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4 OPINIÓN LUNES 30 s 10 s 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Directores Adjuntos: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Sociedad, Cultura y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Nacional) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director general: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar INSUSTITUIBLE FUNCIÓN SOCIAL DE LA IGLESIA L FIN DE UNA CAMPAÑA FRÍVOLA H OY es el último día de la campaña electoral catalana. Pasado mañana, los catalanes están citados para elegir el nuevo Parlamento del que saldrá el presidente de la Generalitat encargado de dirigir a una comunidad autónoma marcada por una grave crisis política para la que, sin embargo, no ha habido una reflexión seria por parte de los partidos del régimen asentado en Cataluña. La única excepción en esta falta de reflexión ha sido el mensaje del PP, cuyo fracaso es un deseo que une tanto a la izquierda y el nacionalismo catalanes, como a los que- -teóricamente afines al partido de Rajoy- -apoyan a una nueva formación de izquierda no nacionalista sólo con tal de que Piqué empeore sus resultados de 2003. No hay más que repasar los grandes hitos de la campaña para explicarse el divorcio entre la sociedad y su clase política. Empezó con la polémica del DVD de los convergentes contra el tripartito de Maragall. Le siguieron las felices ideas de los jóvenes de Iniciativa por Cataluña- Verdes de fomentar la actividad sexual de los catalanes a costa de la derecha- -sin su consentimiento, pero con preservativo- de unos creativos anónimos del PSC, que hicieron con el apellido de Montilla un lúdico y ocurrente juego de palabras con una afamada crema para bocadillos; y de un ingenioso gurú de CiU que alumbró el carné del buen catalán, con el que los derechos sociales de los inmigrantes cotizarán según la asimilación al gusto nacionalista. Entre tanto, en plena campaña, Rodríguez Zapatero pactó en Madrid con Artur Mas los Presupuestos de 2007, haciéndole a Montilla lo mismo que le hizo a Maragall cuando pactó, también con Mas, el nuevo Estatuto; es decir, dejarlo en precario frente a quien se supone que es el adversario político y electoral del socialismo. Y para rematar el apego por la iconografía más local, ahí queda la exhibición de Joan Laporta, presidente del F. C. Barcelona, poniendo en fila a los candidatos que querían desayunar con él o recibir su beneplácito. Quien haya pretendido conocer la realidad de Catalu- ña sólo con esta campaña se habrá encontrado con una clase política dominante que oscila entre la frivolidad y la impostura, y con una sociedad que parece no tener problemas relevantes que atraigan la atención de sus futuros representantes legítimos. Así es como resultaría, a tenor de la mayoría de los candidatos, que no hay un nuevo Estatuto que vaya a condicionar de forma absoluta tanto la vida política como el modelo social de los catalanes, con un intervencionismo impropio del siglo y de la Europa actuales. Que nunca ocurrió el hundimiento del barrio de El Carmelo, en el que dio su peor cara la dejadez de un urbanismo marginador, la desconexión real de muchos castellanohablantes respecto de la comunidad política en la que viven y la esclerosis de unas instituciones autonómicas aprisionadas por la prioridad de sus dirigentes de no alterar el status quo del sistema. O que tampoco hubo una denuncia en sede parlamentaria del presidente de la Generalitat contra la oposición convergente por corrupción al 3 por ciento durante los gobiernos de Pujol. Ni, en general, que ha habido violencia e intimidación constantes, con intensidad variable, contra dirigentes y sedes del PP. Después de la primera experiencia de gobierno nacionalista y de izquierda desde que se instituyó la autonomía catalana y de la profunda crisis política causada por factores tan graves como la alianza del socialismo con el independentismo radical, el exiguo respaldo popular al nuevo Estatuto y la crisis absoluta del liderazgo de Maragall en el PSC, estas elecciones deberían servir para poner orden en una comunidad aturdida por la falta de estabilidad. Apenas vigente el nuevo Estatuto, es bueno recordar que su aprobación rompió el tripartito, abocando a unas elecciones anticipadas, y que ya ha creado un horizonte de conflictividad constitucional. Ningún candidato con opciones de ganar ha explicado qué hará para que, con estas premisas, el nuevo autogobierno catalán no sea más una fuente de problemas que de soluciones. EL AGUA INSOLIDARIA L agua es un bien escaso en muchas regiones españolas. De ahí la necesidad de que su distribución y uso racional sean objeto de una política de Estado, ajena a intereses localistas o al oportunismo coyuntural. Así lo reclamaban los regeneracionistas hace más de un siglo y este es el único camino razonable para encauzar un problema que se agrava cada día. Las últimas lluvias han aliviado un poco la situación, pero es imprescindible tomar medidas para que la política del agua responda a principios de eficiencia y solidaridad. El PP puso en marcha un Plan Hidrológico Nacional que el Gobierno socialista se apresuró a derogar. A partir de entonces, Medio Ambiente malgasta su tiempo en anuncios y proyectos que nunca se cumplen. Este desconcierto da lugar a que cada uno haga la guerra por su cuenta y el agua se convierte en moneda de cambio político, atizando el enfrentamiento entre comunidades y entre los genuinos intereses de consumidores, regantes y otros usuarios, a veces con una dosis notable de demagogia. Si la política democrática debe ser valorada por su capacidad para articular demandas legítimas, la gestión del Ejecutivo merece en este caso un suspenso rotundo. Las reformas estatutarias son- -por ahora- -el último capítulo de esta guerra absurda. Cataluña blinda el agua del Ebro, cuestión aún pendiente de resolver por el TC. Los demás no quieren quedarse atrás. Se anuncia que PSOE y PP han llegado a un acuerdo en Castilla- La Mancha para E poner fecha de caducidad en 2015 al trasvase Tajo- Segura, dejando en mal lugar a sus propios compañeros de partido en Murcia o Valencia. En el Estatuto andaluz, Chaves aprovecha para blindar la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, a pesar de las protestas de Extremadura. Estamos en periodo preelectoral y nadie se arriesga a perder votos. Pero las elecciones pasan y los Estatutos quedan, dando lugar a una alteración subrepticia en la distribución actual de las competencias. Parece que la moda consiste en ignorar el texto de la Constitución, convirtiendo a los Estatutos en el único referente jurídico dentro de su propio territorio. Son las consecuencias- -deseadas o no- -de esa falsa España plural que proclama Zapatero, que impiden al Estado desarrollar políticas públicas a escala nacional. El TC tiene trabajo. Mientras no se modifique, sigue en vigor el precepto constitucional que atribuye al Estado la competencia exclusiva de la legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una comunidad autónoma Y queda, por supuesto, el principio de solidaridad, que es- -junto con los de unidad y autonomía- -pieza clave de un Estado autonómico, en triste deriva hacia un modelo más o menos confederal. Este parece ser el objetivo del Estado residual auspiciado por Maragall y avalado por Zapatero. Mientras tanto, la España seca nada puede esperar de una política que fomenta el egoísmo y la insolidaridad. AS cifras aportadas por la Iglesia en materia de financiación rompen los tópicos al uso acerca de los privilegios imaginarios que se le atribuyen desde sectores laicistas. De hecho, las diversas instituciones eclesiásticas ahorran al Estado cerca de 8.000 millones de euros, cifra que equivale nada menos que al 1 por ciento del PIB. Más de tres millones y medio de personas se benefician de estos servicios sanitarios y asistenciales, de manera que- -según las expresivas palabras del obispo de Tarazona- -la Iglesia no es un parásito sino, muy al contrario, una gran bienhechora Hay otros datos determinantes. Entre ellos, que en 2007 la Conferencia Episcopal recibirá por vía del IRPF 150 millones de euros, cantidad inferior al presupuesto de Cáritas, que asciende a 170 millones. En general, la aportación de la Administración es cinco veces menor que la inversión de la Iglesia en promoción social. También debe tenerse en cuenta el ingente patrimonio cultural, cuya titularidad le corresponde, sin que en estos últimos años la financiación recibida (por ejemplo, a través del Plan Nacional de Catedrales) haya sido especialmente generosa. El arraigo del catolicismo en la sociedad española es evidente y así lo reconoce el artículo 16 de la Constitución. Casi 100.000 personas dedican a diario su principal actividad al servicio de los demás desde su compromiso como creyentes. Sin merma alguna de la libertad religiosa, está claro que no es lícito- -por razones históricas, sociológicas y jurídicas- -equiparar a los católicos españoles con los ciudadanos que profesan cualquier otra creencia. Parece que el Gobierno pretende reconducir unas relaciones enturbiadas por las exigencias de ciertos sectores de la izquierda. El nombramiento de Francisco Vázquez como embajador ante la Santa Sede y el pragmatismo de Fernández de la Vega dan resultados más fructíferos que la querencia anticlerical de quienes defienden una ideología rancia y trasnochada. Mientras siguen las negociaciones sobre la asignatura de Religión, se ha rebajado el clima de enfrentamiento, deshielo al que no ha sido ajeno- -por supuesto- -el discurso del Papa, Benedicto XVI, en Valencia: firmeza absoluta en los contenidos con moderación en las formas. Corresponde ahora al Gobierno situar las cosas en su justo límite. Es positivo que haya acuerdos sobre financiación, pero es inaceptable que algunos quieran presentarlos como el final de unos privilegios ancestrales que no son tales. Sólo le faltaba a Zapatero reabrir la cuestión religiosa para seguir dando vueltas de tuerca a la sedicente memoria histórica, que en nada contribuye a la convivencia política. Algunas leyes, ya en vigor, chocan frontalmente con la moral católica y con el sentimiento de millones de ciudadanos. Es bueno que se abran nuevos caminos, pero siempre dejando claro que el Estado no regala nada a la Iglesia: a la hora de valorar las aportaciones de unos y de otros, está claro de qué lado se inclina la balanza.