún no esclarecidos satisfactoriamente. Estas decisiones intermedias de la Sala explican que, a pocos meses de la terminación del sumario instruido por Del Olmo, esté ya decidida la celebración de la vista oral. Esta resolución judicial implica una definitiva aprobación de la instrucción sumarial, lo que no quiere decir que sus resultados sean igualmente definitivos. El propio juez Del Olmo reflejó en sus autos finales los interrogantes que aún quedan por despejar (modus operandi, autores no identificados) además de los que algunas acusaciones mantienen sobre determinadas pruebas o infor- mes periciales. La Sección de la Audiencia Nacional igualmente deja abierta la posibilidad de que aún se incorporen a la causa nuevos datos y de que incluso la vista oral se suspenda si procede realizar investigaciones complementarias. De esta manera, se avanza decisivamente en un proceso que ha acumulado datos suficientes para juzgar a los procesados, sin cerrar la puerta a nuevos enjuiciamientos si aparecen datos que lo justifiquen. Tras el auto de apertura de juicio oral, el fiscal y las demás partes personadas- -procesados y acusadores- -deberán presentar su calificación de los hechos, con la petición de pruebas que quieran hacer valer en la vista y que serán las únicas con validez y eficacia para fundamentar una posterior sentencia condenatoria. Queda, por tanto, la fase principal del proceso, aunque la polémica política y mediática haya dado esa condición a la instrucción. En todo caso, es una buena noticia que las víctimas del 11- M y la sociedad, en general- -tengan la certidumbre de que la Justicia no ha encallado y de que podrán reclamar las responsabilidades que correspondan por aquellos terribles atentados, sin perder su derecho irrenunciable a que las investigaciones continúen sobre los extremos que aún no han sido debidamente aclarados, que no admiten juicios paralelos mediáticos ni teorías conspirativas.