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ABC MIÉRCOLES 18 10 2006 Nacional 25 El alcalde de Palencia, del PSOE, aprobó mil viviendas pese a que un informe desaconsejaba construirlas El PP pide la dimisión del también presidente de la FEMP por ocultar el documento al pleno municipal b La Confederación Hidrográfica del Duero comunicó un día antes de la celebración del pleno que había riesgo de inundación en el sector del nuevo estadio de fútbol RAÚL GONZÁLEZ PALENCIA. Una semana después de la inauguración del nuevo estadio de fútbol de Palencia, los terrenos donde se asienta son la causa de una nueva polémica urbanística entre PSOE y PP en el Ayuntamiento de la capital castellana. Los concejales del grupo popular Isidoro Fernández y José Antonio Rubio pidieron ayer la dimisión del alcalde, el socialista Heliodoro Gallego, por ocultar al pleno municipal un informe de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) que desaconsejaba urbanizar en la zona, donde además del campo de fútbol se han construido 984 viviendas. Los hechos se remontan al mes de noviembre de 2002. El 14 de ese mes el pleno del Ayuntamiento aprobaba la urbanización del sector 8 gracias a la mayoría absoluta del PSOE. Un día antes de esa fecha, en el registro municipal entró un informe de la CHD que desaconsejaba actuar en los terrenos, salvo que se adoptaran las medidas correctoras adecuadas Denuncia contra el regidor y varios cargos socialistas de Burguillos E. BARBA El PP de Sevilla va a denunciar esta misma semana en el juzgado de guardia la comisión de cinco posibles delitos presuntamente cometidos por el alcalde de Burguillos, José Juan López (PSOE) un concejal, un cargo de los socialistas en el municipio y un primo del propio regidor que, según ha venido informando ABC, participaron en recalificaciones de terrenos rústicos aprobadas tras ser comprados por una empresa de la que forman parte varios de ellos. Los hechos, según el PP, pueden ser constitutivos de presuntos delitos de coacciones y amenazas, uso de información privilegiada, cohecho, prevaricación y falsedad documental. Los populares se consideran en la obligación de denunciar los hechos a la vista de que el recién estrenado fiscal Anticorrupción de Sevilla no ha tomado cartas en el asunto Heliodoro Gallego compatibiliza la alcaldía con la presidencia de la FEMP del arroyo de Villalobón Para el PP, esta explicación no es válida ya que las obras citadas por Marisa Martín no eliminan por completo el riesgo de inundación en la zona. Si algún día se producen daños materiales por inundaciones en viviendas o en el campo de fútbol, los propietarios deberán FERNANDO BLANCO pedir explicaciones al alcalde señaló Isidoro Fernández. Según el edil popular, el alcalde engañó a los grupos de la oposición, engañó a sus propios compañeros de grupo, engañó a constructores y promotores, engaño a los compradores de pisos y engañó a todos los palentinos Delito penal El caso es que en el debate plenario el informe no apareció por ningún lado. Es muy grave ocultar documentación pública, está tipificado como delito en el Código Penal con penas de uno a cuatro años subrayó ayer el popular Fernández Navas, quien anunció además que la semana que viene el PP presentará una denuncia contra el alcalde en el juzgado, ante la Fiscalía Anticorrupción, y ante la FEMP, órgano que preside el propio Gallego. Por su parte, la portavoz del equipo de gobierno del PSOE, Marisa Martín, aseguró ayer tras conocer la denuncia del PP que en ningún caso hubo intención de ocultar ningún informe; prueba de ello es que entró en el registro municipal Martín explicó que, al entrar un día antes, el informe no pudo incluirse en el expediente porque los expedientes que van a pleno se cierran con dos días de antelación Por otro lado, la portavoz del equipo de gobierno afirmó que la CHD estuvo informada en todo momento de las modificaciones que el Ayuntamiento estaba ejecutando para prevenir inundaciones en la zona dada la cercanía La Guardia Civil detecta más de 4.000 edificaciones ilegales en Andalucía en apenas 20 meses JOSÉ CEJUDO SEVILLA. El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil localizó desde enero de 2005 un total de 3.343 urbanizaciones y viviendas irregulares en 164 municipios andaluces, a lo que se suman 679 parcelaciones ilegales, infracciones medioambientales y contra la ordenación del territorio de las que se derivaron 673 detenidos o imputados. Las ilegalidades tienen como denominador común los daños medioambientales. El delegado del Gobierno en Andalucía, Juan López Garzón, que el trabajo de la Guardia Civil en esta materia está dando sus frutos, evitando que exista una sensación de impuni- dad De hecho, en el citado periodo realizó 3.041 intervenciones, de las que 2.083 fueron objeto de infracciones administrativas, 315 fueron penales y en 643 se concluyeron con un informe. El mayor número de detenidos o imputados por los delitos contra la ordenación del territorio vinculado al medio ambiente correspondió a Cádiz, con 214; seguida de Jaén, con 172; de Sevilla, con 170; de Almería, con 56; de Granada, con 34; Córdoba, con 22; y a mayor distancia se sitúan Huelva, con tres, y Málaga, con dos. Según los datos del informe presentado ayer, Sevilla fue la provincia con mayor número de construcciones irregulares detectadas, con 1.400, seguida de Málaga, con 891; de Granada, con 352; de Almería, con 280; de Cádiz con 231; de Jaén, con 147; de Huelva, con 30, y de Córdoba, con 12. La provincia con más municipios afectados en este tipo de fraude es Almería, con 30; seguida de Jaén, con 23; de Málaga, Huelva y Sevilla, con 21 cada una; de Cádiz, con 20; de Granada, con 16, y de Córdoba, con 12. Las parcelaciones ilegales más numerosas se registraron en Sevilla, con 309; en Almería, con 238; en Cádiz, con 51; en Jaén, con 25; en Málaga, con 20; en Granada, con 19; en Huelva, con 17, mientras que en Córdoba no hubo ninguna. Uno de los casos más significativos de la provincia de Sevilla es el que tiene por escenario la comarca de la Sierra Norte. Allí la Guardia Civil está instruyendo diligencias por la construcción de viviendas de uso residencial en una zona forestal, donde se investiga la construcción de unas 900 viviendas, habiéndose puesto a disposición judicial, hasta el momento, a más de 50 personas.