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4 Opinión LUNES 2 10 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Sociedad, Cultura y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Nacional) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar ISRAEL CUMPLE, AHORA LE TOCA A HIZBOLÁ T OTRA VEZ LOS CIUDADANOS AS víctimas del terrorismo defienden una causa justa. Más allá de cualquier consideración política o ideológica, millones de españoles apoyan a las personas que han sufrido en sus propias carnes el zarpazo de la violencia criminal. Ningún reconocimiento material o simbólico puede volver atrás la máquina del tiempo y recuperar unas vidas irrepetibles truncadas por el fanatismo, pero una sociedad democrática se dignifica a sí misma cuando tiene la grandeza moral de rendir homenaje a los que más han sufrido en nombre de la libertad de todos. Entre los mejores frutos del añorado Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, arrinconado por el Gobierno en su actual estrategia partidista, figura sin duda esa apuesta por prestar apoyo a quienes lo merecen más que nadie. Miles de personas (ayer en Sevilla, antes en Madrid y en otros lugares de España) han salido a la calle una y otra vez para estar junto a las víctimas y recordar a Rodríguez Zapatero cuál es su deber y su responsabilidad ante los ciudadanos. Sólo una visión oportunista y sectaria permite ignorar el clamor de los españoles. Esta vez, Sevilla recordaba especialmente las agresiones sufridas, como bien expresa entre otros Teresa Jiménez- Becerril con su palabra sencilla y certera: El Gobierno alimenta el recelo contra las víctimas de ETA decía ayer en ABC. Las trabas políticas y burocráticas al legítimo ejercicio del derecho de manifestación de tantos miles de ciudadanos por la capital andaluza sólo han servido- -como era de prever- -para animar a muchos indecisos. De este modo, el Ejecutivo añade la torpeza a una frialdad injustificable, reflejada en la ausencia de los más altos cargos de la Junta de Andalucía (cuyo presidente, Manuel Chaves, lo es también del PSOE) y del propio alcalde de Sevilla. Ni esta ni otras contingencias empañan, por supuesto, el éxito cívico de una marcha multitudinaria que recuerda a los gobernantes que la gente no acepta su planteamiento sobre el sedi- L cente proceso de paz y reclama un respeto absoluto hacia los valores y principios de la España constitucional ante la negociación con ETA. Un respeto que se pierde cuando se pretende internacionalizar el conflicto como ocurre con el debate del Parlamento europeo previsto- -a instancias de los socialistas- -para el próximo día 25. La situación actual del proceso no invita al optimismo, que el presidente del Gobierno intenta mantener vivo de forma artificial. Los presos de ETA presionan ante una organización que parece más interesada en discutir sobre el eventual derecho de autodeterminación que en lograr el acercamiento de los suyos al País Vasco o la aplicación de beneficios penitenciarios. Crece la violencia callejera mientras los escoltas se mantienen en alerta y se refuerzan los sistemas de seguridad personal. El espectáculo lamentable de amenazas y tiros al aire ante la pasividad de los encargados de mantener el orden público ha sembrado el desconcierto en un Gobierno cuyo ministro del Interior deja transcurrir el plazo fijado sin informar, como había prometido, a los portavoces de los grupos parlamentarios. La única respuesta que se le ocurre a Zapatero es persistir en el empeño de aislar al PP en los márgenes del escenario político: ayer mismo insistió en ahondar en la división aparente entre una derecha razonable y una derecha extrema y para dar lecciones sobre respeto a las instituciones y al Poder Judicial. Por supuesto, ha preferido no escuchar la respuesta muy concreta de Rajoy ante los últimos acontecimientos judiciales, en el sentido de que no es responsabilidad de la oposición valorar las decisiones de los jueces. Se anuncian nuevas movilizaciones de las víctimas en otros lugares de España y también en Estrasburgo, ante el inoportuno debate planteado en la Eurocámara. Es una buena prueba de la vitalidad de la reacción social ante un Gobierno que sigue a lo suyo, más preocupado por explotar las estrategias cruzadas dentro del PP que por buscar una salida en este complejo laberinto. LOS MENORES SIEMPRE PIERDEN S E acumulan los casos dramáticos en los últimos días, ya sea el niño de dos años muerto por desnutrición en Pontevedra, la menor degollada en Ceuta y tantos otros. Bajo la apariencia de una legislación garantista y de una mentalidad que dice preocuparse por ellos, los niños sufren con frecuencia los peores efectos de una sociedad poco y mal vertebrada. La crisis de la institución familiar convierte a los más débiles en víctimas del egoísmo y a veces de la brutalidad de los mayores. La escuela no sólo fracasa como núcleo de transmisión de los valores cívicos, sino que en ocasiones se transforma en fuente de angustia y opresión: los recientes informes sobre acoso escolar revelan, bajo la frialdad de la estadística, el drama humano que a diario afecta a miles de estudiantes. Los malos tratos en el ámbito doméstico y la propia violencia de género toman como víctimas de carácter físico o psicológico a quienes no están en condiciones de defenderse por sí mismos. El mundo del alcohol y de las drogas permite a individuos sin escrúpulos obtener beneficios muy lucrativos a costa de la salud de los menores. En el menos malo de los casos, miles de adolescentes sienten que sus padres o tutores (agobiados por el trabajo cotidiano) no les prestan la atención debida y distraen su tiempo navegando sin control por la red o consumiendo programas televisivos de ínfima calidad. Hay muchas excepciones, por supuesto, pero un en- foque realista ofrece este panorama poco atractivo, sin caer en alarmismos o exageraciones de ningún tipo. La Constitución española proclama en su artículo 39.4 la protección de que gozan los niños a tenor de los tratados internacionales, en particular las declaraciones y convenios sobre los derechos del niño aprobados en el marco de Naciones Unidas, que desarrolla su actividad en esta materia a través de Unicef. Existen múltiples normas nacionales y autonómicas que desarrollan diversos aspectos de esta protección en temas tales como la adopción, la lucha contra la pornografía infantil y los malos tratos, así como el trabajo de los menores. El problema, por tanto, no está en las leyes sino en los comportamientos propios de una sociedad que otorga un protagonismo excesivo a la violencia y el conflicto. A pesar de la retórica, las virtudes cívicas y personales gozan de escaso prestigio y se genera la impresión de que todo vale y de que prevalece siempre la ley del más fuerte. Carentes del equilibrio que proporciona una educación sólida en el ámbito escolar y familiar, muchos niños son sujetos pasivos de la crueldad y la barbarie de los adultos que descargan sobre ellos sus frustraciones vitales. Frente a la contundencia de los hechos, no sirven de nada las buenas palabras o las campañas de imagen. Los poderes públicos y la sociedad tienen que tomarse en serio su responsabilidad para evitar que los menores se conviertan en las víctimas más fáciles. RAS la retirada de los territorios libaneses ocupados en la ofensiva del pasado mes de julio, se puede decir que Israel está cumpliendo razonablemente la resolución 1701 de las Naciones Unidas. Con la excepción simbólica de su presencia en la aldea de Ghayar, donde la frontera trazada por la misma ONU en 2000 plantea problemas logísticos, los soldados de la Tsaal vuelven a casa a pesar de que no han obtenido la liberación de los dos militares secuestrados por Hizbolá, acto de piratería que fue la causa de la ofensiva militar que duró 34 días. Por el contrario, a estas alturas sólo ha sido desplegado un tercio de la fuerza multinacional de 15.000 hombres, que también establece la misma resolución para apoyar al ejército libanés. Y el grupo extremista chií que ha declarado la guerra a Israel suplantando la soberanía de las instituciones libanesas no ha entregado ni una bala de sus arsenales e insiste en decir que no piensa hacerlo a pesar de que lo exige igualmente la citada resolución. Entre las razones por las cuales Israel ha tomado esta decisión, no es la menor que el resultado de su violenta incursión ha sido francamente poco rentable en términos militares y políticos. Es cierto que fue Hizbolá quien provocó premeditadamente a los israelíes, pero después de todo lo que ha pasado, el Gobierno de Ehud Olmert no puede ni siquiera decir que ha logrado garantías de que se impedirá para siempre el acceso de los hombres armados de Hizbolá a la frontera con Israel, que es la verdadera fuente de inestabilidad. Por ello, una vez consumada la retirada israelí sería de esperar que la ONU y las tropas desplegadas allí bajo su bandera (incluidas las españolas) tuvieran claro que su papel no es otro que garantizar la seguridad de Israel y restablecer la soberanía libanesa sobre el sur del país, ayudando al Ejército y al gobierno legítimo a recuperar el control efectivo sobre esta parte de su territorio. Y para ello, el desarme de Hizbolá sigue siendo un objetivo esencial, porque si los fanáticos teledirigidos desde Teherán y Damasco vuelven a desencadenar un conflicto con una lluvia de cohetes sobre ciudades israelíes, entonces las fuerzas internacionales se verían obligadas a tomar partido en condiciones dramáticas. De otro modo, si no cambia radicalmente la timorata actitud de los responsables de la ONU, la misión militar de interposición en Líbano se convertirá sencillamente en un dispositivo de protección para los fanáticos del autodenominado Partido de Dios y para los planes desestabilizadores de Irán y Siria. Por ello, sería deseable que en lugar de seguir enredándose en las versiones estrechas de lo políticamente correcto, los representantes de la legalidad internacional tengan como primer objetivo impedir que ese grupo de fanáticos indeseables siga marcando el ritmo de la paz en aquellas tierras.