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4 Opinión LUNES 9 10 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Sociedad, Cultura y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Nacional) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar LA LIBERTAD AMENAZADA EN RUSIA E RAJOY RECORTA DISTANCIAS OS datos que ofrece el barómetro de otoño de ABC sobre intención de voto demuestran que el tirón del alto el fuego anunciado por ETA el 22 de marzo pasado ha amainado, si es que no ha quedado neutralizado. Según esta encuesta, y tomando como referencia el barómetro de primavera realizado inmediatamente a continuación del anuncio de tregua, en seis meses el PP ha recortado al PSOE 3,3 puntos porcentuales, hasta una diferencia de 4,4 puntos a favor de los socialistas. Si hoy se celebraran elecciones generales, el PSOE obtendría el 42,7 por ciento de los votos, y el PP, el 38,3 por ciento. Estos porcentajes- -que expresan una diferencia inferior a la que se produjo el 14 de marzo de 2004- -definen una reconducción del estado de opinión a niveles más críticos y reflexivos sobre los asuntos de política nacional, superado el impacto que produjo el cese de atentados terroristas y el inicio del proceso de diálogo con ETA. Rodríguez Zapatero capitalizó entonces todo el valor político del anuncio de los etarras con un claro distanciamiento en apoyo popular frente al PP. Ahora, el desarrollo de los acontecimientos en el proceso de diálogo con ETA ha enfriado el ánimo ciudadano y por eso corren paralelos el descenso de intención de voto al PSOE y el aumento del escepticismo ciudadano sobre la tregua de los terroristas. En concreto, los escépticos han aumentado catorce puntos respecto a marzo pasado, cuando alcanzaban el 36 por ciento de los encuestados, frente al 52 por ciento actual, es decir, una clara mayoría. Por su parte, quienes se manifestaban esperanzados hace seis meses eran el 52 por ciento y ahora han bajado al 44 por ciento. En todas las preguntas sobre el proceso de negociación (si la tregua acerca o no a la paz, si ETA puede volver o no a la violencia) las respuestas negativas son mayoritarias, destacando el 56 por ciento que considera que no se cumplen las condiciones aprobadas por el Congreso de los Diputados en mayo de 2005 para iniciar el diálogo con los terroristas. Este último dato es de suma trascendencia porque revela que los ciudadanos no aprecian que las decisiones del Gobierno estén avaladas por el Parlamento, L pero tampoco por un análisis objetivo de las intenciones y de los actos de los terroristas. El escenario político, por tanto, ha absorbido la novedad de la tregua. Pero aún resta conocer el resultado del proceso de negociación con ETA y Batasuna, que obligará al Gobierno a poner negro sobre blanco lo que hasta ahora se está manteniendo en la trastienda de conversaciones absolutamente opacas. El desgaste para Rodríguez Zapatero a cuenta del proceso de paz con ETA- -además de otros factores, como la crisis migratoria- -no ha concluido y cabe presumir que, si finalmente la mesa política reclamada por ETA Batasuna se constituye, funciona y concluye con acuerdos, ese desgaste puede aumentar notablemente en función de cómo perciban los ciudadanos el saldo final de la negociación. Una ETA satisfecha, que no se disuelve ni se desarma, puede decantar definitivamente a la opinión pública en contra del Gobierno. Obviamente, la encuesta también concierne al Partido Popular en la medida en que, si bien recupera posiciones, no revierte a su favor de manera decisiva la pérdida de apoyo que sufre el Gobierno. Rajoy- -quien cuenta con una alta fidelidad de su electorado- -se encuentra así ante un escenario en el que sus expectativas dependen fundamentalmente de su propio partido y de una acertada organización de mensajes, prioridades políticas y presencias públicas. A la vista de las dos entregas del barómetro de ABC, la sociedad española no avala la política del Gobierno en las dos cuestiones más importantes que tiene planteadas en la actualidad: el terrorismo y la inmigración. Las condiciones son, por tanto, muy favorables al PP, y lo seguirán siendo siempre que sea capaz de centrar el debate social y político sobre estos asuntos y no secundar la estrategia de crispación que, al alimón, están ejecutando tanto quienes, diciéndose afines a los populares, buscan anular su capacidad de maniobra e instalarlos en la radicalidad, como el Gobierno, para asegurarse una participación similar a la del 14- M y, por tanto, el voto del electorado de la izquierda más extremista. DOBLE MORAL CON GARZÓN A valoración de las decisiones judiciales, el desarrollo de juicios paralelos, la implicación de derechos fundamentales (honor, fama, intimidad, imagen) en la crónica judicial, constituyen los elementos de un equilibrio inestable entre prensa y justicia, lo que, por otro lado, es consustancial a un Estado democrático, basado en el control de las instituciones por la opinión pública. La dificultad de predeterminar límites a la hora de valorar informativamente la actuación de los tribunales no significa que tales límites no existan en forma de principios fundamentales, como la independencia judicial, o de interdicciones concretas, como la difamación, la injuria o la calumnia. La Justicia es un poder público y, como tal, susceptible de crítica por los medios de comunicación y por los ciudadanos. Lo que no se integra en este cuadro constitucional de la libertad de información y de la independencia judicial, es la subversión de la función informativa- -esto es, trasladar a los ciudadanos informaciones veraces y opiniones críticas- -para encubrir tras ella verdaderas cacerías contra jueces o cualquier otra clase de funcionario público, sólo porque sus decisiones no secunden una de- L terminada estrategia editorial. Si grave es este proceder en cualquier caso, más lo es cuando, a mayor abundamiento, se basa en una doble moral, que permite decir hoy de un juez exactamente lo contrario que tiempo atrás, sin más diferencia que la desafección personal, subjetiva e interesada, de quien le juzga. Buen ejemplo de esta utilización cínica de la libertad de crítica es el tratamiento que el diario El Mundo está dando en las últimas semanas al juez Baltasar Garzón. En estas páginas editoriales se ha juzgado con severidad y muy negativamente algunas actuaciones de este polémico juez de la Audiencia Nacional, tanto como se le ha reconocido su aportación decisiva para ejecutar judicialmente el rearme legal del Estado frente al terrorismo. Por eso, ni entonces era la quintaesencia de la Justicia ni hoy es un villano con toga. Pero no es esto lo que nuevamente se sustancia en la retahíla de injurias que ha recibido el juez del diario El Mundo sino otro episodio lamentable de doble moral por parte de medios y periodistas que sólo actúan en función de sus propios y exclusivos intereses, superpuestos a cualquier exigencia ética y de servicio público. L asesinato de la periodista Anna Politkóvskaya ha dejado en el ambiente político moscovita una inquietante atmósfera que evoca negros tiempos, que en Rusia, como en cualquier país civilizado, deberían haberse dado por archivados definitivamente. Se trata de un acto infame y cobarde con el que se ha pretendido callar una voz incómoda dedicada a encender la luz en los callejones oscuros del Kremlin. El crimen es una clara señal de alarma ante la deriva que hace más de un lustro sigue la política de este país clave para la estabilidad mundial: tan graves son para Rusia las implacables acusaciones que Politkóvskaya hizo de las prácticas del presidente Vladimir Putin y su entorno institucional y financiero como la respuesta criminal que éstas han generado. La única reacción aceptable por parte del Kremlin en estas circunstancias sería no el silencio, sino una condena sin paliativos del crimen y el lanzamiento de una investigación implacable que pudiera identificar al autor material y desenmascarar las fuerzas que le han teledirigido. Para disipar las sospechas que el asesinato ha generado, sólo hay una posible actitud: esclarecer el crimen, detener a los responsables y llevarlos ante la justicia cuanto antes para que paguen por ello. Lamentablemente, desde el año 2000 ha habido en Rusia una docena de asesinatos de periodistas críticos sin aclarar y no puede ser aceptable en ningún caso que la muerte de Anna Politkóvskaya se limite a engrosar esta vergonzosa lista. Por el contrario, si las autoridades no son capaces o renuncian a afrontar esta situación, si la sociedad rusa no reclamase el mayor castigo para los autores materiales e intelectuales de este crimen, entonces habría que denunciar que Rusia está en grave peligro. La democracia sólo puede conjugarse con la libertad, y si un ciudadano ha de jugarse la vida para criticar a su Gobierno, entonces no hay libertad. La muerte de un periodista no tiene ni más ni menos valor que la de cualquier ser humano. Pero cuando se trata, como en este caso, de una venganza ante la crítica limpia y pacífica, es toda la sociedad la destinataria de los disparos. Asesinando a Anna Politkóvskayha no sólo han quitado la vida a una mujer, también han enviado un mensaje a todo el país, amenazando a cualquiera que piense hacer lo mismo que ella. Politóvskaya ya ha pagado con su vida, pero será la sociedad rusa la que pague con su libertad si ahora no sabe reaccionar con valentía. El próximo día 20, el presidente Putin va a sentarse en Finlandia con los miembros del Consejo Europeo, que celebrarán una reunión informal. Se trata de una ocasión que los dirigentes comunitarios no deben dejar pasar sin hacerle conocer las graves preocupaciones que suscita este cobarde asesinato.