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4 OPINIÓN SÁBADO 28 s 10 s 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Directores Adjuntos: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Sociedad, Cultura y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Nacional) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director general: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar URBANISMO FUERA DE CONTROL S EL GOBIERNO, EN MANOS DE ETA L AS afirmaciones que hizo ayer José Luis Rodríguez Zapatero acerca de las consecuencias por el robo masivo de armas en Nimes (Francia) y, en concreto, del juicio al etarra De Juana Chaos, resumen toda la degradación política y ética del proceso de diálogo con ETA. Veinticuatro horas después de que Batasuna acusara a Zapatero de irresponsabilidad por advertir de que el robo de armas tendrá consecuencias Zapatero se ha encargado de dejar sin efecto sus palabras al anunciar que ni daría a conocer tales consecuencias (que es tanto como descartar que las haya) ni habrá novedades sobre el proceso en las próximas semanas (que es tanto como pasar el proceso a la clandestinidad) En suma, el rearme masivo de ETA va a quedar impune, con la excusa de que aún está pendiente la investigación del robo. ¿No habría desmentido ETA ser la autora si realmente no lo hubiera cometido? ¿No tendrían cuidado los terroristas de que su voluntad inequívoca de seguir con el proceso no quedara cuestionada por una acción delictiva ajena? Las dudas del Gobierno son nuevamente un ejercicio de confusión para justificar la dejación de funciones ante la evidente continuidad criminal de los terroristas. Zapatero no se priva de sumir su gestión al frente del proceso en declaraciones que lo atan con más fuerza a la discrecionalidad con la que ETA decida administrar el alto el fuego. Pero el presidente del Gobierno de España no debe ponerse nunca en manos de los terroristas ni buscar la disculpa de la opinión pública recordando que ETA lleva más de tres años sin víctimas mortales, porque tal argumento es, en puridad, un fraude histórico, pues, al menos hasta febrero de 2005- -cuando fue detenido un comando en Valencia que se disponía a colocar una bomba en el coche de un militar- los etarras no han asesinado porque no se les dejó. Que Zapatero utilice la pasada eficacia de la Policía y de la Guardia Civil para poner en valor el alto el fuego de ETA es indigno. Como también lo es que el presidente del Gobierno haya salido en defensa del etarra De Juana, a quien describió como favorable al proceso de paz de lo que dedujo, además, que era coherente que este asesino múltiple dije- ra ayer en la Audiencia Nacional que sus artículos en Gara no encerraban amenazas sino críticas. ¿Cuándo se ha visto que un presidente del Gobierno dé la cara por un terrorista recién juzgado? Zapatero no puede seguir mostrándose como un político sin rumbo y a la espera de que ETA tenga a bien emitir un comunicado que rescate a su Gobierno del desvarío en que se halla. Zapatero se debe a la dignidad de la institución que preside, a la Constitución que lo legitima y a las leyes de un Estado cuyo enemigo declarado es el terrorismo. Las declaraciones de Zapatero son tan inadmisibles como las que hizo a favor de Arnaldo Otegi, de quien ensalzó su discurso de paz cuando éste estaba en prisión. Asumir la exculpación de De Juana Chaos no sólo es una provocación a sus víctimas, sino también una presión al Tribunal que debe dictar sentencia e, incluso, una desautorización de la Fiscalía, que finalmente acusó a De Juana alternativamente como autor de un delito de terrorismo y enaltecimiento terrorista o de un delito de amenazas. Así se hace más patente la encomiable reacción del fiscal Jesús Alonso, quien tuvo el valor de sostener su criterio de legalidad frente a su superior inmediato y también- -sin saberlo- -frente a la impertinente valoración que después iba a hacer Zapatero. Y además queda más que justificada la oportuna y demoledora reacción de la Asociación de Fiscales a lo ocurrido en la Audiencia: No estamos dispuestos- -han avisado a Conde- Pumpido- -a seguir las indicaciones que nos parezcan ilegales o improcedentes jurídicamente Este proceso de negociación política con ETA no sólo alimenta cada vez con menos escrúpulos la perplejidad y la indignación de las víctimas, como pudo verse ayer tanto a las puertas de la Audiencia como en la sala de juicios, sino que incrementa de forma alarmante la crispación ciudadana, incluso con el renacimiento de brotes de extremismo que habían desaparecido hace años. El proceso está arrasando los principios del Estado democrático y de Derecho porque debía ser el certificado de defunción de ETA y no la oportunidad de los terroristas para escabullirse de una derrota incondicional que era ineludible. PARÍS ARDE DE NUEVO U N año después de los gravísimos incidentes que agitaron las barriadas de las grandes ciudades francesas, el Gobierno de París se enfrenta a un rebrote de los episodios violentos. Desgraciadamente, es necesario constatar que en este tiempo las autoridades no han hecho nada, o muy poco, para eliminar las causas de esta violencia y si algo han intentado, no ha tenido los efectos esperados. Por el contrario, los alborotadores parecen estos días más organizados que entonces y decididos a seguir usando expresiones intimidatorias de su descontento- -quemando autobuses ahora- -tal vez con menos intensidad, pero con mayor determinación. Algunos irresponsables llegaron a decir hace doce meses que quemar coches era una forma muy francesa de integrarse en la sociedad, teniendo en cuenta que una buena parte de los políticos actuales, principalmente de izquierda, provienen de los alborotos de mayo de 1968. Al final, como las compañías de seguros se hicieron cargo de los destrozos, nadie pidió cuentas a nadie pensando que se trataba de un episodio a olvidar. Ahora hay que lamentar que la violencia haya vuelto a hacer su aparición, como entonces, en los escenarios donde se ha puesto a prueba la capacidad de integración de la sociedad francesa. Las encuestas dan a entender que el ministro del Interior, Nicolas Sarkozy, candidato a la Presidencia el año que viene, ha gestionado hasta ahora muy bien la parte del problema que incumbe a sus responsabilidades, pero debería evitar dar la impresión de que se trata de un asunto personal entre él y los gamberros. No sólo porque la represión no puede ser en este caso la única respuesta a un problema que tiene múltiples ramificaciones, sino porque si un día es- -como se espera- -llamado a ejercer la Presidencia del país, ello podría crear una brecha aún mayor entre los alborotadores y las instituciones republicanas. Problemas de integración, incomunicación con la policía, fracaso escolar y una frustración permanente ante una estructura económica cada vez más competitiva son algunas de las causas que se han citado para explicar lo que impulsa a los incendiarios, pero ninguna de ellas puede justificar el uso de la violencia. El Gobierno francés tiene ante sí un desafío de dimensiones colosales porque una política mal calculada puede acabar enquistando a estos jóvenes en la violencia. Y, peor aún, lo que hoy pasa en Francia puede tener efectos de mimetismo en otros países europeos, como ya ha sucedido en Bélgica, y convertirse en un pernicioso fenómeno continental. IGUE creciendo el número de agujeros negros en materia urbanística. A partir del macroescándalo de Marbella, que obligó a la disolución de la Corporación local, las alarmas saltan por todas partes. El caso Ciempozuelos sigue coleando sin quesehayan aclaradotampoco susderivaciones relativas al líquido inflamable encontradoen elvehículodeFranciscoGranados. Surgen nuevas denuncias en Cuevas (Málaga) Garrucha (Almería) en Hellín (Albacete) o en Candeleda (Salamanca) A su vez, la Comunidad de Murcia paraliza un gran proyecto urbanístico en el Mar Menor, en cuya promoción aparece el nombre de Juan Antonio Roca, cerebro de la trama en Marbella. La proximidad de las elecciones municipales hace prever que las denuncias se intensifiquen. Y en este contexto será imprescindible distinguir entre indicios serios y bien documentados frente a meras sospechas infundadas, basadas en la técnica del ventilador y en el viejo truco de devolver al adversario golpe por golpe. En más de una ocasión, el PSOE parece haber optado por esta segunda fórmula, que entraña el riesgo de producir un efecto bumerán, ya que los ciudadanos no están dispuestos a admitir imputaciones genéricas. A día de hoy, la vivienda es el problema principal para los jóvenes españoles. El precio del suelo y la especulación urbanística se convierten en una auténtica losa para quienes pretenden organizar su vida con independencia respecto del hogar familiar. La convocatoria de manifestaciones en favor de una vivienda digna (derecho reconocido nominalmente por el artículo 47 de la Constitución) podría reunir a gentes de muy diversa condición, dispuestas a proclamar su indignación ante un problema para el que no se ofrecen vías de solución. Recuperar el Ministerio de la Vivienda ha resultado ser una apuesta fallida de Rodríguez Zapatero. Era, en rigor, un fracaso anunciado ya que se trataba de elevar a rango ministerial una simple dirección general, más que suficiente para gestionar las limitadas competencias estatales en la materia. La ministra Trujillo dedica ahora sus esfuerzos a impulsar una nueva ley del suelo (remitida ya al Congreso) objetivo sin duda mejor orientado que las erráticas medidas y las declaraciones peregrinas que prodigó en la primera parte de la legislatura. En todo caso, poco se puede esperar del Gobierno en este terreno. La economía del ladrillo y la mezcla de intereses públicos y privados campan por sus respetos en algunos municipios españoles, mientras la opinión pública exige transparencia y actuaciones eficaces. El urbanismo y la vivienda son elementos esenciales en nuestra sociedad. Si algunos municipios no son capaces de poner orden, será preciso estudiar una reordenación de las competencias, bien para reforzar los poderes de control de las administraciones superiores, bien para dotar a los ayuntamientos de medios técnicos adecuados. Pero lo principal es que los partidos sepan velar (de hecho y no sólo de palabra) por que las listas electorales estén integradas por personas dispuestas a servir al interés general.