Patrocinado Por:

Volver

Resultados de la búsqueda

Resultados para
12 Nacional LA CORRUPCIÓN URBANÍSTICA EL CASO MALAYA VIERNES 20 10 2006 ABC El ex concejal fugado de Marbella Carlos Fernández quiere entregarse en noviembre Huyó en junio para evitar ser detenido por prevaricación y tráfico de influencias concejal andalucista en paradero desconocido recuerda que el tiempo corre a favor de su cliente, porque los delitos prescriben JOSÉ MARÍA CAMACHO MÁLAGA. El ex concejal de Marbella Carlos Fernández, que desapareció tras la segunda fase de la operación Malaya el pasado mes de junio, se inclina por entregarse a la Justicia a primeros de noviembre, según señalaron a ABC fuentes de toda solvencia, aunque si ve que su futuro penal se complica, podría optar por una fuga más dilatada. Fernández, quien cuando fue visto por última vez se encontraba en Galicia, donde hacía el camino de Santiago, desapareció ante el temor de ser arrestado por la Policía. En el registro efectuado en la vivienda de Fernández el pasado 27 de junio, la Policía se llevó un ordenador, donde el ex edil tenía información del Ayuntamiento y de las empresas municipales. Los agentes buscaban pruebas, documentos, dinero y cualquier elemento útil para la investigación que se está llevando a cabo. Carlos Fernández jugó un papel esencial en la moción de censura que se presentó contra Julián Muñoz y que acabó con Marisol Yagüe en la alcaldía de la ciudad costasoleña. Según las investigaciones policiales, esa operación fue urdida por el que se considera cerebro de la trama de corrupción, que no aceptaba haber quedado fuera de juego en las actividades del Ayuntamiento tras la llegada al poder municipal del sucesor de Jesús Gil. b El abogado del ex Marbella con un poder notarial de Carlos Fernández un día después del registro en el chalé, pero el juez, en un auto dictado el 13 de julio, le prohibió defenderle. Sobre el caso Malaya pronosticó que Roca no va a ser condenado porque las medidas probatorias que se utilizan contra él no han sido adecuadas al procedimiento que establece la ley orgánica del Poder Judicial y anunció que el ex asesor de Urbanismo no tardará mucho en hacer valer sus derechos ante las Naciones Unidas, que es el único organismo internacional supranacional que permite la comparecencia de las personas afectadas sin necesidad de acudir al Tribunal Constitucional español o ante el Tribunal Constitucional de Estrasburgo dijo. Por su parte, el fiscal Anticorrupción de Málaga, Juan Carlos López Caballero, aseguró ayer que en el caso Malaya actualmente se está investigando patrimonio que podría estar oculto en paraísos fiscales López Caballero hizo esta afirmación en la sesión celebrada ayer en la Audiencia de Málaga para estudiar el auto de prisión incondicional del abogado Manuel Sánchez Zubizarreta, considera- do una de las personas que diseñó, estructuró y gestionó las sociedades del presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca. El fiscal explicó que presuntamente podría haber un patrimonio oculto en el extranjero y que actualmente está siendo objeto de investigación a través de comisiones rogatorias y la documentación intervenida, por lo que se pidió que Sánchez Zubizarreta continúe encarcelado para evitar la posible alteración de pruebas y el riesgo de fuga. Argumentó que se está cumpliendo la ley y que la prisión preventiva de los encarcelados en la Operación Malaya está justificada en el ámbito penal. Además subrayó que la investigación es muy compleja y que las personas que están estudiando la numerosa documentación requisada a los implicados es un equipo especializado en el combate de blanqueo de capitales incluso en el ámbito de delincuencia organizada. Dos años de prisión El abogado del ex edil andalucista, José Luis Ortega, anunció ayer que ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo tras la condena de Fernández por parte de la Audiencia Provincial de Málaga a dos años de cárcel por un delito de malversación de caudales públicos. El letrado malagueño afirmó que el ex edil, quien dimitió tras la sentencia del Tribunal del Jurado, fue condenado sin prueba como ocurrió con Dolores Vázquez, relacionada con el caso Wanninkhof al tiempo que subrayó que no sería la primera vez que la Justicia haya errado También dijo que su cliente es libre de comparecer ante la Justicia o abstraerse. Si se abstrae, por imperativo legal, tendría que ser declarado en rebeldía, archivándose la causa penal, pero no un prófugo, un término franquista que ya no existe en el código penal indicó el abogado, quien añadió que el tiempo corre a su favor porque los delitos prescriben Ortega recordó que se presentó en el Juzgado de Instrucción número 5 de Varios de los tomos del voluminoso sumario de la operación Malaya EFE El TSJA ordena cerrar en Roquetas un centro comercial construido por un empresario de la Malaya M. NAVARRETE ALMERÍA. El Tribunal superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha anulado con carácter definitivo la licencia de apertura del parque comercial Gran Plaza concedido hace seis años al Ayuntamiento de Roquetas de Mar. De este modo, el TSJA ha atendido el recuso presentado por la asociación de Comerciantes del Poniente (COPO) de El Ejido, y la Junta contra la realización de la gran superficie promovida por el General de Galerías Comerciales, empresa liderada por Tomás Olivo, detenido en la se- gunda fase de la operación Malaya en Marbella. Tras el fallo del Tribunal, Galerías Comerciales tiene dos meses de plazo para tomar la decisión de cerrar el recinto. El centro comercial, que ya contaba con un informe en contra de su construcción redactado por la Comisión de Comercio Interior de la Consejería de Economía y Hacienda, entró en servicio hace cuatro años, gracias a la licencia otorgada por el Ayuntamiento roquetero basándose en el silencio administrativo de la Junta. En su momento este complejo, donde trabajan más de 3.000 perso- nas, fue considerado la superficie comercial más grande de Andalucía. El pronunciamiento del TSJA ratifica la sentencia dictada en 2002 por el Juzgado de lo Contencioso número 2 de Almería, donde se declaraba la nulidad de las decisiones adoptadas por el Consistorio. El alcalde, Gabriel Amat manifestó ayer que su Ayuntamiento respeta la decisión judicial pero que su Ayuntamiento no la va a ejecutar de oficio y que será la Junta quien exija la ejecución forzosa de la sentencia. En este sentido, indicó que si finalmente, el Gobierno autonómico y COPO deciden ejecutarla los jueces serán los que tengan que determinar y dar claridad del asunto. Amat destacó que las alternativas que pueden barajarse para que el Gran Plaza no cese su actividad es la posibilidad de volver a iniciar otro expediente y dirigirlo a la Junta