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ABC MIÉRCOLES 25 s 10 s 2006 La corrupción urbanística ESPAÑA 19 El Senado decidirá sobre la pérdida de inmunidad de un senador del PSOE Peña Linares, acusado de delito ecológico, es candidato en Roquetas de Mar, a pesar de que Blanco ha asegurado que eliminará de las listas a los sospechosos de irregularidades PALOMA CERVILLA MADRID. El anuncio realizado por el secretario general del PSOE, José Blanco, de eliminar de sus listas electorales a los cargos públicos implicados en actividades irregulares podría afectar al senador socialista por Almería y candidato a la alcaldía de Roquetas de Mar, Juan Miguel Peña Linares, acusado de delito ecológico y desobediencia en la querella presentada en 2003 por Ecologistas en Acción ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería. Los hechos afectan a 39 propietarios de unas 400 hectáreas de terreno- -de las que el senador era propietario de 4,6- a los que se les imputan ilegalidades como la destrucción de hábitats, desmontes, roturaciones, explanaciones y construcción de invernaderos ilegales en Lugares de Interés Comunitario (LIC) especialmente protegidos. El senador construyó un almacén sin licencia. Estos terrenos están situados en un corredor ecológico que une el Parque Cabo de Gata con el Paraje Natural Sierra Alhamilla. las partes el pasado 5 de septiembre que había cursado esta petición, por lo que están a la espera de lo que decida la Cámara alta, que no tiene plazo fijo para pronunciarse. La situación del senador socialista se agrava ya que, con anterioridad a esta querellla, fue condenado como autor de un delito de falta cuando era miembro de un colectivo que protagonizó una serie de incidentes con la entrada por la fuerza en la sede de una Comunidad de Regantes de la zona. El senador reconoció en su día que adquirió estos terrenos, pero que los vendió cuando comprobó que no eran rústicos, como creí cuando los compré Ecologistas en Acción asegura que los compró a 6.000 euros la hectárea y lo vendió a 600.000, como figura en el registro, pero el senador afirmó que esta operación de venta no le reportó ningún beneficio económico. A raíz de las acusaciones del colectivo ecologista, el senador anunció la interposición de una querella para restituir mi honor y el de mi familia, habida cuenta de que estoy siendo víctima de una persecución de índole personal argumentando que los ataques obedecen al apoyo que como militante de COAG presté en su momento Sin embargo, esta querella no se interpuso nunca lo que, a juicio de Ecologistas en Acción, ratifica que sus denuncias eran ciertas. Recalificaciones El senador Peña Linares compartía propiedad en estos terrenos con un dirigente de la COAG que llegó a pedir a la Consejería de Medio Ambiente la recalificación de los terrenos forestales, en nombre de todo el colectivo de propietarios. La citada Consejería emitió un informe medioambiental favorable. Según Ecologistas en Acción, la primera empresa propietaria de los terrenos los vendió al no conseguir de la Junta el cambio de uso de forestal a rústico. Compró unos terrenos a 6.000 euros la hectárea y los vendió a 600.000, según los ecologistas Faltar a la verdad Además, los ecologistas afirman que tanto el senador como el resto de propietarios desobedecieron la orden del Seprona (el servicio de vigilancia medioambiental de la Junta de Andalucía) que le instaba a paralizar los desmontes. Los ecologistas le acusan también de faltar a la verdad en el Registro de Actividades del Senado, ya que el 20 de octubre de 2004 presentó un escrito en el que comunicaba que a partir de mi incorporación como senador del Grupo Parlamentario Socialista cesé en todas mis actividades privadas que hasta ese momento venía realizando Sin embargo, tres días después, el 23 de octubre, siempre según la versión de los ecologistas, Peña Linares envió una nota de prensa donde reconocía que actualmente compagino mi actividad política con la explotación de una pequeña finca familiar ubicada en Roquetas de Mar En la actualidad, el juzgado que instruye el caso está a la espera de que el Senado se pronuncie sobre la situación del senador, ya que ostenta la condición de aforado, y el caso tendría que pasar al Tribunal Supremo. El juzgado comunicó a El Parque Natural Cabo de Gata- Níjar se ha convertido en un foco de irregularidades urbanísticas ABC Andorra comunicó al Banco de España el caso de Ciempozuelos el 27 de septiembre JOAN CARLES VALERO ANDORRA. El Banco de España conocía desde el 27 de septiembre que los dos ex alcaldes de Ciempozuelos intentaron abrir una cuenta cifrada en un banco de Andorra para depositar 1 millón de euros, según ha confirmado el ministro de Finanzas del pequeño país de los Pirineos, Ferran Mirapeix. Andbanc exigió a los políticos que demostraran el origen del dinero que iban a depositar. Los ex alcaldes enviaron el 18 de abrilsu contrato con la inmobiliaria Esprode desde el domicilio del ex regidor Pedro Torrejón. Andbanc trasladó la documentación de Tejeiro y Torrejón a la Unidad de Prevención del Blanqueo (UPB) que el Gobierno andorrano creó en 2001 para combatir la entrada de dinero de origen ilícito. Es la primera ocasión que un banco andorrano destapa una operación de presunta corrupción política. La unidad de lucha contra el blanqueo que dirige Jordi Pons estudió el caso de los ex alcaldes y el pasado 27 de septiembre se lo comunicó oficialmente al organismo homónimo español, la Comisión de Prevención de Blanqueo de Ca- pitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) El Sepblac está formado por 43 miembros del Banco de España, 5 de la Agencia Tributaria, 24 del Cuerpo Nacional de Policía y 5 de la Guardia Civil. El jefe del Gobierno andorrano, el liberal Albert Pintat, se entrevistará el próximo martes en Madrid con el vicepresidente y ministro de Economía español, Pedro Solbes, para explicarle su plan de cambio de modelo económico del país, paso previo para que deje de ser considerado un paraíso fiscal.