Patrocinado Por:

Volver

Resultados de la búsqueda

Resultados para
4 Opinión DOMINGO 1 10 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Sociedad, Cultura y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Nacional) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar HUGO CHÁVEZ, DEL AZUFRE A LA PÓLVORA A decisión de nombrar alto cargo de su Gabinete a la esposa de un significado asesino de la banda terrorista ETA, que a su vez trabaja en el Ministerio de Agricultura de Venezuela, sólo puede considerarse como un gesto inamistoso hacia España por parte del presidente venezolano Hugo Chávez. Si bien a Goizeder Odriozola no se le reprocha ningún delito, ni se le puede hacer responsable del espantoso historial criminal de su esposo, Arturo Cubillas, que sí es miembro de ETA, es evidente que designarla para que acceda a un puesto de tan alta responsabilidad en la presidencia de la República significa que Hugo Chávez asume su vinculación activa a un determinado entorno ideológico. A pesar de las múltiples circunstancias que se han dado históricamente en la situación de los militantes y simpatizantes de ETA expulsados, asilados o confinados en distintos lugares del mundo, hasta ahora ningún gobierno extranjero se había atrevido a dar un paso como éste. Los etarras han estado más o menos cómodamente tratados en lugares de toda condición, desde Libia o Argelia hasta Cuba o la Nicaragua sandinista, pero lo que no se había conocido jamás es que un Gobierno reconocido lanzase deliberadamente una señal tan irrespetuosa con la sensibilidad de los españoles y la memoria de las víctimas de la banda. Siguiendo el ejemplo que con dudoso gusto Chávez utilizó en su polémica intervención en la Asamblea de las Naciones Unidas- -cuando dijo de Bush que era el diablo y por eso olía a azufre el Palacio de Miraflores de Caracas desprende en estos momentos un desagradable olor a pólvora, a pólvora asesina. Desde luego, la percepción debería ser mucho más grave si en España el Gobierno socialista no estuviese codeándose en estos tiempos con el entorno de la banda terrorista, haciendo de ello el centro de su programa de acción política. Por desgracia, los pronunciamientos recientes del mismo presidente del Gobierno sobre el denominado proceso hacen difícil argumentar una protesta formal hacia el régimen de Caracas, que es la única posición digna en estas circunstancias, seguida, en su caso, por la tramitación urgente de la extradición del etarra Arturo Cubillas para que comparezca ante la Justicia española cuanto antes. Hace ya mucho tiempo que el Gobierno debió darse cuenta de que el presidente venezolano no es una amistad recomendable. El resultado de una política consentidora con las chifladuras y excentricidades de Hugo Chávez ha sido catastrófico para el prestigio y los intereses económicos de España y, como se ve, no hemos cosechado a cambio un asomo de delicadeza, ni siquiera en un asunto como el del terrorismo, tan hiriente para los españoles. L LA BAZA AUTONÓMICA DEL PP E L encuentro de Mariano Rajoy con los presidentes populares de comunidades autónomas, celebrado el viernes en Valencia, dio el banderazo de salida a la precampaña electoral que, con el anticipo catalán del 1 de noviembre, desembocará en los comicios locales y autonómicos del próximo mes de mayo. Acierta Rajoy al poner en valor a los mandatarios de su partido que ostentan el poder en el ámbito autonómico porque, sin duda, constituyen una de sus principales bazas para ganar al PSOE en las generales de 2008. El recuerdo de 1995, cuando el PP ganó holgadamente los comicios locales y autonómicos y allanó la victoria de Aznar sobre Felipe González al año siguiente, es suficientemente aleccionador de la trascendencia que puede tener la próxima cita electoral, a pesar de todas las diferencias entre ambos momentos políticos. Incluso, mirando el pasado más inmediato, cabe decir que su fuerza autonómica y municipal ha sido decisiva para que el PP superara el súbito tránsito del poder a la oposición, impuesto tras la derrota del 14- M, sin dejarse en el empeño más heridasque las justas. Hoy es un partido que estáen condiciones de ganar a Zapatero, y si las encuestas no le son más favorables se debe entre otras causas a un desacierto cíclico sobre las prioridades de sus mensajes a la sociedad, en los que persiste una sobreactuación constante del grupo parlamentario a cuenta de las exclusivas del 11- M, que restan protagonismo a las acertadas propuestas de Rajoy sobre inmigración, a la degradación del sedicente proceso de paz o al declive imparable de la posición internacional de España. Es evidente que el PP dispone de argumentos en cantidad y calidad bastante para llevar al ánimo de los ciudadanos la necesidad de un cambio político. El éxito dependerá de su capacidad de comunicación. Las próximas elecciones autonómicas, sin ser un examen infalible de lo que haya de pasar en las generales de 2008, permitirán a los ciudadanos pronunciarse sobre ese cambio y sobre las posibilidades reales del PP como alternativa. En este sentido, el PP tiene un saldo favorable enlas gestiones políticas y económicas de las comunidades en las que gobierna. Sus dirigentes autonómicos gozan de una buena opinión popular, los casos de corrupción son aislados y sus mayorías parlamentarias garantizan la estabilidad política. Al mismo tiempo, el PSOE no ha conseguido plantear alternativas viables (por ejemplo en Madrid o Valencia) y acude a la cita de mayo de 2006 con la retirada previa de dos valores seguros, como Juan Carlos Rodríguez Ibarra y José Bono. Precisamente en Extremadura y Castilla- La Mancha, los candidatos del PP- -Carlos Floriano y María Dolores de Cospedal, respectivamente- -tienen un buen perfil político, plenamente coherente con la imagen de una opción de centro- derecha liberal. Nada está cerrado sobre el resultado en estas autonomías, pilares de las victorias socialistas a escala nacional, junto con Cataluña y Andalucía. Ladirección del PP ha cerrado sin discordias las listas electorales, incluso donde mayores posibilidades había de enfrentamiento interno. Igualmente, ha sabido articular un proyecto político nacional en condiciones no siempre favorables, debido a la presión de las reformas estatutarias y al hecho incuestionable de que el poder político del PP está en las autonomías y no en su sede de Génova. Aun así, el PP no ha sucumbido a una federalización de sus organizaciones autonómicas, ni ha diluido su discurso nacional en oportunismos filonacionalistas, como ha hecho el PSOE en Cataluña, País Vasco y Galicia. Es más, ha habido una asistencia recíproca entre la dirección nacional y sus barones bien visible cuando las autonomías gobernadas por el PP fijaron criterios comunes contra la Ley de Educación, o cuando el PP denuncia la obstrucción financiera y legal del Gobierno socialista a la Comunidad de Madrid. La correcta dosificación entre el carácter nacional de este partido y la necesidad de ajustarse al terreno de cada autonomía será la clave para el resultado de las elecciones de mayo. LIMBO MEDIEVAL EN GUANTÁNAMO A victoria de Occidente sobre el totalitarismo islamista requiere ejemplaridad. Sin ella, se podrá ganar la guerra que libramos contra el terrorismo de Al Qaida, pero no se logrará convencer a quienes desean acumular reproches que sirvan de excusa para impugnar la legitimidad de las sociedades abiertas. En este sentido, lo que viene sucediendo desde hace cinco años en la base de Guantánamo ofrece a nuestros enemigos un flanco débilinnecesario. Ni siquiera la extraordinaria singularidad que reviste la agresión que sufrimos las democracias desde el 11- S y la absoluta falta de escrúpulos que exhiben los terroristas justifican la existencia de esta especie de limbo que permite a los Estados Unidos no sólo incumplir los convenios internacionales sobre derecho humanitario bélico sino, incluso, la negación misma del sistema de garantías judiciales. Todos sabemos cuáles son las intenciones de los enemigos de la libertad, e incluso somos conscientes de que su triunfo supondría la abolición de la civilización liberal y de la cultura jurídica que la fundamenta. Sin embargo, la mentalidad y los objetivos del islamismo totalitario no pueden combatirse acudiendo a instrumentos y fórmulas tan primitivas como las puestas en práctica en Guantánamo. Hay una serie de conquistas llevadas a cabo por la modernidad jurídica que son infranqueables, tal y como el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha tenido que recordar a la Administración Bush en los últimos meses. De hecho, conquistas como lapre- L sunción de inocencia o el derecho a un juicio justo configuran un acerbo de racionalidad jurídica, insalvable, que impide a un gobierno hacer piruetas que dañen la malla de seguridad que separa a la decencia de una democracia de su indecencia; que es lo que sucede, por ejemplo, cuando se lesiona la dignidad de las personas negándoles su derecho de defensa, o cuando se les somete a prácticas vejatorias o torturas. En este sentido, la ley aprobada esta semana por la Cámara de Representantes y el Senado es un paso esperanzador, aunque insuficiente. Estamos ante el fruto de un difícil equilibrio que trata de salvar la cara de una Administración que no sólo ha dañado gravemente la imagen de las instituciones delos EE. UU. en el mundo, sino que, incluso, ha comprometido la respetabilidad del sistema de common law vigente en el país desde hace siglos. A la espera de lo que suceda en las próximas elecciones legislativas del 7 de noviembre y, sobre todo, lo que decida el Tribunal Supremo en breve, la nueva ley impide al menos que el vacío normativo de Guantánamo pueda convertirse en un peligroso abismo moral para la democracia norteamericana. Y aunque se siga negando a los detenidos el derecho de habeas corpus se permitan retenciones indefinidas y se establezcan tribunales especiales que lesionan la igualdad jurídica, con todo, estamos ante un avance significativo que permite salir de la barbarie para entrar en un estadio jurídico más evolucionado: la Edad Media. Algo es algo.