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ABC DOMINGO 1 10 2006 Economía 87 ENTREVISTA LAS CLAVES NORMAS DE COMPETENCIA Si el Gobierno aborda una relajación de la normativa vigente, el PP la estudiará y velará por que no se perjudique al consumidor SITUACIÓN ECONÓMICA Los dos grandes desequilibrios, inflación y déficit exterior, siguen vigentes con toda su intensidad sin que el Gobierno haga nada por resolverlos PRESUPUESTOS 2007 Aumentan el gasto público de manera irresponsable, contribuyen a agravar los desequilibrios de la economía y son insolidarios INVERSIONES EN CATALUÑA Por encima de un precepto estatutario está la Carta Magna, que obliga al Estado a garantizar la solidaridad en todo el territorio español dalucía, no nos gusta. Nosotros hemos presentado enmiendas al texto remitido, puntualizando que los poderes públicos andaluces defenderán ese criterio. Es obvio y natural que Andalucía, que es una región que tiene un enorme retraso socioeconómico, defienda el criterio de población puesto que tiene mucho territorio, en aras del principio de solidaridad incluido en la Constitución. Lo que es contrario a la Carta Magna es utilizar criterios solo de riqueza relativa de las comunidades, porque eso no garantiza un desarrollo solidario. En todo caso, lo que pensamos es que un Estatuto no puede imponerle condiciones a las Cortes Generales. Otra cuestión es que un Estatuto le diga a sus gobernantes, los de la comunidad autónoma, que es lo que tiene que pedir o defender. -Madrid ha anunciado una rebaja de un punto en el IRPF para el próximo ejercicio. ¿Se va a extender esta medida al resto de comunidades gobernadas por el PP? -Todos los programas electorales locales y autonómicos del PP incluyen siempre rebajas de impuestos para los ciudadanos. Ya lo hemos demostrado con la supresión del Impuesto de Sucesiones en esta legislatura. Lo que ocurre es que tenemos algunas comunidades en este momento inmersas en planes de saneamiento por los déficit de ejercicios anteriores, como Valencia o Baleares, y en ese contexto no pueden ahora bajar los impuestos. Pero cuando nuestras comunidades recuperen el equilibrio financiero suficiente se irán extendiendo las rebajas fiscales. Arias Cañete defiende que se prioricen las inversiones regionales en función de su capacidad de vertebrar territorios las ONG s están diciendo que son un millón y medio; eso complica enormemente la determinación de cuál es el crecimiento de un país, ya que una economía subterránea en la que trabajan inmigrantes clandestinos tiene un peso difícil de calcular. -El Gobierno ha llevado esta semana al Congreso de los Diputados los Presupuestos para 2007, en los que se vuelve a prever superávit para las cuentas públicas. ¿Cree que son los Presupuestos que necesita la economía española? -Creemos que son unos presupuestos típicamente socialistas, de fuerte incremento del gasto público. Además se gasta de manera muy irresponsable porque son gastos que se consolidan año tras año. No son gastos que se puedan reducir fácilmente, sino que están siguiendo una política de consolidación de niveles muy altos de gasto, que cuando se produzca una desaceleración económica plantearán al Gobierno enormes problemas. En segundo lugar son unos Presupuestos que ponen de manifiesto que el presidente del Gobierno ha incumplido, por tercer año consecutivo, su promesa de no incrementar la presión fiscal global, porque el Gobierno no ha hecho reducciones reales de impuestos a los ciudadanos, no ha puesto en marcha reformas fiscales y, por lo tanto, los excedentes de recaudación los está destinando a incrementos del gasto público, dado lo moderado de los superávit que está consiguiendo. Pero lo más grave de estos presupuestos, además de aumentar el gasto público de manera irresponsable y de contribuir a agravar los desequilibrios de la economía, es que son unos presupuestos manifiestamente insolidarios. ¿Por el reparto de inversiones? -Sí. Cualquier Gobierno riguroso y serio tendría que buscar, desde la inversión pública, el corregir los desequilibrios territoriales y garantizar que todas las comunidades autónomas tuvieran un desarrollo económico armónico, lo cual supone invertir más allá donde haya más carencia de inversiones. Es un mandato del artículo 138.1 de la Constitución. Y este Gobierno está haciendo todo lo contrario, está agravando los desequilibrios. Además, tiene una doble moral. En la UE el Gobierno está defendiendo que se aplique la solidaridad y ha reclamado fondos estructurales porque España tiene un retraso económico respecto a otros países más prósperos, e invertimos los fondos de Bruselas en las regiones menos desarrolladas, y en España el Gobierno hace la política contraria que neutraliza los esfuerzos de la UE para corregir estos desequilibrios territoriales. Es por tanto, una política absurda, dictada por intereses políticos del PSOE a corto plazo. -Pero se trata de un compromiso de inversiones incluido en el Estatuto de Cataluña, que en principio es una ley en vigor que el Gobierno tiene la obligación de cumplir. -Sí, pero en el mundo del derecho hay un principio que es el de la jerarquía normativa y por encima de cualquier precepto estatutario está el artículo 138 de la Constitución, que es el que le obliga al Estado a ser el garante de que todas las comunidades autónomas tengan un desarrollo equilibrado y que haya solidaridad real en todo el territorio español. ¿Eso quiere decir que si el PP vuelve a gobernar no se consideraría obligado a cumplir ese compromiso estatutario? -El PP, de entrada, ha recurrido al Constitucional toda la parte de financiación, incluido este precepto, que limita la soberanía del Parlamento. El PP lo que haría sería desde la soberanía del Parlamento intentar cumplir lo que dice la Constitución, lo que no supondría necesariamente reducir las inversiones en Cataluña. Lo que hay que hacer es aplicar el interés general y priorizar los proyectos en función de su rentabilidad económica y social y en función de la capacidad de vertebrar y desarrollar territorios. Lo que no se puede hacer es invertir por número, por negociación política y por fuerza, eso es un disparate. -Entonces tampoco estarán de acuerdo en que en el Estatuto andaluz se incluya también un compromiso de inversiones ligadas, en este caso, a la población. -El texto, tal y como ha llegado de An-