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4 OPINIÓN MIÉRCOLES 25 s 10 s 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Directores Adjuntos: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Sociedad, Cultura y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Nacional) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director general: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar FRANCIA, UN AÑO DESPUÉS DEL VANDALISMO H TREGUA CON PISTOLAS L A confirmación por la Policía francesa de que la banda terrorista ETA es la autora del robo de trescientas cincuenta pistolas y revólveres en una fábrica de Nimes supone la desautorización absoluta de quienes se empeñan en presentar el proceso de diálogo con los terroristas como un proceso de paz ETA ha vuelto a demostrar que su tregua no es una oportunidad para el cese incondicional de la violencia, y menos aún para su disolución y desarme: esta tregua sigue siendo para ETA un recurso estratégico de su lucha armada, que se activa o desactiva en función de criterios de oportunidad táctica y, fundamentalmente, para aprovechar tanto las contradicciones y fisuras que presenta la falta de unidad entre los partidos políticos como la confusión que siembran los partidos nacionalistas en la mixtificación del logro de la paz con aspiraciones soberanistas, para las que la violencia terrorista actúa como coartada frente al Estado. ETA se rearma porque esta tregua no va a suponer su desaparición. Por el contrario, el Gobierno de Rodríguez Zapatero ha acostumbrado a la banda terrorista a no tener que sufrir las consecuencias de la violencia callejera, de la extorsión o de las amenazas. El diálogo con los terroristas no ha sido cancelado pese a que han reiterado que la tregua es reversible y que no abandonan la lucha armada; pese a que han mostrado su voluntad inequívoca de seguir siendo una amenaza para la democracia española si no alcanzan, uno a uno, todos sus objetivos tradicionales, como la autodeterminación y la territorialidad. Los terroristas no encuentran en la marcha de este proceso de negociación ninguna razón para cambiar de planteamiento: les va bien y tienen la certeza de que, hagan lo que hagan, el Gobierno no va a cerrar el diálogo, porque se ha metido en un laberinto donde la evitación del fracaso personal de Rodríguez Zapatero urge tanto como llegar a un acuerdo con los terroristas. El problema es que cada día resulta más evidente que con ETA no hay acuerdo posible que una democracia sana y con autoestima pueda aceptar. Es más, ETA ha vuelto a acreditar que su relación con el Estado sólo se desenvuelve legítimamente en las salas de los tribunales de Justicia, con la aplicación de la legalidad que tan eficaz resultó en los últimos años para reducirla a un estado de inoperancia del que no debería salir aprovechando esta tregua. Por su parte, Europa debe tomar buena nota de lo que sucedió ayer en Nimes, porque lo que ocurrió es un acto de terrorismo en suelo francés, a cargo de una banda terrorista que está rearmándose y que no ha renunciado a la violencia. Es más, de cara al impertinente e inoportuno debate de hoy en el Parlamento europeo, los grupos políticos de esta Cámara deberían tener muy presente que la Audiencia Nacional ratificó también ayer mismo los procesamientos contra algunos de los interlocutores preferentes del Gobierno, tales como Arnaldo Otegi, al que la Justicia española imputa el delito de pertenecer a la banda terrorista que robó las pistolas y los revólveres en Nimes. Este debate de hoy en el Parlamento europeo es uno de las más graves errores cometidos por el Gobierno en la gestión política de la tregua de ETA, porque traslada a Europa una visión ficticia de la realidad de esta organización terrorista. No es cierto que este debate sirva para advertir a ETA de que Europa se volverá en su contra si vuelve a atentar. Europa ya estaba en contra de ETA, y por eso la tenía incluida en la lista de organizaciones terroristas, junto a Batasuna y demás satélites de los etarras. Este debate pone en grave peligro una histórica conquista del Estado y de la sociedad españoles, la de la opinión pública europea sobre el carácter exclusivamente criminal de ETA. El Gobierno está errando gravemente en la apreciación sobre ETA. Ha consentido que el alto el fuego sea ese recurso estratégico de los terroristas, y no la bandera blanca de su rendición. Celebra como buena noticia para el proceso el hecho de que los terroristas estén gestionando con éxito la tregua en su propio beneficio. Y ETA sigue. DE CIEMPOZUELOS A VALDEMORO S E complica día a día el caso Ciempozuelos La Guardia Civil ha encontrado restos de líquido inflamable en el vehículo de Francisco Granados y la Delegación del Gobierno ha puesto protección al consejero autonómico y secretario general del PP madrileño. Existe una lógica inquietud en las filas populares ante la posibilidad de que se trate de una acción intimidatoria que pudo haber desembocado en una tragedia y que obligó a desalojar a docenas de vecinos, forzados a pasar la noche fuera de sus domicilios. Por otra parte, un juzgado de instrucción de Valdemoro ha abierto diligencias contra los ex alcaldes socialistas de Ciempozuelos, ordenando a la Fiscalía Anticorrupción y a la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía que le den traslado de las investigaciones desarrolladas hasta el momento. Se trata, por cierto, del mismo juzgado encargado de instruir diligencias respecto del incendio previsiblemente provocado en el coche de Granados. Mientras tanto, Rafael Simancas asegura que se enteró de todo a través de ABC, y el PSOE, por medio de José Blanco, promete que hará limpieza en las listas electorales de todos aquellos candidatos sobre los que recaiga una sospecha concerniente a delitos urbanísticos. Si lo hubiera hecho hace tiempo, la Federación Socialista Madrileña y algunas otras se hubieran ahorrado muchos disgustos. En cuanto al aspecto sustantivo de la investigación, es llamativo el dato de que la información sobre la cuenta corriente afectada fue transmitida desde Andorra con tiempo más que suficiente para que se hayan tomado medidas al respecto. Es evidente la urgencia de que los socialistas aclaren sin dar lugar a dudas qué sabían, cuándo lo supieron y cuál era la fuente de información. Si su secretario general en Madrid no sabe nada, ha pecado de ingenuo o se ha quedado en fuera de juego. Lo cierto es que los indicios racionales de corrupción empiezan a ser algo más que una sospecha. Una cosa son las responsabilidades penales, que deberán sustanciarse con todas las garantías procesales propias del Estado de Derecho, y otra la decisión política de denunciar a los implicados, expulsarlos de sus cargos- -ya sea en las administraciones o en el partido- -y reconocer ante la opinión pública que las cosas se han hecho mal. En democracia, como es lógico, son los ciudadanos los llamados a sacar las consecuencias oportunas, pero no es difícil adivinar que la corrupción urbanística pasará factura en las próximas elecciones municipales y autonómicas. ACE un año, la periferia de París era un caos. La noticia de que dos adolescentes habían muerto electrocutados cuando huían de la Policía en un municipio de los suburbios de la capital hizo saltar la chispa de un incendio que sobrecogió Francia. De repente, la sociedad gala se vio atrapada por un temporal de violencia que se propagó vertiginosamente por casi todas las grandes ciudades: durante un mes, los suburbios de París fueron asolados por el vandalismo de bandas de jóvenes sin escolarizar, en su mayoría hijos y nietos de inmigrantes de origen africano y musulmán. De este modo, décadas de políticas de inmigración basadas en el rígido republicanismo laicista heredado de finales del siglo XIX demostraron toda su inutilidad, al tiempo que la autocomplaciente V República tuvo que asistir al lamentable espectáculo de ver revueltas callejeras que eran inéditas desde la guerra de Argelia o las algaradas de Mayo del 68. La magnitud del estallido de violencia lo demuestra el balance final de los incidentes: decenas de miles de coches calcinados e infinidad de ataques contra la propiedad, más de 7.000 detenidos y varios cientos de heridos entre alborotadores, agentes de Policías y bomberos. Un año después, la sombra de los disturbios sigue proyectándose sobre un presente repleto de inquietudes. Lo evidencia el hecho de que la sociedad francesa afronta el aniversario con el corazón en un puño. En las últimas semanas se han multiplicado los incidentes entre las bandas juveniles y la Policía, y un creciente clima de inseguridad se adueña de muchos de los suburbios parisinos debido a la proliferación de pintadas y mensajes de móviles incitando a las revueltas callejeras. No cabe duda de que los focos de vandalismo siguen latentes y, con ellos, la sensación de que en cualquier momento los disturbios pueden reactivarse. En ello influyen dos datos principalmente. El primero es el horizonte de las inminentes elecciones presidenciales y la tentación de emplear la seguridad ciudadana como un arma arrojadiza entre los candidatos. En este sentido, es indudable que el rival a batir- -tanto a derecha como izquierda- -es, sin duda, la ascendente figura de Nicolas Sarkozy, ministro del Interior y principal responsable de la gestión de la crisis de seguridad que Francia vivió hace ahora un año. Pero a este dato hay que añadir otro, quizá más relevante aún: que a lo largo de estos meses no se ha adoptado ni una sola medida que, más allá de la pura y simple represión policial, haya tratado de atajar el trasfondo de resentimiento antisocial que alimenta el clima de violencia en el que están sumergidos los jóvenes que protagonizaron los incidentes de hace un año. Probablemente, si alguien tuviera en Francia el valor de preguntarse sobre las causas que han hecho posible que los nietos de la inmigración de los años cincuenta y sesenta vivan una rebeldía antisistema tan radical, a buen seguro que estaría muy cerca de encontrar definitivamente la solución al problema.