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4 Opinión MARTES 3 10 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Sociedad, Cultura y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Nacional) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar LULA DA SILVA NO CONVENCE A LA PRIMERA C 11- M: VERDAD Y JUSTICIA a petición del Ministerio Fiscal para que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional proceda a señalar el juicio oral en el sumario del 11- M supone que, tras la confirmación del auto de procesamiento dictado por el juez Del Olmo, la investigación ha llegado a su fin sin que la llamada teoría de la conspiración haya sido capaz de aportar datos relevantes o hipótesis verosímiles: los autores de la matanza terrorista fueron islamistas radicales, y el atentado que costó la vida a 191 ciudadanos se perpetró mediante la explosión de Goma 2- Eco, como la sección correspondiente de la Sala Penal de la Audiencia Nacional ha ratificado, siguiendo el criterio del instructor. Este hito procesal viene a dar la razón a los medios que, como ABC, han defendido el Estado de Derecho- -es decir, a la Policía, al sistema judicial, al Ministerio Fiscal- -y han propugnado la necesidad de una justicia rápida y eficaz para las víctimas de aquel macabro atentado terrorista. Ambas enlazan con el deseo de la inmensa mayoría de los ciudadanos: verdad y justicia. La búsqueda de la verdad en el asunto del 11- M corresponde a la Administración de Justicia- -las sentencias en democracia son actas de la verdad formal- secundada por el Ministerio Fiscal y la Policía Judicial. Creemos que- -sin perjuicio de las incógnitas que siempre se producen en los grandes procesos, más aún cuando los autores materiales han desaparecido (los del 11- M se suicidaron en Leganés) -el Estado está cumpliendo con su obligación y que las teorías alternativas a las judiciales forman parte de una serie de hipótesis cuyos autores- -el diario El Mundo y su director, Pedro José Ramírez- -han sido incapaces de demostrar. Que insistan en ellas para dar verosimilitud a una suerte de conjura según la cual determinados circuitos del sistema policial, judicial, e incluso político, estarían bajo sospecha no deja de ser una práctica reprobable en lo deontológico, irresponsable en lo político y sensacionalista en lo periodístico. Esta insistencia en tesis que se han demostrado inciertas es propia de usos amarillistas incompatibles con la prensa de calidad, que se caracteriza por el rigor y la responsabilidad en el mantenimiento del crédito y la estima del Estado y de las instituciones. En las grandes democracias occidentales, los rotativos incluidos en ese segmento de prensa de calidad coinciden de forma natural y constante en la defensa de los valores en los que se asienta la convivencia social y el orden político, sin necesi- L dad de que, simultáneamente, se produzcan afinidades ideológicas, editoriales o informativas. Por fortuna, eso es lo que está ocurriendo en España a propósito del 11- M: la mayoría aplastante de los medios de comunicación respalda a los jueces y los Tribunales, confía en la Policía y asume el carácter democrático de los partidos políticos con representación parlamentaria. Son contados- -y sobran los dedos de una mano para cuantificarlos- -aquellos otros que se decantan, sin fundamento comprobado alguno, por la llamada teoría de la conspiración. Parece atacado de megalomanía- -o de obsesión- -suponer que el Estado y la mayoría de los medios están errados, cuando no dolosamente conjurados, mientras la verdad es atesorada por unos pocos y se encuentra contenida en tesis incontrastables. Creer o descreer en la versión judicial del 11- M no es, como tramposamente quiere plantearse por los adalides de la teoría de la conspiración, una cuestión ideológica maniquea: la derecha política y social debería alentar las tesis alternativas a las oficiales en tanto en cuanto hacerlo deterioraría la credibilidad del Gobierno, y la izquierda debería apoyar la versión policial y judicial porque ésa es la que sostiene también el Ejecutivo. Semejante planteamiento es sencillamente sectario e incierto, porque implica la subordinación del Estado y de sus estructuras e instancias permanentes a los vaivenes de sus poderes, que actuarían así al ritmo que le marcasen los diferentes gobiernos de turno. El criterio de discernimiento no puede ser ideológico, ni partidista, ni mucho menos sectario, sino racional y equitativo, anclado en una firme convicción democrática de que el Estado es una casa común con capacidad para regenerarse y sus poderes idóneos para cumplir sus funciones. Y no verlo así- -y la teoría de la conspiración es roma en el entendimiento de esta cuestión- -es tanto como concebir la democracia como una continua y cruel guerra de banderías entre ideologías democráticas. Y en ABC, desde una concepción liberal- conservadora, creemos en el Estado y en la sociedad española, deseamos la veracidad, clamamos por la justicia y amparamos, en la medida de nuestras posibilidades, a las víctimas. Lo hacemos todo ello conforme a nuestro leal saber y entender, con autonomía editorial y empresarial, desde la buena fe y sirviendo a las responsabilidades que se nos debe exigir como un medio de comunicación riguroso y serio. RAJOY, DOS AÑOS DESPUÉS L OS dos años de liderazgo de Mariano Rajoy al frente del PP no son fácil ni justamente enjuiciables sin tener en cuenta dos coyunturas políticas determinantes. Por un lado, la inesperada derrota el 14 de marzo de 2004, condicionada directamente por el aprovechamiento partidista que practicó la izquierda con los sentimientos del 11- M. Por otro, la estrategia de Zapatero de aislar al PP. Desde el mismo día de su derrota, Rajoy tuvo que hacer frente a la presión socialista, que pretendía colocar al PP fuera de juego durante el tiempo necesario para que el PSOE consolidara, sin oposición, sus pactos con los nacionalismos, la ruptura delconsenso constitucional y la hegemonía de la izquierda en las urnas. Pese al propósito de Zapatero, Rajoy ha conservado la cohesión de un partido que supo reaccionar a la conmoción y dejar al descubierto la levedad de Zapatero ante asuntos de Estado. Sin embargo, a Rajoy le pasa factura la imagen de un dirigenteenfrascado en la gestión cotidiana de su partido, reacio a practicar la autoridad y un tanto difuminado en el sostenimiento de equilibrios internos. Quizás todo esto no se ajuste a la realidad, ni sea suficiente para explicar la paradoja de que el PP no recibe el apoyo que pierde el Gobierno. Pero es lo que percibe la sociedad y, además, lastra sus aspiraciones, lo que debe llevar a Rajoy a abordar este problema de falta de liderazgo social que no reconoce los méritos incuestionables del líder popular, precisamente, en la línea de moderación y centralidad que tanto se le reclama. Ahora que Zapatero no tiene reparo moral ni político en prevenir a los conservadores y cínicamente (es el primer beneficiado de la división del adversario) se permite aconsejar a la derecha moderada frente a la extrema a la que sin embargo no identifica, es bueno recordar el apoyo de Rajoy a la Constitución Europea; la oferta sin reciprocidad de pactos básicos a Zapatero; o el respaldo inicial al Gobierno en el diálogo con ETA, hasta que fue engañado. El PP ha demostrado ser un partido bien asentado. Sus focos de conflicto están localizados y, a la esperade ser sellados, cuenta con una implantación local y autonómica sólida y no necesita examinarse ante nadie de lealtad constitucional. Rajoy tiene en sus manos un enorme caudal político que debe administrar con más eficacia. UANDO todo parecía irle de cara en las encuestas a Lula da Silva, llega el momento de la votación y, para sorpresa de todo el mundo, no alcanza la mayoría absoluta en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El motivo del inesperado resultado del domingo hay que buscarlo en las sombras de corrupción que recaen sobre el Gobierno presidido por el líder del Partido de los Trabajadores (PT) Con el descubrimiento en plena campaña electoral del llamado dossiergate y la implicación en el mismo de Freud Godoy- -asesor de la secretaría particular del presidente brasileño- -se ha puesto en jaque el crédito personal del propio Lula por dos razones. Por un lado, porque se ha procedido a la detención de dos personas vinculadas al PT cuando trataban de comprar información sobre la presunta corrupción de los principales oponentes del presidente Lula: Geraldo Alckmin, candidato a la presidencia del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) y José Serra, del mismo partido y gobernador electo de Sao Paulo desde el domingo. Y por otro- -y aquí está probablemente la causa que más ha minado la imagen de Lula- porque no estamos ante una denuncia que coja por sorpresa a la opinión pública, sino ante un suma y sigue que comenzó el año pasado, cuando varios miembros del Gabinete presidencial y altos cargos de su partido se vieron involucrados en una compra de votos de parlamentarios de la oposición en la Cámara Legislativa brasileña. Entonces, Lula fue capaz de capear el temporal que se desató con extraordinaria habilidad: resolvió la crisis mediante un acto de contrición política ante la ciudadanía que consistió en pedir perdón, reconocer que había sido traicionado y destituir a los implicados. Sin embargo, aquel ejercicio de humildad y responsabilidad se ha vuelto contra él en poco más de un año. Por lo pronto, se han reabierto las dudas sobre si existe o no una trama de corrupción sistemática en el entorno presidencial y, lo que es más grave, si la misma es consentida y promovida por el propio Lula da Silva. No cabe duda de que estos hechos han repercutido en el resultado electoral del domingo y han dado alas a las expectativas de Geraldo Alckmin, que, además, ha logrado para el PSDB una sonora victoria en Sao Paulo. Este dato, sumado a que la oposición ha retenido el estado de Río de Janeiro, deja abierta la incógnita de si las denuncias de corrupción podrán seguir influyendo en la segunda vuelta. Así las cosas, con un Lula que no ha logrado convencer del todo y que permanece bajo sospecha, el resultado de las urnas del 29 de octubre es algo más incierto de lo que a simple vista pudiera parecer. Todo dependerá de si el carisma detrás del que se parapeta es capaz de resistir el asalto de una nueva marejada de corrupción.