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4 Opinión JUEVES 5 10 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Sociedad, Cultura y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Nacional) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar CENSURA FALLIDA EN VALENCIA A moción de censura contra Francisco Camps es buena prueba de la debilidad política del socialismo valenciano. Las limitadas expectativas electorales del PSPV no han mejorado en absoluto como consecuencia de un debate que, según las encuestas, era ignorado poco antes de su celebración por el 60 por ciento de los ciudadanos. El discurso reiterativo de Joan Ignasi Pla apenas encuentra eco social. Carece de sentido empeñarse en la responsabilidad del Gobierno autonómico por el accidente del Metro. Criticar los supuestos casos de corrupción urbanística no resulta muy oportuno cuando la Generalitat acaba de retirar las competencias al respecto al Ayuntamiento alicantino de Catral, gobernado por los socialistas. Ni siquiera una hipotética debilidad del PP provocada por los seguidores residuales de Zaplana parece un argumento apropiado para un partido como el PSPV que sufre- -desde años- -un profundo desgarro interno. La división es tan profunda que algunos sectores apuntan la tesis de que la moción encubre una maniobra para buscar un nuevo candidato ante las próximas elecciones, una vez amortizado el ineficaz liderazgo de Pla. Ferraz contempla con pesimismo la situación, asumiendo que la Comunidad Valenciana seguirá una legislatura más en mano de los populares. En el mejor de los casos, el objetivo que pretendía alcanzar este debate parlamentario consiste en escenificar un nuevo capítulo del supuesto aislamiento de su adversario, aunque salta a la vista la inconsistencia de la fórmula todos contra el PP cuando este último partido cuenta con la mayoría absoluta. La moción de censura está concebida por la Constitución y los estatutos de autonomía como una moción constructiva según el modelo del constitucionalismo alemán. Esto significa que el candidato alternativo debe ofrecer un programa novedoso y convincente que permita superar una situación de crisis o desgobierno. Como es notorio, no es ésta la realidad que vive la Comunidad Valenciana, próspera y dinámica, percibida a escala nacional como uno de los emblemas del poder territorial del PP. El intento de ofrecer como recambio una especie de pacto al estilo balear, con el PSPV como eje de una constelación de pequeños partidos, carece del más mínimo atractivo ante las urnas. El candidato Pla no ha pasado el examen ante la Cámara y se esfuman de este modo sus ya escasas posibilidades. En cambio, sale fortalecida la imagen de Francisco Camps, un político de centro- derecha que combina la eficacia en la gestión con la defensa de los principios básicos. En todo caso, la dinámica de una moción de censura favorece siempre al presidente actual, que no sufre apenas desgaste, mientras su adversario es sometido al escrutinio de la Cámara. Fallida la maniobra parlamentaria, los socialistas tienen mucho trabajo por delante para buscar una salida a la debilidad endémica de sus líderes en la Comunidad Valenciana. L EL ESCENARIO QUE QUERÍA ETA N I la mejor de las voluntades puede interpretar la actitud del Gobierno hacia ETA con criterios favorables de firmeza y seriedad. El llamado proceso de paz, que no es otra cosa que un proceso de negociación política con los terroristas, ha llegado a un punto en el que está en juego no sólo el futuro político de Rodríguez Zapatero, la estabilidad de su Gobierno o la vuelta de los terroristas a la violencia homicida, sino también el mantenimiento del Estado democrático y de Derecho, tal y como ha sido defendido frente a ETA desde 1978. Las advertencias sobre el bloqueo del proceso y las amenazas de ruptura han sido, otra vez, eficaces. La aparición de tres encapuchados en un monte de Oyarzun haciendo alarde de sus armas, y el ultimátum de ETA y Batasuna para dar pasos concretos han sido respondidos, según informaba ayer ABC, con la decisión de constituir la mesa política que reclamó Otegi en la Declaración de Anoeta, el 14 de diciembre de 2004, y apoyada expresamente por ETA en el comunicado de 16 de enero de 2005. La agenda etarra es lo único que se está cumpliendo a mandamiento. El Gobierno no ha esperado a la voluntad inequívoca del abandono de las armas, como se acordó en el Congreso. Tampoco convocó el Pacto Antiterrorista, ni Rodríguez Zapatero informó- -menos aún pidió autorización- -al Pleno de la Cámara Baja. La kale borroka no ha sido, finalmente, óbice para seguir el proceso de negociación y la ilegalización de Batasuna se soslaya en el magma de los discursos presidenciales sobre la paz. Sin embargo, ETA declaró que las instituciones europeas deberían analizar el conflicto entre Euskal Herría y los estados (comunicado de noviembre de 2005) y el PSOE ha provocado un pleno del Parlamento europeo sobre el diálogo con los terroristas, lo que Batasuna ha recibido con explicable alborozo. Es más, Rodríguez Zapatero se olvidó de la toxicidad de la foto de las Azores y de la ilegalidad de la intervención en Irak para refugiarse en Tony Blair y vender así la similitud entre el proceso irlandés y la negociación con ETA. Reveladora opción del presidente del Gobierno, que pasa por encima de las diferencias abismales entre ambos casos, fundamentalmente que el Pacto de Stormont sí fue un acuerdo de paz para poner fin a una guerra entre dos comunicados. No en vano, el diario Gara se recreaba hace unos días en señalar las coincidencias literales entre frases pronunciadas por Rodríguez Zapatero en el anuncio del diálogo con ETA y pronunciamientos contenidos en el Pacto de Estella- Lizarra. Probablemente, Blair no tuvo ocasión de explicar por qué la autonomía irlandesa lleva más de tres años suspendida. Más aún, los dirigentes de la ilegal Batasuna y los comunicados de ETA han insistido en que la clave del proceso es el respeto a la decisión de los vascos, base política con la que debía arrancar cualquier negociación para el fin de la violencia. Y el presidente del Gobierno atendió esta exigencia al proclamar, en junio pasado, que el Gobierno respetará las decisiones que los vascos adopten libremente respetando los procedimientos legales dando alas a los ideólogos proetarras para anunciar que, por fin, se reconoce desde Madrid que hasta ahora no se había respetado la voluntad de los ciudadanos vascos, sin que la referencia a los procedimientos legales signifique más que una mera cita administrativista, sin compromiso alguno con el orden constitucional o estatutario. Y si finalmente se constituye la mesa política, aun cuando Batasuna se disfrace de organización legal para justificar el salto al vacío del PSOE y el Gobierno, se habrá producido el definitivo punto de inflexión que ETA buscaba desde el inicio de su actividad terrorista: sentar al Estado a negociar políticamente el futuro del País Vasco para un acuerdo prefijado sobre autodeterminación y territorialidad. Se romperá así la memoria de las víctimas, sin duda, pero también la vigencia real del Estatuto de Guernica y de la Constitución, pues no será en el Parlamento de Vitoria, y por sus diputados, donde se decida, de verdad, el futuro de los vascos. Y ETA podrá decir que, cuarenta años después, su terrorismo mereció la pena, que el Estado se plegó a negociar su propia existencia y que se sentó a negociar lo mismo por lo que mil españoles perdieron su vida. LOS RETOS DEL SECTOR ENERGÉTICO E SPAÑA sigue precisando que sus compañías eléctricas hagan un importante esfuerzo para satisfacer las necesidades energéticas presentes y futuras, en paralelo con el arrojo demostrado por las empresas nacionales que en las últimas semanas han mostrado su interés por participar en un sector con una evidente proyección de futuro y que, sin embargo, necesita dotarse de un marco estable que haga posible la inversión constante y creciente en infraestructuras. En un contexto internacional de crecientes precios de las materias primas, la energía se ha convertido en un bien escaso y, por lo tanto, caro. Más aún en España, donde el grado de dependencia energética del exterior es elevadísimo (alrededor del 85 por ciento) el consumo de electricidad continúa aumentando a un ritmo importante (38 por ciento acumulado en el último lustro) -en la misma senda del crecimiento de la economía- y las puntas de demanda son cada vez más pronunciadas, con lo que el sistema eléctrico en su conjunto requiere mayor capacidad de reacción para atenderlas. Además, las mayores exigencias de la sociedad en el ámbito medioambiental, plasmadas en el compromiso que nuestro país adquirió al ratificar el cumplimiento de los objetivos del Protocolo de Kioto, implican que dichas inversiones deben realizarse en la puesta en marcha de centrales eléctricas que utilicen las tecnologías de producción más limpias. Forzado por la progresiva escasez de materias primas y las obligaciones ecológicas asumidas por España en el concierto internacional, el sector eléctrico ha de apostar por el desarrollo sostenible a través de las energías renovables y de la flexibilización de su parque de generación, estrategia necesaria para poder atender las puntas de demanda energética que se registran en las franjas de mayor consumo y mejorar la calidad del suministro a los clientes. Por otra parte, y en el marco de un mercado único de la energía europeo, aún muy verde, la internacionalización obligará a las empresas españolas del sector a crecer en el extranjero y a dirigir su atención hacia mercados desde los que fortalecerse y suplir las carencias derivadas de su dependencia exterior. Las últimas operaciones registradas en el mapa eléctrico español revelan la vitalidad y la rentabilidad de un sector que, a medio y largo plazo, dentro y fuera de nuestras fronteras, tiene importantes cuentas pendientes que resolver. Después de comprar es necesario invertir.