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4 Opinión MIÉRCOLES 11 10 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Sociedad, Cultura y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Nacional) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar HUMILLACIÓN ANTE LOS OKUPAS H LA ONDA EXPANSIVA DEL ÁCIDO BÓRICO A resolución dictada ayer por el juez Baltasar Garzón en el caso del ácido bórico se ajusta plenamente a la competencia de la Audiencia Nacional para conocer los delitos de terrorismo y a la suya en particular como instructor. Garzón se inhibió a favor de los juzgados de instrucción comunes en la investigación de la presunta falsedad del informe pericial de 21 de marzo de 2005, porque no era competente para instruirla, tal y como, por dos veces, había decidido la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Pero quedaba a salvo de esta inhibición la relevancia que pudiera tener, en el sumario incoado a Hassan el Haski, la posesión del ácido bórico incautado en diciembre de 2004 en su domicilio de Tenerife. Finalmente, el juez Garzón ha considerado que dicha sustancia no es relevante para fines terroristas, por lo que archiva la pieza separada que abrió con motivo de la remisión, por parte de la Fiscalía, de los polémicos informes de 21 y 22 de marzo de 2005. Sin embargo, Garzón va más allá en la valoración del dictamen inicial suscrito por los tres peritos a los que luego imputó y les reprocha haber pretendido generar una apariencia de vínculo entre ETA y el 11- M sin sustento real alguno pues el antecedente del ácido bórico en el piso franco localizado a un comando etarra en Salamanca era irrelevante, pese a lo afirmado en sentido contrario por los peritos imputados. Para Garzón, la posterior supresión de la referencia a ETA fue oportuna y la única legal y posible argumento que exonera a los mandos de la Policía Científica que decidieron la versión definitiva del informe. No obstante, estos hechos están siendo investigados en un juzgado de instrucción de plaza de Castilla, que será quien decida con plena competencia sobre las posibles imputaciones por las falsedades documentales que se hayan cometido. Por tanto, la consecuencia más importante de este auto del juez Garzón es que desmonta un nuevo intento de los teóricos de la conspiración para aumentar la confusión L y la sospecha sobre las instituciones del Estado y forzar a un sector de la opinión pública a negarle a jueces, fiscales y policías todo crédito en la investigación del mayor atentado terrorista cometido en España. De paso, esos mismos instigadores de la discordia buscan atrapar al Partido Popular en una táctica de gestos y discursos antisistema, de la que Rajoy, oportunamente, se ha distanciado hasta el punto preciso que le permita, como única oposición y alternativa al PSOE, establecer libremente sus prioridades políticas y abordar, cuándo y cómo crea oportuno, el atentado del 11- M en su actividad opositora. Tratándose de la defensa de las instituciones del Estado de Derecho, el Consejo General del Poder Judicial desaprovechó ayer la ocasión de comportarse como el órgano constitucional encargado de velar por la independencia judicial. El ingenioso argumento de que Garzón no merece su amparo porque se ha inhibido en la investigación de la presunta falsedad de los informes sobre el ácido bórico es legalmente erróneo, ya que Garzón mantenía la competencia en cuanto al fondo de esos informes- -la utilidad o no de esa sustancia para fines terroristas- y es gravemente oportunista porque el daño a la independencia judicial no caduca por la inhibición del juez en el asunto concreto. Si así fuera, bastaría cualquier circunstancia que implicase un cambio de competencia- -no sólo una inhibición, también el traslado del caso a un tribunal superior por efecto de un recurso de apelación o casación- -para denegar el amparo al juez que hubiera sido inquietado. Cuando Garzón fue vejado e insultado estaba investigando unos hechos con apariencia delictiva, y esto es lo que debía importar al CGPJ. Como siempre, estas decisiones pensadas ad hominem se convierten en peligrosos precedentes para que en el futuro, cuando el CGPJ cambie de mayoría, sean otros- -y por otras decisiones- -los jueces a los que se les aplique esta peligrosa doctrina sobre la protección de la independencia judicial. SI BONO FUERA CANDIDATO P ARECE que José Bono está dispuesto a interrumpir el periodo de descanso que reclamaba hace pocos meses para justificar su salida del Ministerio de Defensa, y que aquel viejo juramento de no disputar una elección con Alberto Ruiz- Gallardón puede formar parte del guión de promesas incumplidas. El PSOE recurre a Bono para plantar cara al PP en el Ayuntamiento de Madrid, y lo hace convencido de que su nombramiento puede romper la unidad del voto popular en cantidad suficiente como para llevarse por delante las aspiraciones de Esperanza Aguirre y del actual alcalde de Madrid. Que nadie se lleve a engaño: el PSOE, con Bono, busca recuperar Madrid no desde la movilización del voto de izquierdas, sino de la movilización reactiva del voto de derechas. En la biografía del probable candidato figura un episodio reciente, la supuesta agresión, nunca confirmada, sufrida por parte de militantes del PP que fueron ilegalmente detenidos, según sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid. Nadie debería olvidar tampoco la fidelidad a las consignas de su partido- -como, por otra parte, no podía ser de otra manera- -en sus actuaciones en relación con el Yak- 42, ni el papel que desempeñó en el llamado caso del lino con un frontal ataque a la entonces ministra de Agricultura, Loyola de Palacio. Tampoco será difícil para sus adversarios rescatar algunos episodios de su etapa en Castilla- La Mancha, en los que defendió a ultranza las pretensiones autonómicas frente a la ciudad que ahora aspira a gobernar. Como efecto indirecto, el perfil del aspirante socialista beneficia la candidatura popular en la región de origen de Bono al desactivar la injusta acusación a María Dolores de Cospedal de ser una paracaidista que aterriza en territorio ajeno. El asunto tiene una lectura de política general. La imagen centrista de Ruiz- Gallardón preocupa no sólo en el PSOE, sino en ciertos sectores de su propio partido, para los cuales una derrota electoral en mayo sería la mejor forma de desactivar sus aspiraciones. La pinza está servida. Con la anuencia interesada de quienes prefieren otras estrategias, el PSOE podría ser el gran beneficiado. El objetivo de Zapatero es provocar la disensión en el PP, utilizando para ello a quienes están dispuestos a ganar la batalla interna aunque sea a costa de hundir las posibilidades del centro derecha en 2008. Mucha gente de buena fe ha visto con sorpresa cómo medios supuestamente afines a los populares desarrollan una campaña contra el alcalde. Sería una operación redonda para el PSOE, que de una sola tacada conseguiría recuperar uno de los emblemas populares, neutralizar a un rival temible en las urnas y hasta poner las bases de una falsa oposición de apariencia españolista para que todo quede en casa. ACÍA ya bastantes meses que, de pura parálisis e inactividad, el ínclito Ministerio de Vivienda y su inefable titular no daban que hablar. Como ahora no sólo suben los precios de las viviendas, sino que también aumentan las hipotecas, después de aquella ocurrencia de las zapatillas y los pisos de 35 metros cuadrados, prácticamente no se había vuelto a oír a la ministra María Antonia Trujillo. Tal vez por ello haya causado doble sorpresa su reaparición política, anunciando la escandalosa decisión de suspender la reunión de ministros europeos de Vivienda en Barcelona por temor a la reacción vandálica de los llamados okupas y antisistema Lo único que faltaba escuchar en relación a este departamento, de manifiesta inoperancia, es que, llegado el caso, no tiene inconveniente en aceptar la humillación de someterse públicamente a la amenaza de una pandilla de facinerosos violentos, sin otro ánimo que el de ahorrarse problemas de mala imagen en la campaña electoral, como si no fuera bastante mala la estampa de esta claudicación. En una sociedad civilizada no puede haber pretextos para imponer criterios o intereses por la fuerza, y lo que hacen los okupas no tiene justificación. Por ello, no es aceptable el argumento expresado por el ministro del Interior, según el cual y en estos casos, más vale prevenir porque lo que se ha hecho es precisamente dar alas a los violentos y- -lejos de prevenir nada- -anticipar futuras expresiones antisociales y destructivas que, sin duda, se organizarán con la esperanza de doblegar el frágil espíritu del Ejecutivo socialista. Desde que en 1999 este tipo de protestas en las reuniones de relevancia internacional se pusieron de moda en todo el mundo, no se tenía noticia de que un Gobierno civilizado hubiera cambiado su agenda política al ritmo de los vociferantes; de haberlo hecho, no habría habido lugares en el planeta lo bastante seguros para celebrar reuniones. Los ministros europeos que estaban invitados a esta reunión se habrán hecho a la idea de que Barcelona es una ciudad sin ley y de que se vive en las calles un ambiente insurreccional que las autoridades municipales, autonómicas o nacionales no son capaces de controlar. Mientras los responsables municipales presumen de haber domesticado a bandas violentas como los Latin Kings con la fórmula mágica de traducir su denominación al catalán, a la hora de la verdad resulta que se ponen a temblar ante un grupo de vándalos que, para colmo, son supuestamente los destinatarios de la acción benefactora del Ministerio en cuestión. Dicho de otro modo, los barceloneses pueden celebrar sus actividades sociales privadas o públicas, no porque las autoridades legítimas sean capaces de garantizar la seguridad general, sino porque a las pandillas de okupas aún no se les ha ocurrido boicotearlas.