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14 Nacional LA CORRUPCIÓN URBANÍSTICA EL LITORAL SOCIALISTA Y MALAYA JUEVES 19 10 2006 ABC Los promotores de Catral legalizaban las obras en un parque natural con informes manipulados El Gobierno valenciano demuestra que los escritos mentían sobre la antigüedad de construcciones del PSOE ha sido intervenido por la Generalitat por el abuso urbanístico, casi siempre promovido por un cuñado del alcalde de la localidad V. VILLAPLANA VALENCIA. La Consejería de Territorio y Vivienda de la Generalitat Valenciana dispone de imágenes que demuestran que algunos de los informes para la regularización de construcciones ilegales levantadas en terreno no urbanizable en el municipio socialista de Catral contienen datos palmariamente falsos. Los escritos, elaborados por aparejadores y peritos industriales- -y no por arquitectos, que son los únicos competentes- concluyen que gran número de estas construcciones llevaban más de cuatro años edificadas cuando algunas de ellas ni siquiera se habían empezado a levantar. Así, la infracción urbanística había prescrito y era posible solicitar al Ayuntamiento, que no comprobaba la veracidad de los informes, una autorización de reforma parcial con la que, en la práctica, se construía desde cero la vib El municipio alicantino vienda. El consejero Esteban González Pons aseguró ayer en las Cortes Valencianas que de esas viviendas, supuestamente antiguas un 80 por ciento no aparece en las fotografías aéreas tomadas en 2002. González Pons justificó la retirada al alcalde, José Manuel Rodríguez Leal, de las competencias en disciplina urbanística por la proliferación extraordinaria de viviendas en suelo no urbanizable y con vías a su venta a terceros, y por el agotamiento de las vías de concilianción entre el Consistorio y la Generalitat. En dos años, según los datos facilitados por el consejero a pregunta de los grupos de la oposición, se quintuplicó el terreno construido ilegalmente en Catral, al pasar de 711.000 a 2.969.000 metros cuadrados entre 2003 y 2005. Sólo dentro del parque natural de El Hondo, el número de viviendas ilegales pasó de 358 a 1.270 en ese tiempo. González Pons especificó que la mayoría de viviendas están promovidas por el mismo constructor o por familiares de ese contructor que, utilizando el procedimiento catralino llegaban a recoger en el registro de la propiedad e, incluso, a ponerse a la venta al por El consejero valenciano explicó ayer los detalles de la irregularidad mayor las edificaciones. Así, recordó que el informe de la comandacia de la Guardia Civil especificaba que nunca se había visto en la comarca que, tras constatarse la ilegalidad de unas construcciones, se siguiera adelante con ROBER SOLSONA las obras. González Pons auguró consecuencias extraordinarias desde el punto de vista judicial para el alcalde de Catral y aconsejó a los diputados socialistas que se distancien de la gestión del regidor. MÁLAGA. Uno de los más de 60 implicados en la trama de corrupción de Marbella, Angel Rodríguez, invocaba el nombre del ex canciller alemán Gerhard Schröder y también el apellido de un delegado de la Junta de Andalucía para respaldar sus proyectos ante Roca y los miembros de la Corporación municipal, según figura en el sumario desvelado por el titular del Juzgado de Instrucción número 5, Miguel Ángel Torres. Este imputado, cuya sociedad estaba interesada en desarrollar un geriátrico y varios centros de día en la ciudad costasoleña, llevaba una tarjeta de un dirigente del PSOE como carta de presentación. En su declaración ante el magistrado, Rodríguez explicó que se puso en contacto con la teniente alcalde de Las Chapas, Marisa Alcalá, para la construcción de una residencia en Marbella. Esta le remitió a Jesús Gil para elegir una parcela en la zona de Elviria, que cumplía perfectamente las normas urbanísticas del plan de 1986 y 1998. El imputado subrayó que compró la parcela a la sociedad CCF 21, cuyo representante era Óscar Benavente, y pagó por ella más de cuatro millones de Un implicado en Marbella invocaba al político alemán y mostraba una tarjeta de un alto cargo de la Junta Mi amigo el canciller Schröder TEXTO: J. M. CAMACHO euros. Según Rodríguez, la Junta de Andalucía no puso ningún problema para la construcción del geriátrico, sino el Ayuntamiento, que se negó a darle la licencia alegando que era preciso una modificación puntual de elementos. Recordó que para solucionar el problema se reunió en varias ocasiones con Gil, Muñoz, Yagüe y, también, con Juan Antonio Roca. Rodríguez aseguró al juez que nunca ha sido cliente de Maras Asesores, la empresa que llevaba la contabilidad secreta de Roca, ni firmó ningún contrato con ella, aunque era posible que le hubieran encargado algún estudio epidemiológico sobre parcelas. También subrayó que después de mucho insistir se reunió con el edil Carlos Fernández, actualmente en paradero desconocido, quien concertó una reunión en la sede de Planeamiento con Roca y todos los miembros del equipo de gobierno, salvo la alcaldesa, para solucionar el problema. En su opinión, Roca no quería darle la licencia porque junto a su parcela tenía otra Arenal 2000, la empresa de Rafael Gómez, conocido como Sandokán, quien había construido en zona verde. Según Rodríguez, el testaferro de Roca, Oscar Benavente, se arrepintió de venderle la parcela, ya que pensaba entregársela al empresario cordobés. Afirmó que Roca se puso histérico en la última reunión y le propuso mandar un escrito a la Junta para sacar adelante el proyecto, al tiempo que le prometió que si respondía que no tenía oposición a la construcción del geriatrico, el Ayuntamiento le daría la licencia. Pero cuando el delegado de Obras Públicas, José María Ruiz Povedano, le respondió por escrito que no apreciaba ningún obstáculo y que lo único que quedaba pendiente era la modificación puntual de elementos, que era competencia del Ayuntamiento, volvió a poner obstáculos. El imputado destacó que intentó colaborar con el Ayuntamiento, construyendo un centro de día en la Divina Pastora y ceder material geriátrico por importe de 107.000 euros. También intentó desarrollar otros dos proyectos en Marbella. Uno en Bosquejar, un centro de día que se encuentra bloqueado, y otro en San Pedro Alcántara, también con problemas.