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4 Opinión MIÉRCOLES 4 10 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Sociedad, Cultura y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Nacional) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar LA DEUDA CRECIENTE DE LOS HOGARES las reiteradas advertencias del Banco de España sobre los riesgos que conlleva el creciente endeudamiento de las familias españolas se une ahora un serio aviso de la Comisión Europea, que, en su informe sobre el Estado de la Economía de la Unión, señala como uno de los puntos críticos el crecimiento de la deuda en algunos países, entre ellos y de forma destacada España, que alcanza índices del 115 por ciento de la renta disponible de las familias y de casi el 70 por ciento del PIB. La deuda, en sí misma, no debería ser un factor de preocupación; más inquietante sería lo contrario, que no funcionara el crédito. Cuando las familias se endeudan, lo hacen fundamentalmente porque tienen proyectos y expectativas, porque anticipan oportunidades y satisfacen deseos realizables. Por eso no sorprende el crecimiento espectacular del endeudamiento de las familias españolas en un contexto de crecimiento económico sostenido durante más de una década y, en concreto, de crecimiento del empleo, indicador sólido de confianza en el futuro. Incremento del empleo y del crédito son factores consecutivos y lógicos. Sin embargo, el proceso no es infinito. El crecimiento de la deuda está siendo tan espectacular durante los últimos años que comporta riesgos que deben ser advertidos. El primero radica en los tipos de interés. La coyuntura de tipos durante los dos últimos años ha sido excepcionalmente favorable a los deudores, con el precio del crédito por debajo de la tasa de inflación, lo que hace que el parque de créditos hipotecarios (el grueso de la cartera crediticia) esté contratado a precios variables y a muy largo plazo. Ahora bien, el riesgo de una subida de tipos, que ya es efectiva en estos momentos, impone exigencias significativas que afectan a la capacidad de consumo de las familias y al potencial de crecimiento. Las luces rojas se encenderán cuando aumente la morosidad, variable que aún mantiene porcentajes casi inapreciables en los balances de las entidades financieras, que rebosan provisiones. Pero la prudencia aconseja no esperar hasta ese momento, ya que entonces será tarde. Por eso son pertinentes las advertencias de la Comisión y del Banco de España. Y al riesgo de tipos de interés hay que añadir el de la burbuja inmobiliaria. Una evolución suave y ordenada de los precios inmobiliarios (según pronóstico o deseo de los expertos) evitaría ese riego, pero bien puede ocurrir un derrumbe de expectativas y precios que concluya en una crisis financiera típica con depreciación de activos y de posibilidades de pago. Por eso conviene contener la euforia de la ciudad alegre y confiada que lleva a asumir riesgos poco meditados. Nadie podrá excusarse por falta de advertencias. A EL PSOE VUELVE AL 13- M IENE razón Ángel Acebes al calificar como indecencia las palabras del secretario de Organización del PSOE, José Blanco, con las que señalaba la responsabilidad política del ex ministro del Interior por los muertos en atentados terroristas de ETA durante su mandato. Esta declaración de Blanco, aparte de mostrar la hipocresía de su partido al reclamar del PP lealtad antiterrorista, traspasa los límites más básicos de la convivencia cívica. No hay la más mínima razón que ampare a Blanco en este ejercicio de manipulación de los muertos, ni siquiera en el contexto de una réplica al PP por la actitud de algún sector de este partido en dar todo su protagonismo político a los atentados del 11- M. El argumento de Blanco, que no es accidental ni esporádico, supone la vuelta del PSOE al 13- M para recrear, en condiciones distintas pero con los mismos efectos, aquel escenario que organizó la izquierda para hacer lo mismo que el pasado lunes intentó el secretario de Organización socialista: culpar al Partido Popular de las muertes causadas por el terrorismo. La indecencia de estas palabras no reside sólo en la utilización del terror de ETA contra un ex ministro de Interior que prosiguió, con igual éxito, la excelente labor contra ETA de sus predecesores en el cargo, Jaime Mayor Oreja y Mariano Rajoy, sino en la desfachatez de señalar un período de tiempo en el que el presidente de los socialistas vascos, Jesús Eguiguren, estaba negociando con Batasuna- -ya ilegal y disuelta por ser terrorista- -el diálogo con la misma ETA que, también por entonces, mataba a esas víctimas que Blanco quiso endosar a Acebes. Lo grave de este revelador episodio de la estrategia socialista es que responde a un planteamiento ya conocido. Tras los atentados islamistas de Casablanca, el propio Rodríguez Zapatero acusó a Aznar de que su política exterior había colocado a España como objetivo del terro- T rismo internacional. El 13- M, en plena jornada de reflexión, la izquierda acosó las sedes del PP- -sin que aún medie una condena explícita de estos actos por parte de Zapatero- llamando asesino a Aznar por la matanza de la estación de Atocha. Y, en relación con la negociación con ETA, fue también Blanco quien dijo aquello de que si el proceso fracasa será en buena medida debido al boicot del PP Se trata, en definitiva, de una táctica de pura discordia civil, que revuelva a los ciudadanos nuevamente, no contra los terroristas, sino contra el PP, no importando al PSOE el coste moral y político de inducir a la sociedad española a no reconocer a sus verdaderos enemigos, que no son otros que los etarras con los que ahora el Gobierno quiere negociar. El problema para los españoles es que Blanco no se ha equivocado. Ha dicho exactamente lo que quería decir para buscar la renovación del 13- M y arrinconar al PP. En lo que sí se equivoca Blanco es en hablar como si lo que restara de mandato a Zapatero estuviera exento del riesgo de atentados mortales, lo que nadie en sus cabales puede siquiera insinuar. Ejercicio de doble moral la de un PSOE que mientras acusa al PP de escorarse hacia posiciones próximas a la extrema derecha recurre de nuevo al dirscurso más extremo y radical que utilizó en vísperas del 14- M. Grave estrategia que evidencia hasta qué punto el PSOE parece decidido a utilizar el mismo esquema incendiario que empleó en aquellas jornadas que derivaron en su legítima víctoria en las urnas el 14 de marzo de 2004. Se cierne sobre la política española el peligro de centrar la legítima batalla por el poder, no en lo que se debe hacer en el futuro por España, sino en una lucha retrospectiva estéril que recuerda y actualiza los peores días de la democracia española y la más grave tragedia terrorista. PARIDAD INJUSTIFICADA C ONTUMAZ en el error, el Gobierno está dispuesto a mantener el principio de paridad entre hombres y mujeres en los consejos de administración de las empresas, aunque acepta un periodo transitorio de ocho años. Así se desprende de la intervención del ministro de Trabajo ante la comisión mixta Congreso- Senado sobre los derechos de la mujer y en relación con el próximo debate parlamentario de la ley de Igualdad. La ley que impulsa el Ejecutivo con el apoyo de todos los grupos parlamentarios excepto el PP parte de una concepción falsa de la igualdad como principio fundamental en una sociedad democrática. Ante todo, es fiel reflejo de una mentalidad intervencionista que permite al poder público entrometerse en decisiones puramente empresariales. Las empresas deben gozar de plena autonomía para determinar quién se integra en sus órganos de decisión y, en este sentido, la paridad contradice el principio de libertad de empresa en el marco de la economía de mercado, recogido en el Título I de la Constitución. La distinción entre el Estado y la sociedad civil es una exigencia de la sociedad abierta, que no se cumple en el proyecto de ley en tramitación. Por otra parte, bajo la apariencia de reparar una discriminación histórica, se pretende ahora eliminar los criterios de mérito, capacidad y oportunidad que utilizan las empresas para designar a los consejeros, buscando también su adecuación a la estrategia que pretenden de- sarrollar. Al verse constreñidas a situar a hombres y mujeres por igual en los máximos órganos sociales, las entidades mercantiles pierden su capacidad para orientar el perfil de sus dirigentes hacia los sectores o ámbitos de especialización que tengan por convenientes. La política de cuotas- -ya sea por razón de sexo, raza, territorio o cualquier otra- -ha resultado un fracaso en la práctica y goza de escaso prestigio en la teoría política democrática. La llamada discriminación positiva ha creado una falsa apariencia de igualdad que encubre un paternalismo inaceptable. A día de hoy, las mujeres desempeñan en muchos países occidentales las más altas responsabilidades políticas y sería ridículo suponer que ello es consecuencia de las cuotas. A medio plazo, la lógica hace pensar que muchas mujeres ocuparán con toda naturalidad los cargos de máximo nivel en las empresas, como ya sucede en España en casos muy significativos. Acelerar ese proceso de forma artificial perjudica a todos, incluidas las supuestas beneficiarias de la medida. De ahí que sea necesario un replanteamiento de la futura ley a lo largo del debate parlamentario. En este sentido, sería conveniente escuchar la opinión de sociólogos y economistas, así como de los directivos y los responsables de Recursos Humanos. Lo razonable sería adoptar una postura flexible, que favorezca la promoción de las mujeres, pero sin interferencias ni imposiciones gratuitas.