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4 Opinión MARTES 17 10 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Sociedad, Cultura y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Nacional) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar EL POPULISMO CHAVISTA PIERDE FUERZA OS resultados de la primera vuelta de la elección presidencial en Ecuador han representado una nueva contrariedad para los partidarios del nuevo populismo iberoamericano. Los candidatos apadrinados directa o indirectamente por el presidente venezolano Hugo Chávez llevan perdidas unas cuantas elecciones este año, empezando por Colombia, Perú o México y terminando este domingo en Ecuador. Rafael Correa se ha quedado lejos de una victoria que no hace tanto daba por segura y deberá afrontar una incierta segunda vuelta, puesto que el más votado ha sido el empresario Álvaro Noboa. La efervescencia política que generan las maniobras del venezolano sigue en plena actividad, pero la experiencia de los países donde ha llegado a extender sus tentáculos ya no favorece la difusión de sus ideas. El caso de Bolivia, por ejemplo, donde la gestión del presidente Evo Morales ha alejado las inversiones extranjeras y desencadenado graves protestas sindicales, no ha servido para consolidar la imagen de una línea política esencialmente perniciosa para los países donde se aplica. Como en una imagen a gran escala de esta situación, ayer Guatemala ganaba a Venezuela en las primeras votaciones de Naciones Unidas por un puesto no permanente en el Consejo de Seguridad, y aunque la cuestión no ha quedado definida a falta de una segunda vuelta, parece evidente que las maniobras de Hugo Chávez no han tenido el éxito que éste esperaba. La corriente populista sigue existiendo, y es previsible que Chávez tenga todavía mucho margen de maniobra a cuenta de los altos precios del petróleo y de la desintegración política de la oposición venezolana. A veces, quienes logran hacer frente a los populistas tampoco pasan de ser demagogos sin la solidez de los verdaderos hombres de Estado, pero es evidente que la oferta ideológica del eje Caracas- La Habana ya no es, ni mucho menos, la marea imparable que se temía hace año y medio. Pese a todo, hay que lamentar que el continente siga en un proceso de escisión profunda entre los partidarios del libre comercio- -escenificado en los acuerdos con Estados Unidos y la Unión Europea, que poco a poco se definen en torno al Mercosur- -y los adscritos el Pacto Andino, del que afortunadamente Chile ha emprendido el camino de vuelta. El mes que viene sabremos si en Nicaragua vuelve al poder el sandinista Daniel Ortega, revolucionario de la vieja guardia que, con el apoyo venezolano, tiene planes de truncar el camino de los demás países centroamericanos a la integración económica. La elección vuelve a ser- -como sucederá en la segunda vuelta en Ecuador- -entre los partidarios del pasado y los del futuro, entre una concepción esquizofrénica del poder basada en el populismo o la esperanza en un futuro mejor, vinculado a las corrientes que consolidan la riqueza de las naciones. L CON LA CONSTITUCIÓN EN LA MANO AS informaciones, ayer y hoy, publicadas en ABC acerca de la marcha del llamado proceso de paz -confirmadas de manera tácita pero inconfundible por el Gobierno y por su presidente, José Luis Rodríguez Zapatero- -remiten a una muy seria preocupación sobre el alcance de las contrapartidas- -el llamado precio político- -que el Ejecutivo y su partido, y también sus demás aliados parlamentarios, estarían en disposición de ofrecer a la banda terrorista ETA a cambio del fin de la violencia. En su momento, desde estas mismas páginas se reconoció al Ejecutivo socialista el lógico margen de confianza para que se adverasen las auténticas intenciones de los terroristas. Aunque todavía no se ha producido un cese definitivo de la violencia etarra- -fenómeno que incluso se ha incrementado desde la declaración del alto el fuego permanente del pasado mes de marzo con intolerables expresiones de terrorismo callejero y la continuación de prácticas chantajistas de la banda- -es más que probable que la actual dirección de ETA emita una nueva declaración en la que se comprometería a mutar de permanente a irreversible su decisión de no ejercer el terrorismo. Si así fuese, bienvenida sea esa renuncia. El problema es que tal desistimiento en la acción terrorista no puede ni debe compensarse con ningún tipo de contraprestación, y mucho menos con las previstas en el preacuerdo alcanzado por el Partido Socialista de Euskadi, el Partido Nacionalista Vasco y Batasuna. El Estado puede implementar- -en los términos contemplados en el punto décimo del Pacto de Ajuria Enea de 12 de L febrero de 1988, suscrito por todos los partidos políticos con repersentación en el País Vasco, incluido el Partido Popular- -determinadas medidas de generosidad hacia aquéllos que, habiendo practicado la violencia terrorista, la abandonen de modo definitivo y sincero, recabando el perdón de las víctimas. Pero lo que el Gobierno no puede hacer es ofrecer, a cambio de la paz, una mesa extraparlamentaria de partidos políticos vascos en la que se respaldarían pronunciamientos que atenten contra la soberanía y la unidad de España, por más que se busquen eufemismos para eludir los preceptos- -todos ellos muy claros- -que determinan que la Nación española se constituye en un Estado social y democrático de Derecho; que la soberanía nacional reside, en definitiva, en el conjunto del pueblo español, del que emanan todos los poderes del Estado. La Constitución, como reza textualmente su artículo 2, se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, que reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas de tal manera que afectar el fundamento de la Carta Magna sería tanto como atentar contra las reglas que rigen la convivencia política y jurídica de los españoles. Y ni este Gobierno ni ningún otro, sea cual fuere la razón que alegue, puede perpetrar tal desafuero. La hoja de ruta de la paz y de la libertad está en la Constitución; es la propia Constitución, como norma y como pacto político y el Gobierno- -el primero- -debe respetarla y hacerla cumplir. EL INCIERTO FUTURO DEL PODER JUDICIAL ON la entrega al Congreso de los Diputados de la lista de los precandidatos elegidos por jueces y asociaciones judiciales para integrarse en el Consejo General del Poder Judicial, su presidente, Francisco Hernando, formalizó ayer el primer trámite para la renovación del gobierno de los jueces. La exigencia de una mayoría cualificada de tres quintos en ambas Cámaras y la tensión entre el Ejecutivo y el PP harán otra vez difícil el necesario acuerdo entre los principales grupos parlamentarios para poner nombre a los veinte vocales del CGPJ. Además, la política judicial del Gobierno ha añadido factores de enfrentamiento muy graves que no permiten separar la renovación del CGPJ de los importantes proyectos que están pendientes en el Congreso (recurso de casación, justicia de proximidad, salas de gobierno, consejos autonómicos) y con los que el PSOE y sus aliados parlamentarios se proponen alterar sutancialmente el modelo constitucional del Poder Judicial. De hecho, el Estatuto catalán, ya vigente, entra de lleno en las competencias del CGPJ para detraer parte de ellas y entregárselas al Consejo de Justicia de Cataluña, primera piedra de un nuevo sistema de gobierno judicial que no respeta el carácter unitario establecido en la Constitución. Y el catalán no es un caso aislado, pues una de las reformas proyectadas por el Gobierno es la creación de consejos de justicia en todas las autonomías. Por otro lado, el renovado CGPJ tendrá que elegir a su presidente, quien también lo será del Tribunal Supremo y de su Sala especial, competente para aplicar la Ley de Partidos Políticos. El desarrollo previsible del proceso de negociación con ETA y Batasuna ha de incluir necesaria- C mente la posibilidad de nuevas incidencias relacionadas con la sentencia de 2003, que ilegalizó y disolvió a Batasuna y sus antecesores. Si una nueva formación política aparentara dar continuidad a esos partidos ilegalizados, estaríamos ante un fraude de ley que habría de resolver la Sala especial del TS. También es importante en este proceso de designación parlamentaria de los doce vocales judiciales del CGPJ lo que, en el ámbito del Ministerio Fiscal, Conde- Pumpido llamó reequilibrio ideológico Por lo pronto, el Gobierno reformó por vía de urgencia y por la puerta de atrás el sistema de nombramiento de magistrados del TS, sólo con la intención de neutralizar a la mayoría del actual CGPJ. Tras el éxito arrollador de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) en las elecciones a las salas de gobierno, el Ejecutivo proyecta vaciar de contenido las de los tribunales superiores de Justicia y traspasar sus funciones a los consejos de Justicia autonómicos. Sin embargo, los datos del GGPJ sobre el número de jueces asociados otorgan a la APM una posición claramente mayoritaria en este sector de los jueces, que no debería quedar desnaturalizada con una representación desproporcionada de, por ejemplo, Jueces para la Democracia, que sigue siendo minoritaria. La responsabilidad de los principales partidos es alcanzar un acuerdo de renovación. Es lo que requiere la estabilidad institucional y el buen funcionamiento del Poder Judicial. Pero será difícil: ni es recuperable el extinto Pacto de Estado, ni el PSOE va a renunciar a la visión politizada de la Justicia que demanda- -más bien exige- -su modelo de Estado.