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4 OPINIÓN MARTES 24 s 10 s 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Directores Adjuntos: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Sociedad, Cultura y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego, Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Nacional) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director general: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar LAS LECCIONES DE UN GRAN CONTRATO L esperpéntico desenlace del famoso supercontrato de venta de aviones militares a Venezuela es el más claro ejemplo de cómo núnca debió ser gestionado un asunto de este tipo por parte del Gobierno español. Todos los elementos en juego- -desde el prestigio exterior de España como socio comercial, los intereses de la compañía de construcciones aeronáuticas CASA, y hasta los de Venezuela- -han salido perjudicados a causa de una decisión irreflexiva y en la que sólo se tuvieron en cuenta puntos de vista apasionados que se basaban en visiones y estrategias a muy corto plazo. El vicepresidente venezolano Carlos Rangel ha tenido la descortesía de atribuir la decisión de anular el polémico contrato a las limitaciones de la soberanía española en un intento de señalar en este caso el criterio de Estados Unidos, cuya Administración siempre mostró su oposición a que se llevara a cabo la operación con el gobierno de Caracas. No se equivoca Rangel al hablar de limitaciones a la capacidad de acción de España, pero éstas no vienen de las obligaciones contractuales contraídas con anterioridad por parte de CASA, sino, precisamente, de la desastrosa gestión por parte de la diplomacia española, que se ha enmarañado innecesariamente en un camino que sabía de antemano que estaba lleno de trampas y dificultades. Cuando el ministro Miguel Ángel Moratinos escogió cambiar la política hacia Cuba o hacia Venezuela, era consciente de que entraba en una zona en la que cada gesto supondría un malabarismo para mantener al mismo tiempo otros intereses de España en el mundo. Al apostar después y de forma decidida por el boliviano Evo Morales, el Gobierno ya debía ser consciente de los compromisos implícitos que significaba esta opción para el resto de la política exterior, y ello no fue óbice para que la mantuviera activamente, a pesar de las múltiples advertencias que se le hicieron desde instancias de toda orientación. Pasado el tiempo y en estas circunstancias, España ha tenido que elegir entre apoyar o no al candidato de Venezuela en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y entonces cabía preguntarse de dónde procedían y quién había urdido las limitaciones que estaban pesando sobre la capacidad de decisión de España. Todo parece indicar que finalmente, al menos en algunos aspectos, la orientación exterior podría estar recuperando cierto grado de serenidad, y que ello ha empezado a tener consecuencias favorables en las operaciones comerciales de CASA. Naturalmente, el interés económico más inmediato tampoco debería ser el único motor que guíe la acción exterior de nuestro país, pero es un factor que no puede ser ignorado, como tampoco se puede pasar por alto el simple sentido común, como ha sucedido demasiado frecuentemente hasta ahora en este campo. E ETA, EN LA ESCENA EUROPEA A celebración, mañana, en el Parlamento europeo de un debate sobre el proceso de negociación política entre el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y la banda terrorista ETA no se deberá a una iniciativa propia de los eurodiputados socialistas, sino a la decisión estratégica del Ejecutivo de Madrid de internacionalizar el conflicto vasco El pleno de la Cámara europea deberá pronunciarse sólo dos días después de que la sala del Tribunal Supremo encargada de la ejecución de la sentencia de ilegalización de Batasuna ordenara, ayer, la entrada en las herriko tabernas para inventariar sus locales y enseres, al considerar que existen indicios que las vinculan con la formación proetarra. Es decir, que mientras Europa se dispone a debatir sobre el proceso el Supremo recuerda que Batasuna sigue siendo ilegal. Según una información exclusiva que hoy publica ABC, previamente a la exportación a Estrasburgo del diálogo con ETA, el Gobierno encomendó a Javier Solana, alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior y de Seguridad Común, la captación de un grupo de expertos con prestigio internacional, aunque con escasa proyección pública, para que actuaran como mediadores con la banda terrorista y cooperaran en la implicación de otros gobiernos europeos, lo que se habría conseguido en el caso de Gran Bretaña, Francia, Suecia, Noruega, Holanda e Italia. La mayoría de estos expertos son de nacionalidad extranjera y alguno ha participado en actos de mediación entre el Gobierno turco y la comunidad kurda. Su anonimato se guarda con sumo celo, porque se considera imprescindible para la continuidad de su participación. La internacionalización del proceso de diálogo con ETA se configuraría así como una segunda fase del plan diseñado por Rodríguez Zapatero, una vez culminada la primera fase, que habría tenido como contenido las negociaciones previas, durante los últimos años, entre dirigentes del socialismo vasco (como Jesús Eguiguren) y de L la ilegalizada Batasuna (como Arnaldo Otegi) de las que resultó la declaración de alto el fuego permanente hecha pública por los etarras el 22 de marzo pasado. En este sentido, el aval que mañana podría prestar el Parlamento de la Unión Europea al proceso de negociación política con ETA actuaría como impulsor de una nueva declaración de la banda terrorista, en términos no precisados, pero que serían suficientes para que, a su vez, el presidente del Gobierno realizara una comparecencia pública para anunciar nuevos compromisos. Por tanto, la inmersión del proceso de negociación con ETA en la política europea responde a un plan predeterminado del Gobierno, con el que se pretende obtener de los terroristas un afianzamiento del alto el fuego que ahora es permanente, pero no definitivo. Este tránsito del proceso de diálogo con ETA al escenario internacional cuenta con la oposición del PP y de las víctimas del terrorismo, que lo consideran como un éxito estratégico sin precedentes de la banda terrorista. Y así ha sido recibida en la izquierda proetarra y sus medios afines la celebración del debate en el Parlamento europeo, en la medida en que el terrorismo de ETA ha pasado de ser tratado por la Unión Europea como una actividad criminal señalada en la lista de organizaciones terroristas a un conflicto entre dos partes- -ETA y el Estado- -a las que se emplaza a negociar para resolver las causas de la violencia. En sus pronunciamientos, los medios proetarras consideran que, con este debate, Europa acepta que en el País Vasco hay un conflicto político que la violencia de ETA es fruto de ese conflicto y que el problema enfrenta a dos sujetos políticos, que serían el Estado y el pueblo vasco. Satisfacción de la izquierda abertzale que es tanto mayor cuanto este nuevo paso en el proceso no ha supuesto de los terroristas una renuncia previa a las armas, ni una declaración de cese definitivo de la violencia, ni una petición de perdón a las víctimas. Los terroristas pisan las tablas internacionales. Están donde querían. PACTAR CUANDO CONVIENE L A última ocurrencia del Partido Socialista ante la avalancha de escándalos urbanísticos es proponer al PP un pacto de Estado contra la corrupción. El caso Ciempozuelos -cuyos detalles ha desvelado ABC- -es la gota que colma el vaso de una opinión pública que vuelve la vista atrás y recuerda los peores tiempos de la última legislatura de Felipe González. Poner el ventilador en marcha, como pretende el PSOE, es una estrategia llamada al fracaso, porque las acusaciones sin prueba contra responsables populares no son comparables a los casos patentes de irregularidades imputables a ediles socialistas. No existe, pues, tal corrupción generalizada sino personas y hechos concretos que deben ser investigados hasta el más mínimo detalle. Es tiempo de que actúe la Fiscalía y, cuando proceda, el Poder Judicial, ya que se trata de presuntos hechos delictivos y no de sospechas abstractas. Por ello, los ciudadanos no aceptan imputaciones genéricas, sino que exigen la asunción de responsabilidades en el plano jurídico y político. Las leyes están para ser cumplidas, y no para lanzar cortinas de humo o maniobras de distracción. De ahí que, con toda lógica, Mariano Rajoy acuse a los socialistas de crear primero los líos y reclamar después un pacto, algo similar a lo que ocurre en materia de inmigración. Es muy significativa la postura del Ejecutivo a la hora de buscar el consenso con la oposición. Ante todo, promueve una política de aislamiento, unas veces formalizada (como en el pacto del Tinell) y otras practicando día a día en el Congreso de los Diputados la táctica de todos contra el PP Además, lleva a la ruptura material el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, de modo que quiebra la voluntad común en el asunto más grave que afecta a nuestro sistema democrático. En cambio, cuando se encuentra en problemas, Zapatero invita al pacto a los populares y, si recibe una negativa razonable, les acusa de practicar una oposición irresponsable. La maniobra se ha repetido tantas veces que ya no engaña a nadie. En el caso del Urbanismo, la tramitación en las Cámaras de un proyecto de ley del Suelo (elaborado por el ineficaz Ministerio de la Vivienda) sirve de pretexto para ofrecer un acuerdo que apunta incluso a recuperar competencias para el Estado, lo que obligaría a forzar la jurisprudencia del TC, muy criticada por la doctrina jurídica, que otorga a las comunidades autónomas una especie de monopolio sobre las competencias urbanísticas. Más valdría, por tanto, cumplir los pactos de Estado que siguen formalmente en vigor (sobre todo, el relativo a la lucha contra el terrorismo) y dejarse de propuestas que sólo buscan beneficiar a un Gobierno en apuros.