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4 Opinión LUNES 16 10 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Sociedad, Cultura y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Nacional) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar LEY DE OPAS, EN BUSCA DE LA TRANSPARENCIA A reforma de la actual normativa sobre opas aprobada el pasado viernes por el Gobierno pretende principalmente dotar de mayor transparencia al mercado, proteger al accionista minoritario y, con la llamada reciprocidad con otros países permitir a las empresas españolas utilizar medidas defensivas sin limitación alguna cuando la oferta de compra proceda de una compañía extranjera. Este proyecto de ley se tramitará por vía de urgencia para que entre en vigor en la próxima primavera y se debe, básicamente, a la transposición de dos directivas comunitarias, ya aplicadas en otros países. No tiene carácter retroactivo, por lo que no afecta a las opas actualmente en curso, ni a las que puedan producirse hasta su entrada en vigor, algo que puede impulsar nuevas opas, según los expertos. Bienvenidas sean, en cualquier caso, cuantas medidas doten a nuestros mercados de normas claras que impidan cualquier tentación de intervencionismo de los poderes públicos; de transparencia que evite abusos; de mayor protección a los accionistas minoritarios y de una armonización de nuestra normativa con la aplicada en muchos países de la UE, nuestros principales competidores. La mejora de algunos aspectos de la nueva ley, como las ofertas en sobre cerrado o mayores exigencias de información, queda para el trámite parlamentario y su posterior desarrollo en el correspondiente reglamento. El proyecto de ley de opas simplifica los supuestos para lanzar una opa por el cien por cien de una empresa y establece que tendrá que hacerlo quien compre al menos el 30 por ciento de los derechos de voto. Elimina, pues, las polémicas opas parciales. En los supuestos en que un accionista tenga, a la entrada en vigor de esta ley, un porcentaje de votos de entre el 30 y el 50 por ciento, éste debe formular una opa por el total, bien cuando alcance el 50 por ciento, bien si aumenta su participación en un 5 por ciento durante un año. La nueva normativa obligará, por otra parte, a que las medidas defensivas que adopte el consejo de administración de una sociedad ante una opa tengan la autorización de la junta de accionistas, excepto cuando la operación proceda de una sociedad extranjera. También deberá someterse a la junta la eliminación o mantenimiento de blindajes, y se exige a las sociedades cotizadas que informen sobre aspectos importantes para el éxito de una opa. Entre ellos, las indemnizaciones extraordinarias de directivos. En principio, todos estos requisitos están llamados a hacer más transparentes los mercados financieros, lo que aumentará la confianza de inversores, agentes y empresas, algo esencial en una economía de libre mercado. Esta ley debería servir también de vacuna contra el libre arbitrio, el intervencionismo público o el abuso, pero también debería ser aprovechada por algún organismo regulador- -por ejemplo, y sin ir más lejos, la CNMV- -para aumentar su escasa autoridad y eficacia. L EL VALOR DE LA LIBERTAD RELIGIOSA UNQUE haya sido a través de episodios no siempre loables, en las sociedades más avanzadas del mundo- -empezando por el Occidente que llamamos cristiano- -hace tiempo que hemos logrado convivir positivamente con los fenómenos religiosos. La fórmula mágica se basa en el principio de que las creencias privadas deben ser protegidas bajo el paraguas de la libertad de conciencia, pero siempre sabiendo que ese amparo no puede ser invocado en caso de que esas creencias entren en contradicción con las grandes verdades que también hemos considerado universales (la democracia, la igualdad entre hombres y mujeres o el derecho a la vida, por ejemplo) Por tanto, la libertad de conciencia debe tener también como contrapartida la obligación de intentar acercarse a las verdades universales. De otro modo, tal libertad se convierte en un camino de inevitable desmembración social o en un pretexto para justificar cualquier extravagancia folclórica o seudo- filosófica. Es un mecanismo que cualquiera puede comprender y que hasta ahora ha demostrado sobradamente su eficacia. Por ello, las sociedades occidentales deberían tener suficientes resortes morales para imponerlo en momentos en los que algunas de esas verdades universales son puestas a prueba. En cambio, asistimos al dramático espectáculo de ver cómo el fruto de todos esos siglos de sofisticación intelectual se resume en una conciencia colectiva asfixiada por esas aparentes contradicciones en el núcleo de nuestro pensamiento. Cegada por una tendencia feroz a la autocrítica, la civilización que durante siglos ha diseñado una fructífera separación entre el cristianismo y la política se encuentra ahora sin defensas ante una especie de religiositis desencadenada por una parte mayoritaria de los musulmanes, que se resiste a aceptar algunas de nuestras verdades universales y que, al mismo tiempo, exige el amparo de la libertad de conciencia. Que en un país con una tradición de tolerancia como Gran Bretaña se haya llegado a la aberración de sancionar a una mujer por exhibir un crucifijo, o que haya causado escándalo el comentario de Jack Straw sobre la conveniencia de utilizar o no cier- A tos tipos de velo islámico demuestra hasta qué punto estamos confundidos sobre la naturaleza del problema. Después de decenios de multiculturalismo militante, las polémicas sobre el velo en Francia o el ingreso de Turquía en la UE conducen frecuentemente a un callejón intelectual sin salida. El diálogo interreligioso, como el que un grupo de líderes musulmanes ha propuesto al Vaticano, resulta positivo, pero sólo es un remedio paliativo, porque se trata de un camino que por definición no puede pasar de las creencias personales. La negociación exclusivamente política no sirve tampoco de gran cosa, puesto que en casi todos los países musulmanes la política aún está subordinada a la religión. El Papa Benedicto XVI ha abierto con lucidez un debate que está en la mente de todos, pero su autoridad está sólo en la conciencia de los católicos. Por ello, lo primero que necesitamos es definir la situación de forma realista y reconocer que no estamos ante un conflicto ni de religiones ni de civilizaciones, sino ante una crisis entre el islam radical y casi todas las bases de la modernidad. Y ése es un dilema que por desgracia sólo los musulmanes están en condiciones de resolver. Para evitar que los efectos de ese conflicto afecten a nuestra convivencia, lo que nosotros, como sociedades avanzadas, debemos reforzar no es en exclusiva la defensa de nuestras creencias religiosas, sino la de los principios universales que forman los cimientos de nuestra civilización. Los hemos compatibilizado con la conciencia social derivada del cristianismo y ahora deberíamos ser capaces de ayudar a los musulmanes que viven entre nosotros a que entiendan que de ellos se espera también ese esfuerzo de aproximación a los valores cívicos en los que se basa el éxito de las sociedades que compartimos. No sobra, pues, recordar de nuevo que todos estamos obligados a ser tolerantes, excepto con los intolerantes, y que la armonía sólo será posible si estamos de acuerdo colectivamente en basar nuestra convivencia en esos principios básicos que consideramos moral y hasta científicamente universales, y no en las creencias individuales, cualquiera que sea la religión a la que pertenezcan. INTERNET Y LAS REGLAS DEL JUEGO A sociedad de la información y del conocimiento genera una dinámica empresarial que desborda los cauces tradicionales. Así lo confirma la compra multimillonaria por parte de Google de YouTube, un portal de distribución de vídeos gratuitos alimentado por los propios internautas. Los jóvenes empresarios que crearon el portal van a seguir al frente de la gestión de un negocio que cuenta con un volumen de unos cien millones de visitas mensuales. Google- -el buscador por excelencia- -ha pagado un alto precio, pero ya es líder mundial en dos de las tres grandes áreas de negocio de la red (búsquedas y vídeos) al tiempo que conseguirá importantes ingresos publicitarios. Estamos, tal vez, ante el nacimiento de la marca de la década, como referencia de un nuevo mundo que desborda la era Microsoft Poco después de la fatídica primavera de 2000, que puso en crisis a muchas empresas, se ha producido un proceso de consolidación empresarial, impulsado por la recuperación bursátil y la liquidez de que disfrutan las grandes corporaciones, así como por el apoyo de los fondos de capital riesgo. En definitiva, se anuncia un futuro prometedor para este sector. Sin embargo, la solidez de estos mercados es puesta en L cuestión por algunos analistas. Ante todo, porque la globalización económica sigue desarrollando su actividad en un marco jurídico estatal, con una legislación poco sensible a las nuevas tecnologías y unos jueces que desconocen en buena medida las claves de ciertas operaciones de apariencia especulativa. El problema de los derechos de autor en manos de un tribunal poco dispuesto a admitir los argumentos de Google podría dar lugar a una cadena de pleitos. Hay quien dice que estamos en presencia de un gigante con pies de barro, que suscita además el lógico rechazo en ámbitos ya consagrados, como el sector editorial o las productoras y distribuidoras de cine y programas de entretenimiento. Pocos discuten las ventajas evidentes de la globalización en una economíade libre mercado, pero los principios de seguridad jurídica, respeto a la propiedad intelectual y transparencia de los intercambios mercantiles deben quedar a salvo en cualquier caso. Convendría, por tanto, fijar con claridad las reglas del juego en un ámbito decisivo para el buen funcionamiento de la economía internacional, en el que se debe favorecer al empresario activo y creador de riqueza, y poner trabas a los que a toda costa buscan dar un pelotazo sin fronteras.