Patrocinado Por:

Volver

Resultados de la búsqueda

Resultados para
4 OPINIÓN MARTES 31 s 10 s 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Directores Adjuntos: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Sociedad, Cultura y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Nacional) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director general: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar REPSOL SE QUEDA EN BOLIVIA L mejor modo de disfrazar una derrota es decir que se está muy satisfecho de haberla logrado. La petrolera española Repsol se queda en Bolivia, pero a costa de haber tenido que aceptar el chantaje de la nacionalización encubierta de parte de sus activos. Ésa es, seguramente, la descripción más exacta de lo que ha pasado durante las últimas horas en el país que preside Evo Morales. Que el presidente de Repsol intente minimizarlo diciendo que la nueva relación contractual con Bolivia no representa un porcentaje muy alto en el volumen total de operaciones de la compañía no es más que una receta para consolarse. En cuanto a las promesas que les han sido hechas sobre la supuesta seguridad jurídica del nuevo contrato de explotación de recursos petrolíferos, para evaluarlas debería bastar la experiencia de los precedentes, de los que debemos dar por sentado que eran igualmente legales, lo que, sin embargo, no ha impedido que hayan terminado en la papelera. Se ha alabado el papel del Gobierno español en esta gestión, que desde el principio tomó en sus manos el secretario de Estado de Exteriores, Bernardino León. Pero lo menos que puede decirse es que no ha quedado claro si el Ejecutivo ha intervenido para ayudar a la multinacional española, como hubiera sido lo propio, o si en realidad ha ayudado sobre todo a hacer aceptable la posición del presidente boliviano, Evo Morales, evitando así que su opción por la renacionalización de los hidrocarburos pareciese una coacción contra las empresas extranjeras que han invertido en Bolivia. En fin, el suspiro de alivio que se ha escuchado por la firma de este contrato en el último minuto, nunca mejor dicho, no puede servir para ignorar que es la consecuencia de una política económica esencialmente desenfocada y que- -más allá de las cantinelas populistas e indigenistas- -reafirman que la dirección en la que Morales ha embarcado a Bolivia no es la mejor para anclar a este país en la economía mundial. En realidad, el presidente boliviano ha preferido emular a su colega venezolano, Hugo Chávez, y ya sabemos que en Venezuela la pobreza no ha dejado de aumentar a pesar de que el precio del petróleo ha alcanzado cotas históricas. Es lógico que si Repsol ha salvado algunos muebles y piensa quedarse en Bolivia, no quiera empezar esta nueva etapa criticando a las autoridades locales. Pero las buenas palabras de hoy no servirán de mucho si en el futuro no se cumplen las expectativas que Evo Morales ha suscitado entre la depauperada población boliviana y si las empresas extranjeras vuelven a convertirse en el blanco fácil de todas las críticas. Morales representa una opción poco realista en términos económicos y, tarde o temprano, sus teorías antiliberales serán puestas a prueba. Para Repsol, el tiempo dirá si ha valido la pena. E HORA DE EXPLICARSE pesar de que la opinión pública requería una explicación convincente sobre la realidad del proceso de negociación con ETA, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aprovechó ayer una larga entrevista radiofónica para repetir los mismos mensajes circulares sobre la cuestión. Sin embargo, la reiteración, cuando es repetición de errores, no genera confianza, ni sirve para tranquilizar a una sociedad que ve con sus propios ojos hechos concretos que descalifican la versión del Gobierno sobre la situación del proceso y que se ha inquietado aún más por la crisis de la Fiscalía, la discordia en el Parlamento europeo y la exculpación de De Juana Chaos por Rodríguez Zapatero. Pues bien, las anunciadas consecuencias del robo de pistolas y revólveres, perpetrado por ETA la semana pasada, se han resumido en una nueva declaración de intenciones del presidente del Gobierno, quien anunció que el Ejecutivo va a ser exigente al máximo para acreditar la voluntad de los terroristas de poner fin a la violencia, al tiempo que advirtió a los etarras de que se equivocan si creen que el aprovisionamiento de armas es un pulso al Gobierno. Con esta respuesta tan superficial, pese a la gravedad de lo sucedido, cabría preguntar cómo ha verificado hasta ahora el Gobierno- -y llevamos siete meses de alto el fuego -la voluntad de ETA de cesar su violencia. Es más, cabría preguntar si el Gobierno realmente ha estado en condiciones, en algún momento, de llegar a la conclusión de que el alto el fuego era preludio del cese definitivo del terror, pues los hechos no lo demuestran. Entre 2005 y 2006, los etarras han robado en Francia 4.000 kilos de clorato sódico, sustancia con la que se fabrica cloratita; 1.400 kilos de polvo de aluminio, para fabricar amonal y amosal; 20.000 originales de documentos franceses de identidad; 30.000 placas de matrícula y 2 troqueladoras y, finalmente, 400 pistolas y revólveres con su munición y piezas de recambio. Sólo hay una conclusión: ETA ha recuperado sus arsenales de armas y recursos logísticos hasta niveles propios de una organización terrorista dispuesta a seguir atentando. Por eso, A ETA no se equivoca si cree que el robo de armas ha sido un pulso, porque lo ha ganado desde el momento en que el Gobierno no ha cancelado la negociación con los terroristas. Y si se trata de un rearme efectivo, tampoco se equivoca, porque igualmente ha carecido de consecuencias perjudiciales para los objetivos tácticos de su tregua. Sólo el Gobierno se cree que en ETA haya voluntad de dejar la violencia. Ni las acciones ni los comunicados de los terroristas la reflejan. Por tanto, la verificación de la voluntad inequívoca de los terroristas de poner fin a la violencia es, en estos momentos, una excusa del Gobierno para ganar tiempo hasta que ETA considere oportuno revalidar el alto el fuego con alguna declaración complementaria. Entre tanto, el Gobierno aparenta no dar más de sí, improvisa constantemente- -hasta empezar a preocupar en el seno del PSOE- -e insiste en una verificación que ya está descalificada por la falta de rigor con la que el propio Ejecutivo la ha utilizado. Y, ¿hasta cuándo va a estar verificando el Gobierno una voluntad inexistente? El problema es que, mientras el Gobierno verifica, no hay respuesta policial firme y tampoco rectificación, como le demandó ayer Mariano Rajoy, en una declaración institucional basada en una evidencia objetiva: que ETA se ha reafirmado en la lucha armada para conseguir sus objetivos. Por eso, la opinión pública hace tiempo que verificó con más rigor que el Gobierno que la voluntad inequívoca de ETA es aprovechar esta tregua para perpetuarse como garante de una negociación política o, en su defecto, como la organización terrorista que nunca ha dejado de ser. Ya hay suficientes datos que invitan a pensar que podríamos encontrarnos ante otra tregua táctica de ETA y que el proceso iniciado por el alto el fuego no va a desembocar en el desarme y disolución de la banda terrorista, ni en el reconocimiento de la ilegitimidad de su violencia, ni en la petición expresa de perdón a las víctimas. Despojado el proceso de estos objetivos, que eran los únicos que lo hacían lícito en términos morales y políticos, el Gobierno debe explicar en el Parlamento en qué basa su continuidad y qué es lo que se propone negociar con ETA. CUATRO AÑOS MÁS DE LULA B RASIL ha reelegido a Lula da Silva como presidente. Lo ha hecho superando el 60 por ciento de los sufragios y tras un mandato salpicado de escándalos que han afectado a su entorno más cercano, al tiempo que ha quedado seriamente dañada la imagen de la formación política que lidera: el Partido de los Trabajadores (PT) Estamos, por tanto, ante una victoria personal. El triunfo de alguien que ha conseguido imponerse a su rival- -el socialdemócrata Geraldo Alckmin- -gracias al carisma que conserva entre las clases más humildes, que son- -todo hay que decirlo- -la gran asignatura pendiente que sigue arrastrando Brasil desde que su economía comenzó a adoptar el perfil de un gigante en vías de desarrollo. En este sentido, cualquier análisis que se haga del resultado electoral muestra un común denominador: que las urnas han dado una nueva oportunidad a Lula a pesar del cerco de corrupción que ha rodeado a su equipo de gobierno y a la cúpula del PT. Lo demuestra el hecho de que los votos cosechados por los otros candidatos desbancados en la primera vuelta- -Heloisa Helena y Cristovan Buarque- -hayan ido en bloque a apoyar la candidatura de Lula. De hecho, la escasa pegada final de Geraldo Alckmin y su debilidad interna dentro del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) minaron sus expectativas e hicieron que decrecieran al tiempo que aumentaban las de su adversario. Por otra parte, la habilidad mediática de Lula ha sido capaz de reorganizar su campaña conforme a un discurso eminentemente social, orientado a movilizar a todo el entorno desestructurado y desfavorecido que sigue afectando a la tercera parte del país. Ha sido aquí donde Lula ha conseguido doblar el brazo de Alckmin durante el pulso electoral mantenido a lo largo de la segunda vuelta de las presidenciales y lo que le ha permitido marcar el paso. Por lo pronto, ha reivindicado sin complejos su gestión, que ha logrado estabilizar la situación económica fortaleciendo el real brasileño frente al dólar y reduciendo la inflación en más de diez puntos, hasta situarla en torno al 4 por ciento. Y aunque el crecimiento de Brasil es menor del esperado, lo cierto es que el país progresa, hasta el punto de permitir a Lula sacar pecho y prometer que serán el desarrollo y la distribución de la renta los pilares que sustenten el horizonte programático de su segundo mandato. Estas circunstancias, sumadas a acusaciones demagógicas dirigidas contra Alckmin de que privatizaría las grandes empresas del Estado y suprimiría las medidas sociales adoptadas durante su primer mandato- -la famosa Bolsa Familia han sido finalmente los argumentos que le han permitido a Lula recuperar el terreno perdido. En fin, que ha vuelto a vestirse con el atuendo populista con que ganó en 2002. Falta saber ahora si logrará que la economía crezca vestido con él.