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4 OPINIÓN DOMINGO 29 s 10 s 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Directores Adjuntos: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Sociedad, Cultura y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Nacional) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director general: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar HOGARES MUY ENDEUDADOS U ESPAÑA, BASE DEL ISLAMISMO L A implantación de organizaciones integristas musulmanas en España es constante y ha alcanzado ya un nivel que ha convertido el territorio español en una de las principales bases logísticas del fundamentalismo islámico en Europa. La predilección por España no se basa sólo en el recuerdo de Al- Andalus- -icono del irredentismo que propalan los doctrinarios de Al- Qaida- sino también en su proximidad al norte de África y en la generosa política de inmigración. Algunos de esos grupos son claramente terroristas, como el Grupo Salafista para la Predicación y el Combate, recientemente convocado por Al- Qaida para que atente en Francia, el Grupo Islámico Combatiente Marroquí y Takfir Wal Hijra Anatema y Exilio Otros se dedican a la captación y el adoctrinamiento de inmigrantes musulmanes, principalmente magrebíes, con finalidades también integristas, pero sin apelación a la violencia. Este es el caso de la organización radical Justicia y Espiritualidad la cual se ha instalado principalmente en la Comunidad de Murcia, desde donde dirige su actividad proselitista a los más de 50.000 musulmanes de la región. Su objetivo es promover una revuelta pacífica que derroque a la Monarquía alauí e instaure en Marruecos el califato, es decir, la autoridad suprema religiosa para toda la comunidad islámica (umma) que fue derogada en la segunda década del siglo XX por el régimen laico de Turquía. Justicia y Espiritualidad es una formación ilegal en Marruecos, pero tolerada y con un creciente apoyo popular que podría llevarla a ser la más votada en unas elecciones libres. La insatisfacción social con el régimen de Rabat y los servicios asistenciales, educativos y sanitarios que este grupo radical ofrece a la población marroquí (como Hamás en Palestina, la Hermandad Musulmana en Egipto o Hizbolá en Líbano) explican el respaldo a Justicia y Espiritualidad no descartándose que también se planteen esta acción humanitaria con la población musulmana que radica en las zonas donde se ha implantado. Trascendiendo el hecho de que este grupo no predica el uso de la violencia- -lo que supone una diferencia sustancial con otros que operan en suelo español y que se dedican, por ejemplo, a financiar el terrorismo islamista- la situación general de España como santuario del fundamentalismo musulmán es muy preocupante. Los llamamientos a evitar juicios genéricos sobre las poblaciones musulmanes radicadas en Europa están plenamente justificados, porque tales juicios acaban generando xenofobia. Pero lo contrario, es decir, negar la imbricación de grupos terroristas con grupos religiosos radicales y de éstos con amplios sectores de la inmigración musulmana, acaba produciendo indefensión e inseguridad para la sociedad en su conjunto. La experiencia y el conocimiento que ya se tienen sobre el funcionamiento de grupos islamistas que se presentan como organizaciones humanitarias y educativas demuestran que, o bien encubren aparatos de captación para el terrorismo integrista, o bien generan creyentes fanáticos dispuestos a enrolarse en Al- Qaida o en cualquiera de sus grupos franquiciados. Los atentados de Londres y Madrid probaron la facilidad con la que una doctrina radical sobre el islam puede empujar a un musulmán a utilizar la violencia. Desgraciadamente, no hay nada especulativo ni teórico en estos temores, fundados en datos tan objetivos como que la autoría de los atentados del 11- M o del 7- J corresponde a musulmanes que disfrutaban de las libertades y derechos de la sociedad a la que atacaron. Temores que comparten todos lo servicios de inteligencia internacionales occidentales, conocedores, igualmente, del papel estratégico que representa España para el terrorismo integrista mundial y que emplaza al Gobierno español a una tensión permanente de seguimiento y control de todos los grupos radicales que operen en nuestro territorio. CICLISMO PROVISIONAL L A decisión adoptada por la Federación Española de Ciclismo de archivar provisionalmente los expedientes abiertos a decenas de ciclistas por su implicación en la operación Puerto de lucha contra el dopaje, es fiel reflejo del guirigay por el que discurre un asunto que conmocionó al mundo del deporte y que ha dejado durante meses en dique seco a muchos deportistas cuya carrera no es de larga trayectoria y que, a estas alturas, posiblemente habrán sufrido ya un perjuicio de difícil reparación, sea cual sea el desenlace de sus casos. Una investigación de las Fuerzas de Seguridad sobre aparentes ilegalidades en los tratamientos médicos de ciclistas dio pie a una instrucción judicial- -de ámbito penal- -y a la detención de conocidas personalidades de ese deporte. Esto provocó, a su vez, que la Federación incoara expedientes disciplinarios y contribuyera a extender sobre los deportistas implicados una sombra de duda más propicia a la anticipación de una pena que al obligado respeto por la presunción de inocencia. Cuando la operación Puerto ya se había diluido en una perniciosa causa general contra el ciclismo profesional, la Federación presumía de que sería implacable y no habría favores para nadie. Algunos equipos, obligándose a sí mismos por haber suscrito el código ético de la UCI Pro Tour prohibieron a sus corredores implicados competir y, en algunos casos, hubo despidos inmediatos. Incluso el Gobierno, a través del secretario de Estado para el Deporte, pecó de precipitación y oportunismo al ufanarse de impulsar una política de tole- rancia cero cuando los expedientes apenas estaban recién incoados, cuando la instrucción judicial se encontraba en una fase muy incipiente y cuando los ciclistas- -culpables o inocentes, meses después aún se desconoce- -no habían gozado de una mínima oportunidad de defenderse. Deportiva y socialmente ya habían quedado marcados. Es indudable que cualquier praxis contraria a la legalidad, siempre que resulte suficientemente acreditada, merece sanciones proporcionales. Sus responsables, una vez declarados culpables, han de ser castigados, especialmente en un ámbito como el deporte, en cuya propia esencia reside la limpieza de la competición y cuyos protagonistas han de asumir, quieran o no, que sus comportamientos proyectan visibles efectos sobre la sociedad, dada su condición de ídolos o modelos imitables. Ahora, la Justicia ha comunicado a la Federación que la investigación penal no ha de servir como coartada para mantener abiertos unos expedientes que, aunque no de Derecho, sí de hecho, constituían un aval a la suspensión de los ciclistas. El mensaje del juez es que se les permita competir de nuevo mientras prosigue su instrucción, a la vista del daño que supone anticipar una pena social y deportiva a la estrictamente jurídica. De cualquier modo, los ciclistas yerran al apresurarse- -ya lo han hecho algunos- -a sacar pecho con soflamas victimistas y a reclamar indemnizaciones por los perjuicios sufridos. En efecto, aún no hay sentencia. Ni a su favor ni en su contra. Lamentablemente, todo en la operación Puerto sigue siendo provisional NA de las diferencias más notables de los hogares españoles respecto a la situación de una década atrás es la deuda que han ido asumiendo durante los últimos años, fundamentalmente de carácter hipotecario. La sensibilidad de esa deuda al razonable riesgo de una subida de tipos de interés- -variable que desde hace unos años se sitúa por debajo de la tasa de inflación- -es muy alta y representa una seria amenaza para el futuro de la economía española. Mientras el empleo aguante y los tipos de interés no se disparen, el riesgo de esa deuda parece aceptable, pero un cambio de coyuntura encendería las luces rojas de peligro hasta desencadenar un problema financiero con graves consecuencias para el conjunto de la economía. El gobernador del Banco de España, en su última comparecencia parlamentaria, con motivo del análisis de la Ley de Presupuestos para el 2007, ha tratado de quitarle importancia a ese endeudamiento, que crece por encima del 20 por ciento al año y, como excusa, ha destacado la baja morosidad hipotecaria y crediticia en general y el dato de que esa deuda se sustenta en activos reales, especialmente en viviendas. Quizá no le falte razón al gobernador, que, sin embargo, incurre en el peligro de alentar el espíritu de ciudad alegre y confiada sin prestar atención a la cautela y prudencia que deben acompañarle siempre, dadas sus responsabilidades. En los Estados Unidos, país cuya trayectoria inmobiliaria y crediticia es similar a la española, en los últimos días ha empezado a percibirse un cambio de tendencia en los precios inmobiliarios que inquieta a los analistas. Tanto las autoridades monetarias como los expertos financieros y económicos confían en un aterrizaje suave, en un enfriamiento progresivo de los precios inmobiliarios que empiece por un descenso en el ritmo del encarecimiento y siga por una fase posterior de estabilidad de precios. Pero los fenómenos sociales y económicos no suelen cursar con semejante armonía ni durante el ciclo alcista, ni en el bajista, especialmente en este último. El endeudamiento de los hogares españoles ha alcanzado cotas impensables hace sólo unos meses- -de las más elevadas de Europa- -y el riesgo que suponen los tipos de interés es cada vez más efectivo, sobre todo en una economía que no consigue ajustar su tasa de inflación al objetivo previsto por las autoridades monetarias. El mercado hipotecario español es eficiente y razonablemente flexible, pero ha estirado sus ofertas hasta el límite con herramientas como el alargamiento de plazos, las amortizaciones a la carta y unos márgenes muy estrechos; por ese motivo, poco cabe esperar, desde ese lado, como contribución a paliar los efectos de una crisis y de un cambio de tendencia que cogería con el paso cambiado a un país endeudado. El Gobierno ha tomado unas medidas de perfil bajo para reducir el coste hipotecario, una política que quizá sirva para animar el mercado, pero que apenas tendrá efecto en una situación crítica.