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50 SÁBADO 30 9 2006 ABC Sociedad REACCIONES Generalitat catalana El Gobierno catalán anunció que presentará alegaciones contra el recurso y mantendrá la negociación para llegar a un acuerdo que permita una solución política extraprocesal Josep Maria Carbonell Presidente del CAC El CAC sufre una afectación mínima en sus competencias, puesto que se mantiene vigente su Ley de creación que ya contempla todas las competencias de sanción e inspección Artur Mas Presidente de CiU Es bastante inaudito que el PSC apoyara la Ley de Comunicación Audiovisual de Cataluña y luego el PSOE presente un recurso de inconstitucionalidad para desmontar el texto Josep Piqué Presidente del PP catalán El Gobierno, al recurrir la Ley Audiovisual, ha asumido las tesis del PP que ya había advertido de que aspectos importantes de esa ley no eran acordes con la Constitución El Constitucional admite a trámite un recurso del Gobierno y suspende la Ley Audiovisual catalana La normativa permite a la Generalitat cerrar un medio si juzga que no da información veraz b En el Parlamento catalán los socialistas no se opusieron a la ley mordaza pero el Ejecutivo presentó un recurso que se ha admitido en plena precampaña F. ÁLVAREZ IVA ANGUERA MADRID BARCELONA. El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado el pasado 1 de agosto por el presidente del Gobierno contra la Ley Audiovisual de Cataluña, según consta en la providencia emitida por el Alto Tribunal. Quedan en suspenso un total de 55 artículos y tres disposiciones adicionales, del total de 140 de que consta la polémica ley autonómica. El TC recuerda que el Gobierno invocó el artículo 161.2 de la Constitución, que supone que las normas autonómicas que lleve ante ese tribunal queden en suspenso de forma automática. La normativa fue aprobada el pasado 20 de diciembre en el Parlament con el único voto en contra del Grupo Popular y entró en vigor el 3 de enero, con el rechazo unánime del sector de la comunicación, que tildó el texto de mordaza y ejercicio de censura. La ley desarrolló las competencias del Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) organismo en el que la Generalitat delegó la potestad de determinar la veracidad de las informaciones e imponer sanciones o cerrar emisoras cuando así lo deseara. El recurso afecta de forma troncal a la ley catalana y responde al conflicto entre Gobierno central y autonómico por la gestión del espacio radioeléctrico- -necesario para planificar la oferta de operadores- -y la conversión de concesiones en licencias- -por tiempo indefinido- -para las cadenas de radio y TV. Se centra en el articulado que hace referencia a la gestión del espacio radioeléctrico, el contenido y gestión de los planes técnicos, y las obligaciones generales establecidas para los actores de la comunicación audiovisual. Además, la Abogacía del Estado recu- Un plató de televisión, momentos antes del comienzo del programa rre íntegros los capítulos segundo y tercero del texto, sobre la controvertida garantía del pluralismo y control de las concentraciones y el régimen de la licencia de medios audiovisuales. Además, afecta a los artículos que establecen las funciones y potestades del CAC. También han quedado recurridos el contenido de las licencias autonómicas y locales, las obligaciones de sus titulares, y los requisitos de vigencia y renovación de la licencia. Los Capítulos IV, V y VI también han sido objeto del recurso, que hacen referencia a las tecnologías distintas del espectro radioeléctrico, los distribuidores de servicios de comunicación audiovisual, y de esos servicios sin ánimo de lucro. Asimismo, la Abogacía del Estado ha recurrido los artículos 86 de obligaciones con relación a la presencia de la HUERTAS FRAILE El Gobierno central nunca quiso ceder la gestión del espacio radioeléctrico, clave para planificar emisoras lengua y cultura catalanas y del aranés en la comunicación audiovisual y 87, que establece las obligaciones en materia de difusión de obras audiovisuales europeas Privilegiada relación PSOE- PSC El anuncio del recurso cayó como una bomba en la precampaña catalana y fue rápidamente aprovechado por CiU y PP para ironizar sobre la relación privilegiada entre el Gobierno del PSOE y la Generalitat del PSC. Ironías al margen, fuentes gubernamentales reconocieron que esperaban este paso, aunque ambas administraciones mantienen teóricamente abiertas las negociaciones para llegar a un acuerdo sobre la polémica ley. Así, el Gobierno catalán confía en conseguir que el Ejecutivo reduzca los artículos recurridos. Por su parte, el Consejo Audiovisual Catalán (CAC) advirtió de que considera vigentes todas sus competencias, ya que su actividad está avalada por la ley de creación de la entidad, anterior al texto recurrido ahora por el Tribunal Constitucional. El CAC continua manteniendo todas sus competencias en materia de información y en relación con la concesión de títulos habilitantes, así como su potestad sancionadora señaló el portavoz de la entidad reguladora.