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4 Opinión DOMINGO 8 10 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Sociedad, Cultura y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Nacional) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar DOS CANDIDATOS PARA UNA NUEVA FRANCIA LGO está cambiando en Francia. La crisis y la parálisis pueden quedar atrás después de cinco años de agonía y conflicto. Por lo pronto, los franceses tienen ante sí la posibilidad de vivir unas presidenciales en 2007 muy distintas a las anteriores. Si las zancadillas de sus compañeros de partido no lo impiden, Francia tendrá que elegir entre Nicolas Sarkozy y Ségolène Royal. Si así fuera, si ambos fueran finalmente los candidatos de la derecha y la izquierda al Eliseo, el país habría ganado mucho con respecto a lo sucedido en 2002. Por lo pronto, los franceses no tendrían que decidir entre el conservadurismo acartonado de Chirac y la pestilente bravuconería neofascista de Le Pen. Lo que les movería a votar sería algo tan importante como la ilusión. De hecho, tener que elegir entre dos candidatos como Sarkozy o Royal supone de antemano un revulsivo para una sociedad que parece haber comprendido que no puede seguir viviendo como hasta ahora. Cada uno a su manera, ambos encarnan muy bien las expectativas de una Francia nueva, dispuesta y propicia a los cambios y las reformas después de los reveses y decepciones vividos a lo largo de estos años. Conscientes, precisamente, de que hay una ciudadanía receptiva a que Francia resurja de la lenta, pero progresiva, decadencia en la que vive sumida desde hace más de veinte años, los dos son políticos de garra y empuje que están dispuestos a ejercer el liderazgo democrático que el país necesita y espera. De ahí que exhiban estilos enérgicos, que buscan el cuerpo a cuerpo con el electorado y que no eluden el ejercicio responsable de la autoridad y la decisión. Pertenecientes a una generación que ha vivido el colapso de la gerontocracia política de la V República, Sarkozy y Royal apuestan por una forma de hacer política más fresca y dinámica, apegada a la ciudadanía y sus necesidades más reales. Y aunque su objetivo político parece ser el mismo- -ocupar el espacio del centro sociológico con políticas de moderación y eficacia gestora- sin embargo, difieren en la estrategia, ya que Royal incide en la imagen efectista de propuestas puntuales de fuerte contenido pragmático mientras que Sarkozy defiende propuestas basadas en ideas y valores que combinan reflexión y emocionalidad. De este modo, Sarkozy trataría de abrir brecha aprovechando la que parece ser la principal crítica que cosecha la candidata socialista: la falta en su programa de un discurso de calado que evite el populismo que se percibe en las iniciativas que promueve en materia de seguridad, familia o educación. En cualquier caso, sea cual sea el vencedor en 2007, lo que parece indudable es que Francia tiene ante sí una oportunidad de ver cómo renace el optimismo en un país apático y ensimismado hasta la irrupción de ambos en la arena política. Toda una lección. A INMIGRACIÓN Y TERRORISMO A inmigración, al margen de ideologías y de opciones políticas, se ha convertido ya en el principal problema para los españoles, seguido a gran distancia por el terrorismo, según se desprende del Barómetro de otoño realizado para ABC por Demoscopia. El 41 por ciento de los encuestados manifiesta su preocupación por un asunto ante el que una abrumadora mayoría (76 por ciento) cree que el Gobierno ha hecho gala de improvisación. Revelador resulta el porcentaje de votantes socialistas (69 por ciento) que cuestiona la capacidad del Ejecutivo para afrontar la situación con una política clara y concisa. Pocas veces un problema ha concitado tanta unanimidad y pocas veces el electorado socialista y del PP han coincidido tanto en el diagnóstico. Si a ello añadimos el dato de que son sustancialmente más los españoles que consideran que el PP gestionó con mayor acierto la política inmigratoria, parece obvio que el PSOE se encuentra en una compleja y delicada situación que amenaza con frustrar sus expectativas electorales, más aún cuando un 45 por ciento de los entrevistados establece una relación causa efecto entre la actual situación y el proceso de regularización puesto en marcha en 2005 por el Ejecutivo. Uno de cada tres votantes del PSOE sustenta esta opinión, que se extiende progresivamente en el electorado a medida que crece la percepción del problema en la opinión pública. Igualmente notorio resulta el dato de que dos de cada tres españoles creen que España ha alcanzado el máximo nivel de inmigración, lo que obliga a una primera reflexión: mientras distintos organismos públicos y privados insisten en que la estabilidad del mercado de trabajo y del crecimiento económico depende, en gran medida, de que el sistema siga incorporando inmigrantes, los españoles parecen pensar lo contrario. De nuevo, la percepción de la calle parece moverse por derroteros distintos al de los informes de los expertos. A tenor del resultado de la encuesta- -coincidente con otras que han visto la luz en meses pasados- -parece obvio que los españoles consideran que ha fracasado la política inmigratoria del Gobierno, obligado a rectificar sobre la marcha y empeñado aho- L ra en una compleja estrategia de acercamiento al PP por la vía de un pacto de Estado que el principal partido de la oposición rechaza, al considerar- -no sin razón- -que obedece a un movimiento táctico con el que el Gobierno pretende descargar el peso de sus errores pasados. Mariano Rajoy ya dejó clara su postura, ratificada este fin de semana en la conferencia interterritorial sobre inmigración, en la que propuso un amplísimo abanico de medidas para tratar de paliar el problema demostrando capacidad de reacción ante un asunto sensible en el que se erige como sólida alternativa frente a la ineficacia del Gobierno. Tras la inmigración, el terrorismo sigue ocupando un lugar destacado entre los grandes problemas. Al cumplirse un semestre de la declaración de alto el fuego permanente de ETA crece y se extiende el desánimo en la opinión pública, desvaneciéndose- -según pone de manifiesto el Barómetro- -el optimismo que revelaba la anterior encuesta publicada por ABC a los pocos días del comunicado etarra. Si hace medio año, un 65 por ciento se mostraba esperanzado, frente a un 31 por ciento que no ocultaba su escepticismo, la situación ha dado un giro sustancial, siendo ahora una mayoría del 52 por ciento la que se muestra escéptica frente a un 44 por ciento que aún conserva intacta su esperanza. El incremento del terrorismo callejero, la exhibición de ETA y de algunos de sus presos más sanguinarios, como Txapote y Bilbao, y, sobre todo, la ausencia de información en torno a un proceso plagado de incógnitas, han provocado el vuelco y frustrado los anhelos de una inmensa mayoría de españoles. Hoy, el 74 por ciento considera que es perfectamente posible que ETA vuelva a utilizar las armas, un porcentaje similar al que ofrecían los sondeos con motivo de la tregua etarra en 1998. Más grave para el Gobierno resulta el hecho de que un 56 por ciento de los encuestados considera que no se dan las condiciones aprobadas en el Congreso para un eventual diálogo con ETA. Sustancial giro que complica el escenario y el horizonte político que maneja el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero en un momento especialmente delicado por la presión creciente de ETA Batasuna. MADRID, UNA COMUNIDAD AGRAVIADA AS cifras y los datos demuestran que el Gobierno socialista está practicando una política discriminatoria con los madrileños, a los que ha convertido en rehenes de su batalla política con la Comunidad, cuya presidenta, Esperanza Aguirre, ha denunciado la fuerte reducción de las inversiones del Estado. La idea de que a Zapatero no le importa Madrid ha calado en la opinión pública y puede tener una influencia notable en las urnas. La presidenta regional califica los presupuestos de sangrantes e injustos para la Comunidad y reta a la ministra de Fomento a que explique qué hará en 2007 con el dinero de los madrileños. Los ciudadanos perciben con claridad que es posible financiar el Metro y al mismo tiempo anunciar rebajas de impuestos. Los populares han dado prioridad a la eficacia en la gestión y el servicio a los ciudadanos por encima de disputas estériles sobre la identidad o el reparto de cuotas de poder. Los resultados saltan a la vista. La Administración madrileña es a día de hoy el emblema de la oposición en sus expectativas de recuperar la confianza de la mayoría a nivel nacional, al igual que ocurre en otros ámbitos como la Comunidad Valenciana. L Aprobado el Estatuto catalán, el Ejecutivo tiene que hacer frente a un compromiso de financiación que le exige concentrar en Cataluña una parte sustancial de las inversiones, aunque los nacionalistas, en plena campaña electoral, siguen sin estar satisfechos. Las cuentas se atienen a una regla elemental: si unos salen ganando, otros resultan perjudicados. En este caso, los números ofrecen un resultado concluyente que el Gobierno no consigue ocultar bajo argumentos de apariencia técnica: Madrid y los madrileños pierden con los Presupuestos diseñados por el Gobierno de Rodríguez Zapatero. La maniobra del PSOE para recuperar la joya de la corona del Partido Popular es tan burda que amenaza con convertirse en un bumerán para las aspiraciones socialistas. Su objetivo permanente de todos contra el PP se convierte en un absurdo todo contra Madrid ante el que los madrileños, por encima de ideologías, habrán de responder en las urnas el próximo año. Aunque Rodríguez Zapatero insiste en que Madrid le importa mucho, castigar a los votantes en los territorios que gobierna el adversario es el mejor camino para perder otra vez las elecciones.