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ABC JUEVES 12 10 2006 Nacional LA CAMPAÑA CATALANA LA DISPUTA INSTITUCIONAL 13 catalana un ambiente de relativa impunidad en comparación con las legislaciones más estrictas de sus países de origen. Estos grupos estarían detrás de la oleada de atentados contra oficinas de empleo y cajeros automáticos que sufrió Barcelona en 2005. El TC admite a trámite el recurso del Defensor del Pueblo contra el Estatuto Múgica cuestiona la constitucionalidad de 109 artículos porque vulneran el derecho a la igualdad (el primero fue el del PP) los recursos contra el Estatuto de Cataluña que serán analizados en profundidad por el Tribunal Constitucional N. C. MADRID. Trece días después de admitir a trámite el recurso del Partido Popular contra el nuevo Estatuto de Cataluña, el Tribunal Constitucional ha hecho lo mismo con el que planteó el Defensor del Pueblo. La decisión, que es la prevista en la ley para este tipo de contenciosos, supone que el máximo intérprete de la Constitución analizará si la norma autonómica encaja o no en la Carta Magna. El Defensor del Pueblo, que presentó su recurso el pasado 19 de septiembre, duda de la constitucionalidad de 109 artículos y cuatro disposiciones adicionales del Estatuto catalán. Enrique Múgica señaló en ese momento b Con éste, son ya dos ERC llevará al TC que el catalán no se use en las Cortes Una delegación de ERC encabezada por Josep Lluís Carod- Rovira entregó ayer en el Congreso una primera remesa de 500 cartas en las que se reclama al presidente de la Cámara, Manuel Marín, que permita el uso del catalán en el Parlamento y deje de rechazar los textos que ayuntamientos, grupos municipales y particulares le remiten en esta lengua. Los independentistas catalanes están dispuestos a recurrir al Tribunal Constitucional si Marín hace caso omiso a esa reivindicación. Además, Carod anunció que propondrá en la campaña electoral una reforma de la ley de Política Lingüística de Cataluña con el objetivo de garantizar el derecho de los inmigrantes a conocer el catalán. Manuel Marín respondió a las quejas de ERC con el argumento de que el Congreso no rechaza los documentos redactados en catalán que llegan a la Cámara Baja, sino que solicita una versión en castellano- -en el caso de que carezca de ella- -para facilitar su tramitación y conocimiento por lo órganos competentes Colaboración judicial Pese a todo ello, y concretamente en relación con el fenómeno okupa los Mossos aseguran que la violencia ha descendido en el último año, coincidiendo con su entrada en Barcelona y parte del área metropolitana relevando a la Policía Nacional. Así, y tal y como se asegura desde la policía autonómica, se han producido muchos desalojos sin que estos hayan trascendido, algo que se atribuye en buena medida a la mayor colaboración con el estamento judicial, que ha hecho por ejemplo que las ordenes para realizar los desalojos no tengan una fecha fija, sino que se marcan dentro de un plazo más amplio. Esto permite a la Policía actuaciones por sorpresa e impide a los okupas prepararse para responder. Más o menos concienciados socialmente, politizados de manera muy superficial, repudiados cada vez en mayor medida por los vecinos, la heterogeneidad caracteriza al colectivo okupa de Barcelona. En todo caso, nadie duda de su influencia. Hasta marcan la agenda de los ministros europeos. que su recurso pretende salvaguardar el valor superior de la igualdad en el que se fundamenta la Constitución frente a las desigualdades entre ciudadanos que, a su juicio, provoca en muchos aspectos el Estatuto. Cinco días de plazo Además de los recursos del PP y del Defensor del Pueblo, el Tribunal tramita el que planteó la Comunidad de Murcia. Sobre este último, el Constitucional dictó ayer una providencia para dar al recurrente un plazo de cinco días con el fin de que complete su recurso. El Ejecutivo murciano deberá concretar qué artículos del Estatuto pretende impugnar así como aportar al Tribunal certificación del acuerdo del Consejo de Gobierno al que se refiere en su demanda. Además de estos tres recursos ya formalizados, han anunciado que impugnarán el Estatuto catalán las comunidades de Aragón, Valencia, La Rioja y Baleares.