Patrocinado Por:

Volver

Resultados de la búsqueda

Resultados para
ABC VIERNES 13 10 2006 Nacional 21 La Comisión Europea amenaza a España con el Tribunal de la UE si no cambia la Ley Urbanística Valenciana Bruselas insiste en que la LUV no respeta la directiva sobre contratos públicos b La posibilidad de cambiar las condiciones de una concesión de una obra pública en el momento de su adjudicación, entre los reproches de la Comisión Europea L. VILLENA, M. NÚÑEZ BRUSELAS. La Comisión Europea (CE) instó ayer a España a modificar la actual Ley Urbanística Valenciana (LUV) que desde el pasado 1 de febrero reemplaza a la antigua y polémica Ley reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) y que, según Bruselas, continúa violando la directiva comunitaria de contratación pública. La advertencia de Bruselas, la segunda de este año, viene en forma de dictamen motivado y podría llevar a España ante el Tribunal Europeo de Justicia si el Gobierno no se ajusta a la directiva comunitaria en un plazo de dos meses. El dictamen motivado es la segunda fase del procedimiento de infracción de la Comisión Europea contra un Estado miembro, previo a la denuncia ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. La CE abrió el procedimiento de infracción contra España el pasado 4 de abril por considerar que la nueva ley no remediaba las posibilidades de infracción que se detectaban en la ley de 1994, la LRAU, y tras la respuesta no satisfactoria de las autoridades españolas la CE se ha visto obligada a recordar los puntos que violan la norma comunitaria que regula los contratos públicos. Según el Ejecutivo comunitario los planes de acción integrada (PAI) de la política urbanística del Ejecutivo valenciano son contratos públicos, en tanto que son atribuidos por autoridades locales a los agentes urbanísticos para el abastecimiento de servicios públicos de infraestructuras y, por tanto, están sujetos a las normativas europea de mercados públicos. No obstante, las autoridades valencianas no consideran que los PAI sean contratos públicos, por lo que no tienen que atenerse a la normativa comunitaria. de las distintas concesiones que se realizan. A lo anterior se le añade una cosa sorprendente desde el punto de vista de la Comisión Europea, como es el hecho de que la autoridad que otorga la concesión de la obra pública pueda cambiar el contrato en el momento de la atribución o durante la realización del mismo. Esto supone una enorme inseguridad jurídica para los posibles adjudicatarios de las obras desde el punto de vista financiero, además del orga- nizativo ya que no pueden prever ni los plazos ni los ingresos que se derivarían de la adjudicación de una obra pública en Valencia. Amonestaciones previas Pero Bruselas en este caso va más allá y recuerda a las autoridades españolas que las amonestaciones de las que les acusa ahora no son nuevas, es decir, no están sólo en la actual LUV, sino que ya aparecían en la norma ante- rior que también fue objeto de críticas en su día por parte de los servicios de Mercado Interior de la Comisión Europea. El hecho de que Bruselas considere un contrato público los PAI es uno de los asuntos centrales del enfrentamiento que mantienen desde hace años el Gobierno español y la Comisión Europea, entre cuyas principales misiones está la protección y defensa del mercado interior de la Unión Europea. Desde el punto de vista del Ejecutivo comunitario la unidad del mercado interior es uno de los pilares de la construcción europea y el hecho de que una autoridad, ya sea local o nacional, conceda de manera arbitraria la adjudicación de las obras públicas, altera de manera frontal esta idea, que ha sido recogida además en numerosas directivas que son de obligada trasposición a las legislaciones nacionales de los diferentes Estados miembros. Numerosas grúas cerca de la valenciana playa de la Malvarrosa ABC Valencia insta a Bruselas a dirimir el asunto ya en los tribunales A. C. VALENCIA. El Gobierno valenciano se mostró ayer tajante ante el tercer ultimátum que recibe por parte de la Comisión Europea (CE) respecto a su legislación urbanística. Ante la reiteración de las autoridades comunitarias, la secretaria autonómica de Territorio, Cristina Serrano, instó a la CE a trasladar el caso al tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas para que la Generalitat pueda defender la Ley Urbanística Valenciana Numerosas irregularidades Entre las irregularidades que reprocha el comisario europeo de Mercado Interior, el irlandés Charlie McCreevy, a las autoridades valencianas figura, por ejemplo, que a pesar de que la última norma, la LUV, simplifica el proceso se selección de empresarios adjudicatarios de las obras, sigue siendo contraria a las directivas que regulan este tipo de actuaciones en Europa. Además, según Bruselas, Valencia no ha atendido la razonable petición de los licitadores de la obra de abrir al público las condiciones y los criterios (LUV) ya que es este organismo quien tiene la última palabra Así, la posición del Ejecutivo regional es inamovible. Frente a la solicitud de las autoridades de Bruselas de modificar la ley- -aprobada a finales del pasado año- en aspectos como el que regula la figura del agente urbanizador, el Gobierno valenciano se mantiene firme, ya que la LUV se ajusta totalmente a la normativa europea y mejora la legislación anterior que provocó las quejas de usua- rios británicos, que propiciaron la reprimenda del Parlamento Europeo a la Generalitat. Sin embargo, para los responsables del Ejecutivo valenciano, que preside el popular Francisco Camps, en estos momentos la Unión Europea no está criticando el urbanismo valenciano, sino que se trata de un debate jurídico y técnico que, precisamente, hace referencia al aspecto concreto sobre el agente urbanizador que recoge la directiva europea 2004 18. Además, la secretaria autonómica recordó que el Gobierno central todavía no ha incorporado esta directiva comunitaria a la legislación española. De hecho, en el artículo 6 de la ley del Suelo se cita al agente urbanizador con el único apunte de que debe ser seleccionado bajo los principios de concurrencia y publicidad, pero no hace alusión alguna a la directiva de la UE. Por tanto, subrayó Serrano, el Gobierno contradice en dos leyes las recomendaciones de Bruselas.