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4 Opinión DOMINGO 22 10 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Sociedad, Cultura y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Nacional) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar EL ISLAM EN LAS ESCUELAS ESPAÑOLAS A presencia del islam es una realidad en las sociedades occidentales, incluida la española. Entre nosotros, el número de musulmanes se calcula entre 800.000 y un millón. Esta realidad se hace ya patente en las escuelas, como recoge el reportaje que hoy publica ABC. Conviene no cerrar los ojos ante los problemas que se plantean en la convivencia cotidiana, desde la necesidad de preparar comidas especiales a la cuestión del velo, que ha generado en otros países un fuerte debate social. Es muy significativo que las niñas más pequeñas sean las más radicales en este terreno y que su postura sea especialmente intransigente cuando regresan de sus países de origen después del verano. Estos comportamientos obedecen sin duda a la presión social que recae sobre ellas en determinados ambientes. Lo cierto es que España debe tomar buena nota del fracaso de otros países en el tema de la integración, ya sea la fórmula del multiculturalismo británico o la asimilación fallida en torno a los valores republicanos en el caso de Francia. Lo inteligente es aprender de la experiencia ajena para plantear una política realista que busque el adecuado equilibrio entre los deberes y los derechos de los inmigrantes. Nadie pone en cuestión la libertad religiosa, que figura entre los derechos fundamentales y libertades públicas de máximo rango de acuerdo con el artículo 16 de la Constitución. Sin embargo, la propia Norma Fundamental determina que los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española a la hora de establecer prioridades en materia de cooperación, distinguiendo expresamente entre la Iglesia católica y las demás confesiones. De ahí que resulte inaceptable en términos jurídicos situar en el mismo plano el debate sobre el islam con la presencia del crucifico en las escuelas públicas. Hay también otros argumentos concluyentes. El velo conlleva la expresión externa de la diferencia entre el varón y la mujer, que resulta discriminatoria de acuerdo con los valores democráticos, incluso si se utiliza con un consentimiento que puede deberse a factores ambientales o sociales. Por el contrario, la cruz expresa universalmente la fe en el mensaje de Cristo, sin diferencia alguna por razón de raza, sexo o de cualquier otra condición personal. El arraigo de la religión católica en España es incomparable con el de cualquier otra confesión, por razones históricas, sociológicas y culturales. En este sentido, no es lícito interpretar la Constitución cuando proclama la separación entre la Iglesia y el Estado con un enfoque laicista que promueve la supresión de signos religiosos o los reduce al ámbito estrictamente privado. Ni la ley ni la realidad social permiten una versión española del caso de la azafata británica. Todavía tiene menos sentido ese planteamiento si se combina la comprensión buenista hacia las facetas antiigualitarias del islam con la rigidez dogmática en contra de los signos de la identidad cristiana. L PAROT NO ES NEGOCIABLE A posibilidad de que el etarra Henri Parot- -terrorista contumaz, que no se ha arrepentido, ni ha pedido perdón- -hubiera abandonado la cárcel tras haber cumplido sólo una pequeña parte de las condenas que le impuso la Audiencia Nacional por sus brutales crímenes hizo removerse a la opinión pública y motivó una nueva interpretación de las normas penales que regulan la aplicación de los beneficios penitenciarios y de la acumulación de condenas. En febrero de este año, la Sala Segunda del Tribunal Supremo decidió que tales beneficios se aplicarían sobre cada una de las condenas impuestas a Henri Parot, de forma sucesiva y empezando por la más grave, lo que garantizaba el cumplimiento efectivo del máximo tiempo de estancia en prisión, que es de treinta años. Aunque la decisión del TS corregía en parte una resolución anterior de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, lo cierto es que Parot no consiguió ante ninguno de estos tribunales que primero se le acumularan todas las condenas hasta un máximo de treinta años y, luego, que sobre este plazo se calcularan los beneficios penitenciarios previstos por el Código Penal de 1973. De haber prosperado su pretensión, Parot habría sido puesto en libertad en 2009. Afortunadamente, al asesino no le salieron sus cuentas y no pisará la calle antes de 2020. Y aún le espera otro juicio por integración en ETA, del que puede resultar una prolongación de su encarcelamiento. Esta doctrina ha sido aplicada a otros etarras, como Domingo Troitiño y José Antonio López Ruiz Kubati y no saldrán de la cárcel este año, como tenían previsto. Así, dicho de forma clara, se hace justicia de la mejor manera posible, con la ley en la mano y con un argumento imbatible, como fue el que utilizaron la Audiencia Nacional y el TS: no pueden recibir el mismo trato penal quien mata a una persona que quien asesina a varias. El espacio natural del terrorista es la prisión. Otra cosa es L que esta interpretación judicial sobre la acumulación de condenas y los beneficios penitenciarios se convierta en un obstáculo para la negociación entre el Gobierno y ETA, particularmente en la excarcelación de etarras como contrapartida al cese de la violencia. Ahora bien, el problema será de quien haya asumido ante los terroristas compromisos que escapan de las manos del Gobierno porque pertenecen estrictamente al ámbito de la justicia y de la legalidad penales. El imperio de la ley y la independencia judicial son garantías del ciudadano frente a los poderes políticos precisamente para que no hagan uso arbitrario del Derecho y utilicen el ordenamiento jurídico como un arma arrojadiza contra sí mismo. Por eso, el caso Parot marca unos límites infranqueables de la actuación política del Gobierno en la gestión del proceso de diálogo con ETA si sobre la mesa de esta negociación se pretende especular con la exoneración de las responsabilidades penales de los terroristas y de sus cómplices políticos. Simplemente hay cosas que ningún Gobierno puede hacer sin asumir el coste que merecen ¿se atreverá alguien a indultar a Txapote aunque el de Rodríguez Zapatero emplee a fondo el Ministerio Fiscal para ir abriendo brechas por las que se cuele la realidad social esa coartada para rebajar la presión judicial contra el entramado batasuno. Los delitos se castigan y las condenas deben cumplirse. Que no se cumplan estos imperativos del Estado de Derecho equivale a su declaración de inexistencia y, en lo que supone de cesión a ETA, la impunidad de sus crímenes. El consenso de la sociedad y de la clase política (como se recogía en el Pacto Antiterrorista) se fraguó en torno a la convicción de que el fin de la violencia estaba más cerca cuanto más intensa fuera la aplicación de la Ley. En definitiva, cuantos más etarras hubiera en prisión, no en la calle. Por eso, Parot y todos los que son como él no son negociables. ¿DÓNDE ESTÁ EL DINERO? L escándalo de corrupción urbanística en la localidad madrileña de Ciempozuelos, destapado por ABC, presenta incógnitas que van mucho más allá del acuerdo alcanzado por el ex alcalde socialista Joaquín Tejeiro con la empresa Esprode para la recalificación de unos terrenos a cambio de unas comisiones cifradas en 40 millones de euros (6.665 millones de las antiguas pesetas) Estamos ante un asunto, turbio en las formas y negro en el fondo, en el que urge una explicación convincente a un interrogante aún no despejado. ¿Dónde está el dinero? Esa es la pregunta, todavía sin respuesta, que necesita ser aclarada. Ya sabemos que el secretario general de la FSM, Rafael Simancas, instó la dimisión del hasta ahora regidor del municipio, Pedro Torrejón, después de comprobar que sus explicaciones eran en absoluto convincentes. Pero Simancas, como máximo responsable de los socialistas madrileños, debe ir más allá y disipar las espesas sombras de duda que se ciernen sobre una operación urbanística de la que principalmente conocemos los términos de un acuerdo bochornoso que afecta gravemente a la credibilidad del PSOE, aunque sólo fuera por su incapacidad para controlar los movimientos de dos alcaldes socialistas que, tras el pelotazo urbanístico, se fueron a Andorra a abrir una cuenta millonaria que ofrece múltiples incógnitas. Sabemos que ingresaron un millón de euros y sabemos que esa cantidad ha sido ahora retirada, pero no sabemos si por orden de los titulares de esas E cuentas (Tejeiro y Torrejón) o por personas mandatarias o interpuestas en un caso que, a medida que pasa el tiempo, se vuelve más opaco. Sabemos igualmente que la Unidad Central de Información de Andorra comunicó al Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capitales del Banco de España la existencia de esas cuentas sospechosas, pero no sabemos, aunque el banco andorrano debe tener los registros, quién sacó el dinero. Pero sobre todo, la gran pregunta es ¿dónde está el resto de la cantidad recibida a cambio de la recalificación de terrenos? Estamos hablando de 6.665 millones de las antiguas pesetas que, a día de hoy, tienen que estar en algún sitio. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría General de Policía Judicial trabaja desde hace días en un asunto que puede complicar seriamente las expectativas electorales del PSOE en la Comunidad de Madrid, porque son muchas las dudas que planean en torno a una operación que los socialistas madrileños deben contribuir a esclarecer hasta sus últimas consecuencias. En lugar de poner en marcha el ventilador, práctica habitual de quien se siente acorralado, haría bien Simancas en aportar luz suficiente a un asunto que le afecta de manera muy directa, no sólo por sus relaciones personales con los autores del pelotazo sino porque la opinión pública puede pensar que tras este escándalo concreto no están sólo dos ex alcaldes socialistas, sino que los efectos van más allá, afectando gravemente a la honorabilidad de la FSM.