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ABC LUNES 16 10 2006 85 El ministro de Industria entregará esta semana los premios Best of European Business La CNE pide que sus decisiones no puedan ser recurridas ante Industria Plantea al Ejecutivo modificaciones legales para reforzar su independencia b Las peticiones están en los infor- mes de la CNE sobre los anteproyectos elaborados por el Gobierno para modificar la Ley del Sector Eléctrico y la de Hidrocarburos ABC MADRID. La Comisión Nacional de la Energía (CNE) que preside Maite Costa, ha planteado al Gobierno una serie de modificaciones legales para reforzar su independencia, entre ellas que se suprima la posibilidad de presentar recursos de alzada contra sus decisiones ante el Ministerio de Industria. El organismo regulador pide también que se suprima la disposición que permite a los altos cargos de Industria asistir, con voz pero sin voto, a las reuniones del consejo de administración de la CNE cuando lo juzguen preciso Estas peticiones están incluidas en sendos informes de la CNE sobre los anteproyectos de Ley elaborados por el Ejecutivo para modificar la Ley del Sector Eléctrico y la Ley de Hidrocarburos a fin de adaptarlas a las Directivas comunitarias sobre los mercados del gas y la electricidad. Los dos anteproyectos ya han sido aprobados por el Gobierno y remitidos al Parlamento para su tramitación, que en este momento se encuentra en la fase de presentación de enmiendas, informa Efe. Los informes, fechados en junio y disponibles en la página web del regulador energético, señalan que la trasposición de las Directivas comunitarias en materia de electricidad y gas podría ser el instrumento adecuado para la incorporación de modificaciones normativas dirigidas a reforzar la independencia de la CNE El organismo regulador pide que se suprima el recurso de alzada previsto en la Disposición Adicional Undécima de la Ley del Sector Eléctrico dado que la CNE no está integrada en la estructura jerárquica del Ministerio, ni su- bordinada jerárquicamente al ministro Según el regulador energético, este tipo de recursos se compadece mal con la independencia que la CNE ha de tener en el marco de la Directiva Los informes explican que la supresión de estos recursos no ha de generar ningún tipo de indefensión ni mermar las garantías de los sujetos afectados por las decisiones ya que éstas siempre podrán recurrirse por la vía judicial o mediante recurso de reposición ante la propia CNE. En la actualidad, Industria estudia los cinco recursos de alzada presentados contra el dictamen del organismo regulador por el que se aprobó con condiciones la opa del grupo alemán E. ON sobre Endesa. Los recursos han sido formulados por E. ON, Endesa, Gas Natural, Iberdrola y una asociación de accionistas minoritarios. En la misma línea, los informes piden que se suprima el párrafo de la Dis- posición Adicional Undécima de la Ley del Sector de Hidrocarburos que permite al ministro de Industria, al secretario de Estado o a un alto cargo en quién deleguen asistir a las reuniones del consejo de la CNE cuando lo juzguen preciso a la vista de los asuntos incluidos en el orden del día Según la CNE, la supresión sería coherente con la independencia de los reguladores que predican las Directivas comunitarias y eliminaría la asimetría respecto a otros organismos como la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones o la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Potestad de resolver expedientes Además, la CNE pide que se le atribuya la potestad de resolver los expedientes sancionadores por falte leve en materia de electricidad. Ahora, el regulador energético tiene competencias para iniciar los expedientes e instruirlos, pero la imposición de sanciones corresponde al Consejo de Ministros (faltas muy graves) al ministro de Industria (faltas graves) y al director de Política Energética (faltas leves) En este punto, la CNE plantea también la necesidad de ampliar el plazo máximo para resolver los expedientes sancionadores, que quedaría fijado con carácter general en doce meses. Maite Costa FRANCISCO SECO Alerta sobre el impacto de los Estatutos autonómicos en la estabilidad presupuestaria Y. G. MADRID. El proceso descentralizador abierto en el último año con los desarrollos estatutarios de varias comunidades autónomas incrementa los riesgos para la estabilidad presupuestaria. Esta es una de las principales conclusiones del Consenso Económico correspondiente al cuarto trimestre de 2006, que elabora PricewaterhouseCoopers desde hace ya siete años a partir de un panel de 346 expertos y empresarios. El monográfico dedicado a los Presupuestos Generales del Estado de 2007 refleja la mayoritaria aproba- ción por parte de los expertos consultados del objetivo de superávit fiscal del 0,7 del PIB. Sin embargo, alertan sobre los desequilibrios presupuestarios que pueden generar las concesiones económicas previstas en los nuevos estatutos en una coyuntura que, previsiblemente, experimentará una paulatina ralentización del crecimiento a partir del próximo año. Los expertos, que en su mayoría- -un 70 -consideran oportuna la rebaja del IRPF, creen que el incremento de la inversión en infraestructuras debería repartirse según un cri- terio que primara las comunidades con peores dotaciones, con el objetivo de fomentar la cohesión económica y social sin incurrir en favoritismos de otra índole. A juicio de los economistas y empresarios encuestados habría, además que cambiar la estructura de las políticas de gasto, aumentando las dotaciones para educación, orden público y seguridad, protección del medio ambiente y sanidad, y reduciendo las correspondientes a defensa y servicios públicos, entre otras áreas. Respecto a la evolución de la economía española, los expertos elevan sus estimaciones de crecimiento medio del PIB en 2006, del 3,25 al 3,36 y en 2007, del 2,82 al 2,99 pero dos de cada tres panelistas encuestados anticipan una desaceleración en los dos o tres años siguientes a 2007, más o menos acusada en función de la coyuntura internacional.