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22 Nacional MIÉRCOLES 11 10 2006 ABC La Seguridad y Barcelona Los radicales marcan la agenda No es la primera vez que la presión de los grupos antisistema obliga a suspender una cumbre en Barcelona. En junio de 2001, por ejemplo, el Banco Mundial decidió cancelar su reunión prevista en la capital catalana por miedo a acciones violentas, en un momento en el que se producía la eclosión del movimiento antiglobalización: un mes después moriría en Génova un joven italiano durante las marchas contra el G 8. En marzo de 2002, una Barcelona sitiada acogía la cumbre de jefes de Estado de la UE, que acabaría con violentos enfrentamientos entre grupos antisistema y la Policía. Al margen de estas grandes citas, Barcelona ha vivido en los últimos años periódicos estallidos de violencia, casi siempre vinculados al movimiento okupa con peligrosas derivadas con grupos de anarquistas europeos. En alguno de estos casos, las fuerzas de seguridad han dado muestras o bien de bisoñez- -en el caso de los Mossos- -o bien de inacción- -como fue el caso de la Guardia Civil en la crisis del Aeropuerto de El Prat- Policía autonómica, Tura insistió en que la decisión no es policial y que corresponde al Gobierno en exclusiva. Rubalcaba puntualizaría luego que la decisión la toman ambos. Cuervo afirmó que el Ayuntamiento se siente traicionado mientras que el alcalde Jordi Hereu reclamó que la cumbre se celebre cuanto antes y que no hay razones para suspenderla El ministro Rubalcaba, ayer en Sabadell durante el acto de cesión de un cuartel de la Guardia Civil al Ayuntamiento EFE El Gobierno claudica ante los antisistema y suspende la cumbre de vivienda de la UE Interior temía un fuerte estallido de violencia okupa en Barcelona b Malestar en la Generalitat y el Ayuntamiento al ponerse en entredicho su capacidad policial. El Gobierno relaciona su decisión con el inicio de la campaña electoral ÀLEX GUBERN BARCELONA. El temor a la acción violenta de grupos antisistema, en coincidencia con el inicio de la campaña de las autonómicas catalanas, llevó ayer al Gobierno a anunciar la suspensión- -quizás aplazamiento- -de la cumbre sobre vivienda que los ministros de la UE del ramo tenían que celebrar en Barcelona el próximo lunes y martes. Según anunció el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y después de una reunión entre mandos policiales y responsables políticos del Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat y la delegación del Gobierno, se decidió por unanimidad sugerir al Ministerio de Vivienda la conveniencia de no celebrar la cumbre. En materia de seguridad más vale prevenir que curar apuntó Rubalcaba. Por contra, tanto la Generalitat como el Ayuntamiento negaron que esa decisión fuese unánime y atribuyeron toda la resposanbilidad al Gobierno. Con la seguridad en el primer plano de la agenda política, y en plena campaña electoral, se ha preferido evitar riesgos. La constatación por parte de los servicios de información policiales de que grupos de la órbita okupa y antisistema estaban preparando acciones violentas para los dos días de reuniones, así como por el hecho de que el comienzo de la campaña- -en la madrugada de domingo a lunes- -podía dar a estos grupos una proyección sobredimensionada, son las razones concretas esgrimidas para justificar la suspensión. El hecho coincide con el rebrote de los episodios de violencia okupa en Barcelona, donde el pasado jueves se llegó a ver el lanzamiento de cohetes mediante un bazoka casero en una manifestación. Poco rato después de conocerse la decisión saltaba la polémica al sostener tanto la consellera de Interior, Montserrat Tura, como el portavoz municipal, José Cuervo, que ninguna de estas dos administraciones hubiese solicitado el aplazamiento, y que el dispositivo preparado por los Mossos d Esquadra- -que cumplen un año desde su despliegue en Barcelona- -era el adecuado. Ante la posibilidad de que la suspensión pudiese suponer un cuestionamiento de la capacidad de la PP: Se ha cedido al chantaje Sea como fuere, la cancelación se ha interpretadocomo una claudicación ante los grupos radicales, un análisis compartido por el PP. Tanto su presidente en Cataluña, Josep Piqué, como el presidente del grupo municipal, Alberto Fernández, señalaron que se ha cedido al chantaje de forma vergonzosa Ambos atribuyeron esta situación a la histórica tolerancia del Consistorio con respecto a estos grupos. La Generalitat recusa a un magistrado del TC que tendrá que pronunciarse sobre el Estatuto ABC BARCELONA. La Generalitat acordó ayer plantear incidente de recusación contra el magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Roberto García- Calvo Montiel en el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP al Estatuto y ya admitido a trámite. El bipartito considera que las opiniones expresadas en su voto particular el pasado mes de marzo- -cuando el Alto Tribunal desestimó el recurso de amparo presentado también por el PP, en ese caso contra la tramitación del Estatuto- revelan la pérdida de imparcialidad que requiere un proceso de este tipo, en palabras del portavoz del Gobierno y consejero de la Presidencia, Joaquim Nadal. En su voto particular, García- Calvo definía la reforma estatutaria catalana como una anómala maniobra que constituye un grave atentado a la Carta Magna El portavoz del Gobierno catalán consideró que la rotundidad y radicalidad de los argumentos del magistrado y la forma en que brutal y directamente afecta al cuerpo mismo de la legitimidad del texto estatutario hacen que el Ejecutivo autonómico crea tener razones suficien- tes para recusarlo y pedir su inhibición. Nadal explicó además que la Cámara regional debatirá y votará hoy en una Mesa y Junta de Portavoces extraordinaria la posibilidad de presentar también por su parte incidente de recusación al mismo magistrado, con lo que la coincidencia de Gobierno y Parlamento en este recurso puede ser plena en la defensa de la constitucionalidad del Estatuto ante el TC. El mismo Nadal telefoneó ayer al presidente del Parlamento, Ernest Benach, para comunicarle la decisión del Consejo Ejecutivo de la Generalitat de recusar al magistrado, informa Europa Press. El Gobierno catalán acordó también personarse en el proceso judicial y solicitar una prórroga al plazo de alegaciones para poder presentar sus argumentos en defensa del texto estatutario.