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4 Opinión MARTES 26 9 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Sociedad, Cultura y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Nacional) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco G. Mendívil INDUSTRIA, COMPETENCIA Y POLÍTICA E DESCENDENCIA REAL E L anuncio del futuro nacimiento del segundo hijo de los Príncipes de Asturias- -niño o niña- -es, además de una buena noticia en lo personal para Don Felipe y Doña Letizia, igualmente buena desde el punto de vista del aseguramiento de la sucesión en la Corona- -institución cuyo titular encarna la Jefatura del Estado- al ser ésta hereditaria en los sucesores de S. M. el Rey Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica según reza textualmente el artículo 57 de la Constitución. A tenor de la interpretación de ese precepto, el hecho sucesorio no se producirá hasta tanto el Príncipe de Asturias no sea proclamado Rey por fallecimiento o abdicación de su padre, de tal manera que los hijos de Don Felipe son iguales en la consideración hereditaria, esto es, tienen derecho al título de Infantes de España con tratamiento de Alteza Real. En tanto el tracto sucesorio no se produzca, existe una mera expectativa de derecho, pero no derecho adquirido a favor del hijo mayor varón- -si lo tuvieran- -de los Príncipes de Asturias, pero no se genera derecho adquirido alguno. Como quiera que está en trance de debate público- -y con un amplio consenso social- -la supresión de la prevalencia sucesoria del varón sobre la mujer prevista en la Constitución, conviene despejar las urgencias que podría generar la noticia del feliz nuevo embarazo de Doña Leticia. Según un cálculo razonable, hay tiempo más que suficiente para que la Constitución sea modificada en su artículo 57.1 de tal suerte de que, llegado el momento de la sucesión, la Infanta Doña Leonor sea la Princesa de Asturias. Tanto la voluntad política de los partidos con representación parlamentaria como el dictamen al respecto del Consejo de Estado, y un perceptible consenso social, requieren que en la sucesión a la Corona cese ya la prevalencia del varón sobre la mujer como criterio discriminador, que, aunque propio de la tradición dinástica, ha caído en desuso y, sobre todo, en una consideración general lesiva para la igualdad de sexos. Lo mismo ocurre en el derecho nobiliario, cuestión que ha sido solventada, aunque con una dispo- sición transitoria de retroactividad que afecta a la seguridad jurídica. Sin urgencia ni apresuramientos- -y aunque el segundo hijo de Don Felipe sea varón- -hay que ponerse en la tesitura de reformar este punto la Constitución de 1978. El problema- -de ahí que el sosiego sea imprescindible- -es que al tratarse del Título II de la Carta Magna su modificación debe producirse por el denominado procedimiento agravado, es decir, requiere de referéndum popular previa disolución de las Cámaras legislativas y ratificación por las nuevas, todo lo cual reclama un entendimiento muy profundo entre los grupos parlamentarios, que debe ser liderado por el Gobierno, sea en ésta o en la próxima legislatura. Sería razonable que la reforma del artículo 57 de la Constitución, cuando se produzca, se haga acompañar de otras modificaciones constitucionales que están siendo analizadas tanto por el Ejecutivo como por la oposición: la mención a la Unión Europea, el catálogo de comunidades autónomas y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y otros extremos que pueden acordarse y pongan al día el texto constitucional. Es importante, sin embargo, que estas modificaciones- -siendo la de la sucesión a la Corona la más trascendente de todas- -se produzcan en un clima bien distinto al actual, demasiado crispado y distorsionado por los muy próximos comicios municipales y autonómicos. La voluntad de servicio de S. M. el Rey- -y su afortunada buena salud- -y la disponibilidad de S. A. R. el Príncipe de Asturias al cumplimiento de sus obligaciones ofrecen un horizonte temporal largo y sereno en función del cual todo lo que deba hacerse conforme a la voluntad general se hará, pero sin urgencias ni premuras. La España democrática y monárquica, constitucional y parlamentaria, debe recibir, con la feliz noticia del pronto nacimiento de un nuevo Infante o Infanta de España, la garantía de estabilidad y continuidad de la Corona, a la que la Constitución encomienda, entre otras misiones, simbolizar la integridad y continuidad del Estado. EL EJEMPLO SUIZO E L éxito del referéndum celebrado en Suiza acerca de dos propuestas restrictivas sobre las leyes de Asilo y de Extranjería es fiel reflejo de la preocupación generalizada en toda Europa ante el problema de la inmigración, si bien convendría matizar que lo aprobado en aquella nación no sería hoy posible hacerlo de manera mimética dentro de la UE. Las sociedades desarrolladas tienen ante sí el reto de integrar a millones de personas que llegan en busca de un futuro mejor. Las fórmulas aplicadas hasta ahora no son satisfactorias. El pluralismo multicultural, según el modelo británico, está seriamente cuestionado desde el 7- J. El sistema de integración en los valores republicanos aplicado en Francia quiebra ante la formación de guetos urbanos y la rebelión en los barrios periféricos. En Alemania, la idea del inmigrante como un trabajador invitado que supuestamente se va a marchar algún día, no se corresponde con la realidad de los hechos. Holanda ha dejado ya de ser el paraíso de la tolerancia. En este contexto, las denuncias de la ONU- -más emotivas que racionales- -no han convencido a los ciudadanos helvéticos, que han aprobado ambos plebiscitos por una amplia mayoría de dos tercios de los votos emitidos. De este modo, entre otras medidas, se acelera la repatriación de demandantes de asilo cuyas peticio- nes hayan sido desestimadas y se legaliza la preferencia- -ya existente en la práctica- -en favor de los ciudadanos procedentes de la Unión Europea. La política en materia de inmigración se va a convertir en un factor decisivo en las próximas elecciones francesas. Parece que la derecha y la izquierda están dispuestas a tomarse el asunto muy en serio, entre otras razones para evitar que los extremistas puedan pescar votos en el río revuelto. También en el Reino Unido, laboristas y conservadores rivalizan en propuestas para controlar los excesos de una legislación permisiva. En el caso de Suiza, debe tenerse presente que cuenta ya con una población de origen extranjero que supera el 20 por ciento. Entre las medidas aprobadas figura la eliminación de la ayuda social cuando se rechaza una solicitud de asilo (quedando sólo en tales casos una ayuda humanitaria y la exigencia a los inmigrantes extracomunitarios de que demuestren una determinada cualificación profesional. No debe olvidarse que se han aprobado también medidas en favor de la integración, como los cursos de lenguas y la lucha contra las mafias y los matrimonios de conveniencia. El ejemplo suizo, con sus particularidades, supone, ya en clave interna, un serio motivo de reflexión del que pueden extraerse no pocas conclusiones. SPAÑA sigue siendo uno de los países europeos más difíciles para hacer negocios, fundamentalmente por la cantidad, variabilidad y discrecionalidad de sus normas y reglamentos. Como han puesto de manifiesto las opas sobre Endesa, la mano del Gobierno es alargada: Zapatero ha pasado del apoyo explícito a la creación de un campeón nacional, desmesurado en las formas y chapucero en los contenidos, a redescubrir los intereses del consumidor y la legislación europea. El resultado es que las empresas energéticas están hoy desorientadas y confundidas, desprovistas de un guión que delimite mínimamente las reglas del juego. Los empresarios se convierten por necesidad en arbitristas del poder más que en gestores e innovadores. Dedican tiempo y recursos a acercarse a los poderes públicos más que a conocer sus negocios y dirigir sus equipos humanos. La política industrial moderna no puede ser discrecional, ni caer en el arbitrismo y la tentación de seleccionar empresas y sectores ganadores. Ha de ser horizontal, buscar, identificar y establecer las condiciones fiscales, laborales, tecnológicas y el entorno competitivo en el que las empresas crezcan y prosperen, pero sobre todo ha de ser estable y previsible. El gobierno anterior se había aliado con el Reino Unido a la vanguardia de la liberalización económica y defendía la apertura del mercado europeo y la privatización de los monopolios públicos, lo que permitió a algunas compañías realizar valientes operaciones europeas. Ahora, el Gobierno ha perdido autoridad moral para dar lecciones de apertura y ha provocado la desconfianza de la Comisión y el Tribunal de Justicia Europeo. Ha dilapidado un capital político que se tardó diez años en construir. Y ha perdido una batalla que nunca debió iniciar. Tiene ahora el Ejecutivo la tentación de enquistarse y blindarse jurídicamente para que este ridículo no vuelva a suceder, aumentando sus facultades discrecionales para sacrificar el interés de los consumidores y autorizar concentraciones empresariales. Sigue creyendo en los campeones nacionales y busca fórmulas para crearlos, aunque sea por su necesidad de reparar el daño causado a unos aliados a los que ha dejado abandonados a mitad de carrera. La política industrial es demasiado importante para dejarla en manos del clientelismo electoral. Su relación con la defensa de la competencia es compleja, pero crucial. No hay ventajas absolutas sino relativas en economía internacional, sobre todo en un país que cuenta con una docena de grandes multinacionales creadas en la última década, pero en el que la pequeña y mediana empresa representa el 99,7 por ciento del tejido empresarial y crea el 80 por ciento del empleo. La industria española necesita unas reglas fijas y estables, y una aplicación objetiva y no discriminatoria de las mismas. También necesita un interlocutor, papel que el Gobierno de Rodríguez Zapatero no ha llegado a interpretar con la necesaria solvencia.