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52 SÁBADO 21 10 2006 ABC Sociedad Miles de personas se lanzan hoy a la calle en España para exigir el fin de la pobreza El Gobierno retrasa a 2010 la obligación de las empresas de tener un seguro ambiental Las multas por daños al medio ambiente van desde 6.000 euros hasta dos millones b El anteproyecto de Ley de Responsabilidad Ambiental obliga a reparar los daños, devolviendo los recursos naturales al estado original en el que se encontraban ARACELI ACOSTA MADRID. El Consejo de Ministros analizó ayer, en primera lectura, el anteproyecto de Ley de Responsabilidad Medioambiental, que busca que las empresas o titulares de actividades potencialmente contaminantes prevengan y respondan ante posibles daños al medio ambiente. Para garantizar el pago de la reparación ambiental, éstas deberán contar con una póliza de seguro o aval financiero que cubra los riesgos ambientales de la actividad. En la directiva europea sobre esta materia no se establece como obligatoria esta fianza o garantía económica, sino que se deja al libre criterio de los Estados miembros. España decidió imponer esta obligación, pero en el anteproyecto presentado ayer se recoge que esta parte de la norma tendrá efectos a partir del 30 de abril de 2010, y se hará de forma gradual, con el fin de asegurar que el mercado se encuentre en situación de ofrecer tales garantías según el comunicado del Ministerio de Medio Ambiente. Si ya es una desventaja que las empresas españolas deban contar con un seguro y las de otros países no- -por ejemplo, Italia y Reino Unido- pues no incita al operador a desarrollar mecanismos preventivos y sí a desarrollar sus actividades en los países con seguros menos exigentes. Este retraso impedirá a España que su experiencia sirva a la Comisión Europea para decidir si extiende esta obligación a los Veinticinco, para lo que las autoridades de la UE habían pedido un informe de seguimiento en marzo de 2010, según explicó a ABC Rita Rodríguez, abogada de la organización ecologista Adena. Un pollo de cigüeñuela yace muerto en la orilla de una laguna de Doñana, mientras otro espera a ser rescatado por los técnicos de Medio Ambiente, tras la rotura de una balsa minera en 1998 plan la ley, y van desde los 6.000 euros hasta los 2 millones de euros. No obstante, se constituye también un fondo estatal para la reparación de los recursos naturales afectados con el fin de cubrir la necesidad de reparar cuando por alguna razón no se haya podido aplicar esta norma y el daño se produzca en el dominio público de titularidad estatal. Aunque este fondo aún no está dotado económicamente y, según fuentes del Ministerio de Medio Ambiente, se hará a cargo de los presupuestos de 2008. Entre las actividades que estarán sujetas a la norma se encuentran la mayor parte de los sectores industriales, la gestión de residuos, fabricación, almacenamiento, transformación y transporte de sustancias peligrosas, así como productos fitosanitarios, pero también el cultivo, transporte y comercialización de organismos genéticamente modificados (OGM) Son en total más de 5.000 instalaciones industriales, unas 30.000 empresas de transporte de mercancías peligrosas y casi un millón de explotaciones agrarias. En cambio, quedan fuera de la norma los daños derivados de conflictos armados, defensa nacional y seguridad internacional; los fenómenos naturales de fuerza mayor; actividades de ABC Una factura de reparación muy elevada Con ello se quiere evitar que la factura de la reparación sea sufragada por los presupuestos públicos, como viene ocurriendo en muchas ocasiones hasta la fecha. A título de ejemplo: sólo el presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente ha afrontado durante los últimos 7 años gastos de reparación ambiental cercanos a los 183 millones de euros, de los que 113 millones son atribuibles a la descontaminación de suelos. En las actuaciones relacionadas con el vertido de Aznalcóllar se invirtieron, adicionalmente, más de 75 millones de euros para reparar los daños ocasionados por una empresa minera. La inversión prevista para llevar a cabo las tareas de limpieza y recuperación de las aguas del embalse de Flix, a las que han ido a parar vertidos de sustancias altamente contaminantes procedentes de industrias electroquímicas, será de otros 155 millones. protección frente a desastres naturales; la contaminación difusa, si no puede establecerse el nexo causal; los riesgos nucleares (que cuentan con otra norma) y el transporte marítimo de hidrocarburos y mercancías peligrosas, que se rige por los convenios internacionales de transporte marítimo. No afecta a casos como el Prestige Por tanto, un accidente como el del Prestige, el mayor desastre ambiental ocurrido en nuestro país, quedaría fuera del ámbito de aplicación de esta ley; de la misma forma que el coste de la limpieza del segundo accidente en gravedad, la rotura de la balsa de la mina de Aznalcóllar, en Doñana, aún no ha podido ser recuperado. En este sentido, la ley no tendrá estrictamente carácter retroactivo, pero sí incluye los daños cuyos efectos se manifiesten hasta 30 años después de ocurrido el evento que los ocasionó. Así las cosas, los ecologistas valoran las medidas preventivas y la introducción del principio quien contamina paga y que la ley reconozca a las organizaciones sin ánimo de lucro solicitar la responsabilidad ambiental a instancia de parte, explica Rita Rodríguez, bien para denunciar a los operadores contaminantes o en caso de inminente daño ambiental. Potencial dañino Asimismo, desde Adena se explica que la obligación de seguro no cubre todo el deterioro ambiental, puesto que las actividades que se consideren que tienen un potencial dañino por debajo de 300.000 euros quedan exentos de esta exigencia. No obstante, estos umbrales de exigencia de garantía financiera aún no están definidos y se concretarán en un reglamento. Además de estos seguros que permitirán hacer frente a la reparación de los daños sobre el medio ambiente en los que incurran las empresas, también habrá multas para los que incum-