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4 Opinión JUEVES 19 10 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Sociedad, Cultura y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Nacional) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar EL JEROGLÍFICO DE LA TARIFA ELÉCTRICA OS precios de la electricidad son materia compleja, propia de especialistas que- -a menudo- -los suelen explicar de manera confusa o poco didáctica. Precios materializados en una tarifa que tiene una parte de impuesto, otra de tasa, una tercera de impuesto camuflado y, finalmente, algo parecido a un valor de mercado. Demasiado alambicado para que el consumidor pueda hacerse vagamente a la idea de lo que esconde la factura de la luz. Bajo el manto y excusa de la protección del desvalido consumidor, los sucesivos gobiernos supervisan desde hace décadas la tarifa eléctrica, sin dar los pasos precisos para crear un mercado efectivo, con precios transparentes y competitivos. No es un problema sólo de España. Afecta a todo el continente (especialmente a Alemania, donde los precios de la electricidad son muy elevados) y también a los mercados anglosajones, tradicionalmente propicios al benéfico juego de la competencia. Las autoridades supervisoras, con prestigio menguante y competencia discutible, se han dedicado más a entrometerse en las decisiones estratégicas empresariales que a promover la competencia con razonables garantías de suministro de potencia en calidad y cantidad. El Gobierno tiene ahora que poner en vigor un nuevo marco de tarifas- -el actual hace aguas por todos los lados- -que sirva para el futuro y que remedie algunos de los males ya causados, entre ellos un déficit que, según dicen, asciende a más de 6.000 millones de euros. Las expectativas de subida han llevado a las constructoras, entre otras razones, a entrar en un sector que, en líneas generales, defiende que las tarifas crezcan un 20 por ciento si se toman en consideración los costes efectivos, aunque saben que una subida de esa naturaleza es impensable política y económicamente. El problema, sin embargo, no radica tanto en arreglar entuertos crónicos cuanto en desmontar la maraña de normativas provisionales y coyunturales para avanzar decididamente hacia un sistema abierto, transparente y que no requiera revisiones periódicas, un sistema estable que proporcione seguridad al sector, a los clientes y a los inversores. No será fácil alcanzar un modelo que logre la credibilidad y confianza precisas, pero es indispensable que, al menos, se intente y se explique. Hay que pasar de un sistema de tarifas a otro de precios, con alguna garantía para casos excepcionales. La tarifa no puede venir causada sólo por la necesidad de rentabilizar inversiones. Todo lo contrario: lo que se necesita es un sistema de precios que evolucione en función de los costes dentro de un marco de libre y deseable competencia que revierta en mejoras de productividad. No hay mejor solución para un problema que no se resuelve con parches. L CORRUPCIÓN Y URBANISMO ODOS los días salta un nuevo escándalo. El más reciente, la dimisión del alcalde socialista de Ciempozuelos tras desvelar ABC una trama de corrupción urbanística que, por su gravedad. debería provocar la urgente reacción de la Fiscalía. El PSOE empezó por amenazar con una querella, pero pronto tuvo que reconocer que nadie daba explicaciones claras sobre una recalificación millonaria y forzó la retirada del regidor municipal. Una y otra vez, los partidos se cruzan acusaciones sobre el urbanismo en la Comunidad de Madrid, si bien es notorio que los socialistas suelen empezar haciendo mucho ruido pero luego nunca aportan pruebas convincentes. En cambio, el caso de Ciempozuelos podría ser el origen de una cadena de irregularidades que perjudique seriamente las posibilidades de Rafael Simancas de plantar cara a Esperanza Aguirre en las próximas elecciones. Por cierto, el candidato socialista estaba- -también en este caso- -en fuera de juego. El asunto explotó curiosamente- -revelador sarcasmo- -mientras Simancas viajaba a Bruselas para denunciar el urbanismo depredador que, a su juicio, practican los populares madrileños. El momento no podía ser más inoportuno. El PSOE ha equivocado su estrategia desde el principio de la legislatura regional, procurando tapar sus miserias en el asunto de Tamayo y Sáez bajo el manto de una supuesta trama urdida por sus adversarios. Por esta vía, las posibilidades de recuperar la Comunidad de Madrid se diluyen día tras día. La cultura del ladrillo y la arraigada tradición social en materia de propiedad inmobiliaria exigen en España que los poderes públicos tengan una especial sensibilidad hacia las cuestiones relacionadas con el urbanismo. Hay mucho dinero en juego y poco control en las decisiones adoptadas por alcaldes y concejales, casi siempre demasiado cercanos a los intereses afectados por los actos administrativos relativos al uso y aprovechamiento del suelo y a la disci- T plina urbanística. Marbella no es un caso aislado, aunque sea el más llamativo. De hecho, han saltado las alarmas en otros municipios, varios de ellos situados en el arco mediterráneo. La normativa debería ser estricta y los controles jurídicos y financieros, precisos y transparentes. Sin embargo, nuestra legislación peca de dispersión y heterogeneidad como consecuencia- -entre otras razones- -de la jurisprudencia del TC, que otorga a las comunidades autónomas una especie de monopolio sobre este sector tan delicado del ordenamiento. Cada cual legisla por su cuenta, aunque el Ministerio de la Vivienda (una apuesta fallida de Rodríguez Zapatero) intenta ahora ordenar los restos del naufragio mediante un proyecto de ley del Suelo, ya presentado en el Congreso, pendiente todavía de un trámite parlamentario que se presume largo y difícil. La corrupción es un cáncer para la democracia. La sospecha de que ciertas decisiones están conectadas con la financiación de los partidos exige de los responsables políticos una firme determinación para impedir que los intereses siniestros de unos pocos pongan en cuestión la honradez de la gran mayoría de los titulares de cargos públicos. El PSOE se equivoca cuando aplica aquí y allá el ventilador porque la experiencia demuestra que suelen ser miembros de su partido quienes están implicados con mayor frecuencia en operaciones de este tipo. En el caso de Ciempozuelos, todo apunta a que será difícil ofrecer una explicación adecuada. No es creíble que un solo individuo pueda apropiarse de 40 millones de euros por una reclasificación, sin que haya tejido antes y después una red de complicidades que al Partido Socialista conviene aclarar hasta sus últimas consecuencias. La investigación en marcha podría destapar un fraude de grandes dimensiones, con amplia repercusión a nivel regional e incluso nacional. Aunque nadie está libre de pecado, los ciudadanos tienen muy claro cuándo hay hechos ciertos y cuándo sólo existen denuncias infundadas. ACOSO AL DEFENSOR DEL PUEBLO L apoyo del PSOE a que se debata una propuesta de Izquierda Unida para reprobar y destituir al Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, por haber recurrido el Estatuto catalán ante el Tribunal Constitucional es un escarnio personal para este digno socialista y víctima del terrorismo- -ETA mató a su hermano Fernando- -y una nueva embestida contra el sistema institucional. La posterior matización efectuada por el portavoz socialista en el Congreso de los Diputados de que el PSOE no votará a favor de la reprobación o revela el desconcierto de su grupo parlamentario, que no sabe lo que vota, o es un ejercicio de doble moral, propio de quien tira la piedra y esconde la mano. Esta segunda opción es la más coherente, pues, por más que ahora el PSOE procure enjugar el despropósito de este ataque a la persona y a la institución del Defensor del Pueblo, no hay que olvidar que quien levantó la veda contra Múgica fue el ahora candidato socialista a la Generalitat, José Montilla, quien llegó a afirmar que el recurso contra el Estatuto era una actitud política que se explicaba porque me imagino que perder a un hermano a manos de la banda terrorista ETA es algo que marca de por vida No aclaró Montilla qué le llevó a asociar el recurso E contra el Estatuto catalán con la banda terrorista, pero su reflexión fue un intento- -pues no ofende quien quiere- -de humillación intolerable al titular de una institución encargada de velar por los derechos de los ciudadanos. Por desgracia, el acoso a Enrique Múgica no es un acto aislado, pues responde a esa política de intimidación verbal que se ha instalado en la vida pública. Lo grave, por encima incluso del daño a la persona, está en el deterioro que con acciones de este tipo se provoca en las instituciones del Estado, en este caso concreto en la del Defensor del Pueblo, organismo que debería ser preservado en su independencia por la clase política. Sin embargo, parece claro que ciertos sectores de la izquierda radical, avalados en no pocas ocasiones por el PSOE, parecen dispuestos a embarcarse en una peligrosa estrategia para doblegar al discrepante. Ahora, la intimidación ha saltado directamente a las relaciones institucionales con esta propuesta de reprobación y cese del Defensor del Pueblo, todo un aviso de lo que puede llegar a pasar si a los magistrados del Tribunal Constitucional se les ocurre en los próximos meses declarar la inconstitucionalidad del Estatuto catalán.