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4 Opinión DOMINGO 15 10 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Sociedad, Cultura y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Nacional) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar EUROPEÍSMO AERONÁUTICO A crisis del Grupo Europeo de Aeronáutica y Defensa (EADS) abre un escenario propicio para pasar de las declaraciones europeístas a los hechos, concretamente para favorecer un proyecto aeronáutico europeo más plural, que dé juego a un mayor número de países o que, por ejemplo, permita a socios como España incrementar su participación accionarial dentro del consorcio. Especialmente si, como parece, el plan de ajuste de Airbus- -que representa el 80 por ciento del negocio de EADS- -acaba forzando un replanteamiento del diseño estratégico del grupo y, con él, de la distribución actual del conjunto del accionariado. Que las cosas no van bien dentro del consorcio aeronáutico europeo es evidente. Mientras las ventas del modelo 787 Dreamliner de Boeing se disparan, Airbus no puede cumplir los compromisos de entrega de los pedidos de su avión insignia: el flamante y ambicioso A- 380. De este modo, la batalla transatlántica que libran los dos colosos aeronáuticos occidentales tiene por el momento un claro perdedor europeo, situación que puede agravarse en los próximos meses si se confirma que Airbus puede llegar a acumular pérdidas de casi 5.800 millones de euros hasta 2010. En este sentido, cada vez parece más claro que los retrasos en las entregas se deben tanto a fallos estructurales dentro del diseño de gestión del proyecto Airbus como a una pérdida de confianza en la imagen de EADS. Noticias como la salida de British Aerospace o el deseo de DaimlerChrysler de reducir su presencia accionarial han dañado gravemente el crédito del consorcio; por no hablar de dudosas maniobras empresariales como las que han permitido a Rusia entrar en el accionariado con una importante participación o a Noël Forgead, copresidente del consorcio, vender sus participaciones antes de que se conociera el incumplimiento de entrega de los A- 380 comprados por Singapore Airlines y Emirates. Las dificultades del escenario por el que tendrá que atravesar en los próximos años EADS requiere algo más que buenas palabras y reediciones del mismo proyecto, que, hasta el momento, se han empeñado en controlar en exclusiva Francia y Alemania. Es indudable que el modelo ensayado ha sido un fracaso, requiriendo fórmulas de gestión más eficaces que eviten que Europa pueda perder el nivel tecnológico que le permita seguir compitiendo en el sector aeronáutico mundial. EADS requiere flexibilizar y dinamizar la rígida estructura que mantiene apostando, como decía la canciller Merkel, por inversores fiables a largo plazo y que sientan apego por el proyecto, algo que difícilmente se podrá conseguir si París y Berlín siguen empeñados en funcionar, tal y como acaba de verse durante la reciente cumbre franco- alemana, como un eje industrial que no está dispuesto a rebajar la cuota accionarial que controlan dentro del consorcio. Es hora de europeísmo, sí, pero de los hechos, no de buenas palabras. L BATASUNA Y SU LEGALIZACIÓN AS admoniciones del presidente del Gobierno sobre las circunstancias que permitirían a la izquierda proetarra contar con un partido legalizado y blindarse frente a acciones judiciales han causado una justificada polémica jurídica y política. Si Rodríguez Zapatero lanza a varias bandas- -a la izquierda proetarra, pero también a los jueces- -el mensaje de que una nueva Batasuna no tendría problemas con la Ley de Partidos y estaría inmunizada por causas judiciales anteriores, no sólo está asumiendo innecesariamente la carga de legalizar a quienes, a día de hoy, son ilegales porque forman parte de ETA, sino que también está anunciando la línea de actuación de su Gobierno en caso de que se den determinadas condiciones. En términos jurídicos, lo que afirmó Zapatero es, en el mejor de los casos, un ejercicio de voluntarismo desde todo punto de vista. Por lo pronto, está completamente fuera de lugar que el jefe del Ejecutivo se convierta en monitor jurídico de la izquierda proetarra, hipotecando el margen de actuación que debe conservar el Gobierno como único legitimado activamente- -junto con el MinisterioFiscal- -para demandar judicialmente la ilegalización de un partido político. En segundo lugar, la mera alteración estatutaria y nominal de Batasuna no implica la desaparición de los efectos de su ilegalización al amparo de la Ley de Partidos- -especialmente, el fraude de ley en caso de que otra formación diera continuidad política a Batasuna- -y de su actual suspensión cautelar, por aplicación del artículo 129 del Código Penal. Batasuna no fue ilegalizada ni suspendida por circunstancias coyunturales- -como no condenar la violencia ante uno u otro atentado- sino por su naturaleza de organización terrorista. Por eso, afirmar que la condena de la violencia daría vía libre a la legalización de un partido de la izquierda proetarra es una forma de confundir a la sociedad sobre la verdadera naturaleza del entramado batasuno, apéndice de la organización terrorista. En tercer lugar, ETA ha tenido legalizada durante veinte años una facción política, lo que demuestra la irrelevancia de los estatutos de un partido y del acto administrativo de su inscripción en el Ministerio del Interior para convalidarlo democráticamente. Lo importante no es lo que la nueva formación nacionalista diga en sus estatutos, sino su vinculación orgánica y funcional con ETA, que es lo que ha llevado a Bata- L suna a su ilegalidad y disolución. La doctrina del Tribunal Constitucional sobre la Ley de Partidos no modifica este planteamiento, como ahora parece que el Gobierno pretende hacer ver, pues todas las sentencias dictadas hasta el momento- -tanto por el Supremo como por el TC- -han sentado una doctrina restrictiva sobre los requisitos para la ilegalización de un partido. Lo que resulta absurdo es que esa misma jurisprudencia que avala, punto por punto, la ilegalización de Herri Batasuna, Euskal Herritarrok, Batasuna y Aukera Guztiak sea ahora utilizada en sentido contrario para facilitar la vuelta a la legalidad, con las dosis oportunas de maquillaje, de quienes fueron expulsados del ordenamiento jurídico por la Ley de Partidos. Sólo una absoluta y total desvinculación del nuevo partido respecto de ETA y de su entramado político evitaría la aplicación de la ley, escenario que, en las condiciones actuales, es pura quimera. Cuestión distinta es el mensaje político que ha emitido el presidente del Gobierno, en el que no hay imprudencia, sino cálculo medido, porque Rodríguez Zapatero es consciente de que la Ley de Partidos Políticos está muerta si el Ejecutivo o el Ministerio Fiscal decide no instar su aplicación judicial. Es a partir de este monopolio efectivo sobre la acción judicial de disolución de un partido como Rodríguez Zapatero se atreve a afirmar- -y a pretender que la sociedad lo secunde- -que una nueva Batasuna no tendrá problemas: no los tendrá simplemente porque el Gobierno no está dispuesto a que los tenga y siempre que la Sala Especial del TS decida no actuar de oficio en ejecución de la sentencia de 2003 contra Batasuna. En lo que yerra el presidente es en su seguridad de controlar todos los resortes del Estado de Derecho para que ninguno interfiera en las decisiones políticas que soportan el proceso de negociación con ETA. Un nuevo partido de la izquierda radical no eximirá a ningún dirigente proetarra de sus causas penales pendientes. Es decir, Otegi, Permach, Barrena y compañía seguirán con sus procesamientos e imputaciones como integrantes de ETA y deberán responder ante la Audiencia Nacional. Pero también, llegado el caso, el nuevo partido estaría expuesto al Código Penal- -como sucede en la actualidad con el Partido Comunista de las Tierras Vascas- -y a las acciones populares de las asociaciones de víctimas. URNAS CATALANAS, CLAVES NACIONALES MPIEZA esta noche la campaña electoral en Cataluña, presa del síndrome post- estatutario de una sociedad que mostró escaso entusiasmo en el referéndum de junio. El reto está en levantar el ánimo de unos ciudadanos cansados de una clase política más ocupada en falsos y radicales debates identitarios que en prestar atención a los problemas reales. Además, en estos comicios se juega no sólo el futuro inmediato de Cataluña, sino una parte decisiva del mapa político nacional. Una hipotética alianza entre PSC y CiU sería el anticipo de un pacto posterior a las elecciones generales que pondría en marcha el plan diseñado por Zapatero y Artur Mas en la entrevista con la que salvaron del naufragio al Estatuto, y con la que dieron un giro en la política de pactos. Desde entonces, el tripartito saltó por los aires, Maragall fue sacrificado y ERC dejó de ser el socio favorito del PSOE en Madrid. El inconveniente para Zapatero, de prosperar esta hipotética alianza CiU- PSC, sería la condena al ostracismo de Montilla, a quien los sondeos no encumbran precisamente hasta la presidencia de la Generalitat y de quien Maragall se despide con un regalo la encuesta oficial de la Generalitat, que otorga casi dos puntos de ventaja a CiU y sitúa a Montilla en un la- E mentable séptimo puesto en valoración de líderes, por debajo de Saura o Puigcercós. La gran baza de Montilla pasa por una reedición del tripartito. Artur Mas abre la campaña con perfil de vencedor. Lleva la iniciativa y juega una carta típicamente nacionalista, buscando la complicidad de los desengañados de ERC. Anunciar hace unos días su disposición a declarar ante notario que no piensa pactar con el PP fue, además de un brindis al sol, una declaración significativa: CiU se siente fuerte, como refleja la distribución de un millón de copias de un polémico y demoledor vídeo, Confidencial Cat con los errores de Maragall, Carod y Saura. También Piqué se juega mucho: la versión más moderada del PP está sometida a un férreo escrutinio desde otros sectores del partido, aunque sea evidente que Cataluña no es una plaza sencilla para los populares. Así lo demuestran las intolerables agresiones sufridas por sus líderes, merecedoras por cierto de una condena- -y de una respuesta- -más contundente desde instituciones y partidos. Sin duda, las elecciones en Cataluña no sólo revelarán claves sobre el poder autonómico. También serán un diagnóstico sobre la salud de la legislatura de Zapatero.