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24 Nacional SÁBADO 21 10 2006 ABC CASA, liberada de Venezuela, aspira a contratos en EE. UU. por 16.000 millones La empresa participa en tres macroconcursos militares estadounidenses b Hay más opciones para la em- presa aeronáutica española desde que se ha deshecho el contrato de los doce aviones militares para el Gobierno de Hugo Chávez MIGUEL PORTILLA LUIS AYLLÓN MADRID. La compañía EADS- CASA aspira a conseguir en Estados Unidos contratos por varios miles de millones de euros, según confirmaron fuentes norteamericanas y de la propia empresa. Las opciones de la firma de la que forma parte la principal empresa aeronáutica española han aumentado después de que se confirmara la inviabilidad de la venta de doce aviones militares a Venezuela. CASA se había visto inmersa en un conflicto político, después de que el Gobierno de Estados Unidos comunicara al español que no autorizaría la transferencia al régimen de Hugo Cávez de los componentes de tecnología estadounidense que llevan los diez aviones C- 295 y los dos CN- 235 que el Ejecutivo español quería fueran vendidos a Venezuela. Tanto las autoridades venezolanas como las españolas expresaron su confianza en que esos componentes podrían ser sustituidos por otros de origen francés o israelí y en que EADSCASA haría una nueva oferta. Sin embargo, la empresa hizo sus cálculos y comprobó que el precio de los aviones se incrementaba sensiblemente. En concreto, cada aparato se encarecería Un CN- 235 comprado por Estados Unidos y utilizado como guardacostas ABC Se han despejado los nubarrones de las posibles represalias de Washington por la operación con Chávez en un millón y medio de euros aproximadamente, es decir entre 18 y 20 millones de euros para todo el paquete. En cualquier caso, desde que se conoció el veto estadounidense, el interés de los responsables de la compañía por la operación venezolana comenzó a decaer. La opción de seguir adelante con un contrato con Venezuela por va- lor de unos 500 millones de euros, materializando una operación que desagrada a la Administración Bush, podía poner en peligro otros proyectos más sustanciosos, precisamente con Estados Unidos, si ese país decidía tomar represalias. En concreto, EADS- CASA- -empresa en la que el Gobierno español conserva una participación estratégica del 5,52 por ciento a través de SEPI- aspira a participar en tres macroconcursos militares estadounidenses, en los que, de ser seleccionada, podría llegar a alcanzar los 16.000 millones de euros. De hecho, CASA ya participa en uno de esos concursos, que ya está en marcha. Se trata del denominado Integrated Deepwater System de la Guardia Costera estadounidense, para el que han sido contratados tres aviones de vigilancia maritima CN- 235. Uno de ellos ya ha sido entregado y dos están siendo construidos en Sevilla. Además, otros tres aviones del mismo modelo serán posiblemente adquiridos a lo largo del ejercicio presupuestario que concluirá en septiembre de 2007. Según las previsiones, la Guardia Costera podría necesitar entre 33 y 35 aviones de ese tipo, con un valor que se acercaría a los 900 millones de euros. El segundo de los macroconcursos en el que podría tener opciones EADSCASA, en cooperación con la compañía norteamericna Raytheon, es para suministro de 200 aviones de transporte militar destinados al Ejército de Tierra y a la Fuerza Aérea estadounidense. La operación, cuya autorización aún necesita el visto bueno del Congreso de Estados Unidos, superaría los 4.000 millones de euros. CASA competiría con su modelo C- 295- -el mismo del que quería vender diez aviones a Venezuela- -con la empresa italiana Alenia y su C- 27 J. Finalmente, el tercer concurso, que debe pasar igualmente por el Congreso norteamericano, tendría como objetivo dotar ala Fuerza Aérea estadounidense de unos 150 aviones cisterna para el reabastecimiento en vuelo, por valor de unos 10.500 millones de euros. La decisión final de Venezuela de renunciar a la compra de los aviones españoles, confirmada hace sólo unos días en Madrid por el vicepresidente venezolano, José Vicente Rangel, se convierte en una baza para que el ministro de Defensa, José Antonio Alonso, que el domingo próximo comienza un viaje a Estados Unidos, pueda apoyar las pretensiones de la empresa española. Las militares profesionales tendrán la misma cobertura que las demás funcionarias por violencia de género G. L. A. MADRID. Las 15.402 mujeres que pertenecen a las Fuerzas Armadas tendrán la misma protección que las funcionarias civiles ante supuestos de violencia de género. A este fin, el Consejo de Ministros aprobó ayer la modificación del reglamento de destinos del personal militar profesional, que permitirá otorgar a estas personas vacantes aun sin publicación previa del destino correspondiente, reducir o reorganizar su tiempo de trabajo, o pedir la excedencia voluntaria aunque no hayan cumplido el tiempo de servicio mínimo. Se elimina la posibilidad de que a una militar se le asigne por turno especial- -con carácter forzoso- -un destino en el mismo término municipal del cual salió por ser víctima de violencia de género. El Gobierno también aprobó ayer el proyecto de ley de jurisdicción volun- Otros acuerdos Plan del carbón. Se autoriza al instituto para la reestructuración de la minería del carbón y desarrollo alternativo a suscribir diez convenios de colaboración con el Principado de Asturias con una dotación económica de 20 millones de euros, que se financiarán con cargo a los ejercicios 2007- 2009. Eje atlántico de alta velocidad. Se autoriza la licitación de las obras del tramo Soutomaior- Vilaboa (Pontevedra) del eje atlántico de alta velocidad, cuyo presupuesto asciende a 50 millones de euros. Incendios. Se autorizan las actuaciones de emergencia para la restauración forestal y ambiental de las zonas afectadas por incendios producidos en 2005 en Ávila, Zamora, Santa Cruz de Tenerife, León y Salamanca, por importe de 1,9 millones. Ayuda al Líbano. Se destinan 300.000 euros en ayuda humanitaria de emergencia. Misiles. Se autoriza el contrato para adquirir 94 misiles sm- 1 blq. vi. b. a la U. S. Navy por importe de 25,7 millones de euros, distribuidos entre 2006 y 2010. taria, que agilizará la tutela de los derechos de la personas y de expedientes en materia civil y mercantil. Esta norma regulará los supuestos en los que se solicita la intervención de un juez, cuyo trabajo se descarga. Además, establecerá que los secretarios judiciales, registradores y notarios podrán resolver asuntos donde no haya conflictos de intereses entre dos o más interesados. Otra medida que el Gobierno también enmarca en la política de extensión de derechos es la renovación del fondo de cohesión sanitaria, que establece el derecho de los residentes en una comunidad autónoma a recibir tratamientos más avanzadas de los que se disponga en otras. El presupuesto del fondo para compensar ese tipo de prestación sanitaria casi se duplica, hasta alcanzar los 100 millones de euros.