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4 Opinión SÁBADO 7 10 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Sociedad, Cultura y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Nacional) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar PACTO POR LA LEY DE DEPENDENCIA A aprobación en el Congreso de la ley de Dependencia ha resultado ser una magnífica demostración de que los milagros existen en la política. El PSOE y el PP decidieron el jueves concederse un respiro en su cruenta batalla diaria y, aunque fuera por unos instantes, abandonaron sus trincheras para pactar una ley que reconoce a los ciudadanos un nuevo derecho subjetivo y que obligará al Gobierno y a las comunidades a atender a más de un millón de personas que dependen de terceros para cualquier actividad, por básica que sea. Y siendo, como es, imprescindible para la fortaleza de una democracia que los dos grandes partidos pacten leyes, lo que atribuye sensatez a su conducta y aumenta sus mermadas expectativas de credibilidad ante el ciudadano, no deja de resultar chocante, sin embargo, que diputados que un día intercambian reproches de enanismo moral se unan sólo unas horas después para votar conjuntamente una ley. Gracias a este paupérrimo nivel en las acusaciones entre PSOE y PP, de nula solidez argumental y peor gusto, lo que en realidad es un ejercicio de responsabilidad parlamentaria- -alcanzar acuerdos con el oponente para legislar de la manera más satisfactoria posible- -corre el riesgo de ser identificado por la sociedad como un ejemplo de hipocresía política. No ha de ser así. Un acuerdo de estas características, prácticamente inédito en esta legislatura, debe ser bienvenido. Lo óptimo sería que no se tratase de una excepción y que cada votación arrojase cifras similares a las de la ley de Dependencia, con 295 diputados socialistas y populares a favor. Esto es, que el modelo fuese exportable a más leyes. Pero siendo realistas, ni la cercanía de trascendentes procesos electorales para ambos partidos ni la renuncia de Zapatero a especular con el concepto discutido y discutible de la nación española permiten aventurar futuros pactos de calado entre PSOE y PP. Y más cuando hasta en las leyes consensuadas, como ésta, el PSOE impone que pierda su originario carácter nacional De otra parte, el voto en contra de CiU, PNV, EA y NB, intransigentes en su impostura nacionalista y obcecados en el victimismo de quien por sistema se dice invadido en sus competencias, sólo es demostrativo de la endeblez moral de unos partidos que anteponen el falso debate sobre la titularidad de competencias en la España plurinacional de Zapatero al interés de los ciudadanos. Como si la titularidad competencial importase mucho al postrado dependiente La ley parte de una necesidad social evidente y de una buena intención política. Ahora, el deber de los poderes públicos es encauzar su satisfactoria ejecución, especialmente con la dotación de partidas presupuestarias suficientes. Sólo el tiempo dirá si lo son los 12.600 millones que tanto el Gobierno como las autonomías deben destinar en 15 años. Además, aún están en el aire el tratamiento de enfermos mentales, las ayudas técnicas y, sobre todo, la clarificación del sistema de copago, una clave aún no resuelta. Es de esas leyes en las que las palabras, sin hechos, servirán de poco. L EL CONTROL DE LAS FRONTERAS C ON el acuerdo al que han llegado en materia de transmisión de datos personales de los viajeros, Europa y Estados Unidos han coincidido una vez más en situar la lucha contra el terrorismo en el lugar preferente de su agenda común. El dilema entre seguridad y libertad que nos ha sido impuesto por los enemigos de las sociedades abiertas va a seguir siendo durante mucho tiempo el elemento central de la actividad política, y, por desgracia, sabemos que ésta no será la última ocasión en la que tengamos que pararnos a sopesar el precio que estamos pagando por seguir siendo libres. En este caso, Europa ha podido hacer constar su sensibilidad específica en un campo que afecta directamente a los derechos fundamentales de los ciudadanos sin que ello menoscabe la eficacia de una colaboración esencial para todos, pero no cabe ignorar que la tendencia en estos momentos avanza por desgracia hacia medidas de mayor rigor, no en sentido contrario. Es más, probablemente en la próxima versión de este acuerdo, que caducará el año que viene, ya se incluirá la necesidad de que sean también controlados por las autoridades europeas los viajeros que entran en territorio comunitario, incluyendo los que provienen de Estados Unidos. A efectos prácticos, este acuerdo permitirá poner fin a una peligrosa situación de indefinición jurídica en la que las compañías de aviación se encuentran en estos momentos, forzadas por un lado a entregar la información personal de sus clientes a las agencias de seguridad norteamericanas bajo amenaza de severas multas, pero sin reglas claras para defenderse de eventuales acusaciones sobre violaciones de la intimidad por parte de los usuarios. La Comisión Europea podría haber actuado con más rapidez para evitar este periodo de interinidad, pero al menos ha demostrado que trabajaba siendo consciente de que no podía prolongarlo por más tiempo. No puede haber libertad sin seguridad, ni seguridad que no esté basada en la libertad de los ciudadanos. No cabe duda de que cada paso que damos para protegernos, entregando a cambio de parcelas de nuestros derechos personales, son pequeñas victorias de los terroristas. Si llegase un momento en el que por miedo a los atentados o por exceso de reglas protectoras decidiéramos que es mejor quedarnos encerrados en casa, ya nos habrían vencido del todo. Por ello no basta con las medidas puramente defensivas como ésta. Las sociedades libres están amenazadas y cada vez es más evidente que la supervivencia de nuestras libertades depende de la capacidad que desarrollemos para defenderlas, ya sea en el aeropuerto de Barajas o en el de Afganistán. En el caso español, las Fuerzas de Seguridad han hecho un esfuerzo notable para adaptar su experiencia a la creciente amenaza exterior, pero, al mismo tiempo, el Gobierno haría bien en contemplar con criterios más pragmáticos el control de nuestras fronteras, puesto que en estos últimos años cualquier fórmula de entrada en España se ha convertido en un coladero que utilizan tanto gentes necesitadas que huyen desesperados de la miseria en sus países de origen como otros que puedan tener distintas intenciones. No es razonable estar pensando en pedir datos de los norteamericanos que vengan a España y seguir ignorando que de esta situación de descontrol y puertas abiertas pueden estar aprovechándose los criminales y los terroristas. La política de cerrar los ojos ante el trasiego de ciudadanos sin documentos en los pasos fronterizos o de abandonar sin referencias en las ciudades españolas a cientos de personas que no pueden ser repatriadas, pudiera ser en el futuro un factor que complique enormemente la labor de las Fuerzas de Seguridad y del que se aprovechen entonces mentes criminales. Hasta ahora, entre libertad y seguridad, el Gobierno parece haber optado por la dejadez del que decide ignorar un peligro mirando hacia otro lado. Y en estas circunstancias se trata de una actitud claramente irresponsable. SECTARISMO EN CATALÁN A Generalitat sigue empeñada en ofrecer una imagen reduccionista y unilateral de la cultura de cara a la Feria de Frankfurt de 2007. Cuando el consejero Mascarell proclama que sólo es catalana la literatura escrita en catalán, comete un error histórico, político y sociológico, pero sobre todo atenta contra el más elemental sentido común. Barcelona es el centro de una industria del libro en español que tiene proyección mundial, y los autores catalanes que escriben en castellano ocupan posiciones del más alto nivel en el canon de nuestra literatura. Su exclusión empobrece la presencia de Cataluña en la feria más importante del mundo, ofreciendo ante los profesionales más relevantes una lamentable imagen de localismo. El sectarismo de los políticos impedirá a nuestros editores aprovechar una oportunidad que tardará años en repetirse. Sin embargo, la ridícula pretensión de encerrar la cultura en un círculo estrecho y acotado está destinada al fracaso. Por fortuna, los creadores y el público no están dispuestos a tolerar un dirigismo inaceptable. En la práctica, la sociedad vive con naturalidad el bilingüismo, excepto en las instituciones en las que la clase política impone sus propias reglas: de hecho, en el Parlamento autonómico sólo se habla en catalán, en notorio contraste con los medios de comunicación o la experiencia en la calle. En plena recta final de cara a las elecciones, algunos L partidos rivalizan en la búsqueda de patentes de nacionalismo. La protesta de perfil bajo de José Montilla al reclamar que se tengan en cuenta a los que escriben en castellano es fiel reflejo del difícil equilibrio en que actúa el candidato del PSC. De momento, muchos siguen jugando al victimismo sin que les importe la existencia del nuevo Estatuto: según dicen, el catalán es una hormiga que convive con un gigante. Otros gastan el dinero público en encargar ensayos sobre las claves de su literatura a figuras de relumbrón en la crítica internacional. Es una curiosa fórmula para resucitar la rancia teoría del carácter de los pueblos, abandonada hace mucho por los investigadores serios. Todavía hay tiempo para encauzar la presencia de Cataluña en Frankfurt en la feria del año próximo. Hace falta una mentalidad abierta, buen sentido comercial y altura de miras sobre el significado de la cultura. España es en su conjunto una gran potencia cultural, que cuenta con una lengua de primer rango universal, plenamente compatible con la promoción y difusión de las lenguas cooficiales en determinadas comunidades autónomas que enriquecen el patrimonio común. Sería muy útil para todos (editores, escritores y ciudadanos en general) que, después de las elecciones, la política del libro de la Generalitat estuviera a cargo de responsables mejor preparados y menos sectarios.