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56 Sociedad LUNES 25 9 2006 ABC La Iglesia deberá abonar hasta 40 millones de euros más al año tras renunciar a la exención del IVA La institución seguirá sin tener que pagar otros impuestos, como la tasa por donaciones b Los Acuerdos Iglesia- Estado consagraban la exención de los impuestos sobre la renta y el patrimonio a la Santa Sede y a la Conferencia Episcopal JESÚS BASTANTE MADRID. Estamos moderadamente satisfechos Esta es la expresión más utilizada por los responsables episcopales a la hora de evaluar los acuerdos suscritos en materia de financiación con el Gobierno, que modifican el actual sistema tributario y conllevan, en la práctica, una reforma de los Acuerdos Iglesia- Estado de 1979, al aceptar la Iglesia la obligación marcada por la Unión Europea de renunciar a la exención del IVA. Según cálculos realizados por la Conferencia Episcopal, la Iglesia española tendrá que abonar, a partir de ahora, una cantidad que oscilará entre los 25 y los 40 millones de euros en concepto de IVA. Esta tasa se aplicará no sólo a las diócesis, sino también a las congregaciones e institutos religiosos, y no únicamente a la construcción de edificios, sino también a las velas y distintos objetos litúrgicos. Las personas dependientes contarán con una red de prestaciones (Viene de la página anterior) V. MERINO cuentre en manos de alguno de sus organismos y que pueden obtener por sí mismos, evitando así desplazamientos y más trámites burocráticos para los dependientes. Lo que también ya ha obtenido la rúbrica del Gobierno son los 400 millones de euros que para el próximo año dedicará la Administración General del Estado en la atención a las personas dependientes, según figura en el anteproyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado de 2007, que fue aprobado el pasado viernes en Consejo de Ministros. La ayuda para aumentar esa cantidad y mejorar las prestaciones y servicios vendrá por parte de las comunidades, que deberán aportar otros 400 millones como recoge la ley de dependencia. No obstante, a ese montante hay que sumar las aportaciones que realicen los usuarios, cuya cuantía está aún por definir. En su momento, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales anunció que el copago de los beneficiarios no superará el 30 del coste total. La arquitectura de la ley Principios: Los servicios de atención a las personas dependientes serán un derecho subjetivo y universal, exigible por vía administrativa y judicial. Además se garantizará la igualdad en todo el territorio nacional. Beneficiarios: Tendrán derecho a recibir los servicios todos los españoles que se encuentren en una situación de dependencia. El texto fija tres niveles: dependencia moderada (el usuario precisa ayuda para realizar varias actividades básicas de su vida diaria, al menos una vez al día) severa (necesita apoyo dos o tres veces cada día) y gran dependencia (pérdida total de autonomía mental o física, requiere la presencia indispensable y continua de un cuidador) Está por determinar quién será o no dependiente y en qué grado. De ello se encargará el Consejo Territorial de Dependencia, formado por representantes del Gobierno y de las comunidades. Servicios: La ley despliega todo un catálogo de servicios sociales para facilitar la autonomía de las personas dependientes. Serán los siguientes: servicios de prevención de situaciones de dependencia, teleasistencia, ayuda a domicilio (atención a las necesidades del hogar y cuidados personales) centros de día y de noche- -para mayores y menores de 65 años- -y de atención especializada, y residencias para mayores y personas dependientes con discapacidad psíquica y física. Prestaciones económicas: En casos determinados la ley prevé una serie de ayudas económicas. Cuando la red pública no pueda prestar el servicio, se concederá una prestación económica para que el usuario lo adquiera en el mercado privado. De forma excepcional, la persona dependiente podrá ser cuidada por un familiar, que recibirá una compensación económica y será dada de alta en la Seguridad Social. Los cuidadores recibirán formación y disfrutarán de periodos de descanso. Las personas que sufran una gran dependencia contarán con una prestación de asistencia personalizada. Se trata de una ayuda económica para que puedan contratar a un cuidador personal durante un número de horas al día. Financiación: Para sufragar la red de servicios colaborarán tanto las diferentes administraciones como el propio usuario. La Administración General del Estado y las comunidades autónomas aportarán las mismas cantidades. Se prevé que es necesario realizar una inversión de unos 12.600 millones de euros a lo largo de los próximos ocho años, un montante que deberán igualar también las autonomías. De tal modo que cuando en 2015 la red esté a pleno rendimiento supondrá el uno por ciento del PIB, es decir unos 4.000 millones de euros al año. Para llegar a esa cantidad global también deberán colaborar los usuarios. Se calcula que de forma general aportarán el 30 del coste total del sistema. A nivel individual, cada beneficiario contribuirá en el coste del servicio que utilice en función de su capacidad económica, teniendo en cuenta su renta y su patrimonio. EFE El cardenal Cañizares protagonizó el acuerdo con el Gobierno Dictamen de la Comisión Europea De los cuatro acuerdos suscritos el viernes, tres pertenecen al ámbito estricto de la financiación de la Iglesia (incremento al 0,7 del porcentaje vía IRPF, renuncia al complemento presupuestario y elaboración de una memoria económica) mientras que el último, la exención del IVA, viene provocado por el dictamen emitido el pasado mes de febrero por la Comisión Europea, en virtud del cual la exención del IVA a la Iglesia no está autorizada por la legislación comunitaria. En principio, la Conferencia Episcopal quería separar ambos temas, financiación e IVA, en las negociaciones con el Gobierno. Finalmente, no fue así. En todo caso, a partir de ahora se prevén ciertas inconexiones según apuntaron desde el Episcopado, dado que el articulado literal de los Acuerdos Iglesia- Estado de 1979 (cuya vigencia nadie ha discutido hasta la fecha) consagra la exención total y permanente de los impuestos sobre la renta y el patrimonio a la Santa Sede, la Conferencia Episcopal, las diócesis, las parroquias y las Ordenes y Congregaciones religiosas entre otros. Una vez anunciado el acuerdo, resta lo más complicado: articular esta medida, de modo que las instituciones de la Iglesia afectadas por el pago del IVA puedan hacer frente a este abono. En algunos medios eclesiales, si bien se constata el claro avance en la cuestión del Impuesto de la Renta- -que acaba con el complemento presupuestario y acalla las voces de quienes denunciaban una sobrefinanciación de la Iglesia- se teme que, mediante el IVA, nos quiten con una mano lo que dicen que nos dan por la otra En este sentido, responsables eclesiales confían en que futuras interlocuciones Iglesia- Estado clarifiquen en qué consistirá exactamente el final de esta exención. Las conversaciones tienen que continuar explicó a este periódico uno de los responsables eclesiales que ha participado en la consecución del acuerdo que se alcanzó el jueves. Exención de otros impuestos Lo que sí ha quedado claro es que la Iglesia continuará exenta del pago de otro tipo de impuestos, como el IBI (Bienes e Inmuebles) los de contribución territorial urbana o los impuestos sobre sucesiones, donaciones y transmisiones patrimoniales. Las instituciones eclesiásticas no tendrán que hacer frente a dichas tasas. Al menos, mientras no se toquen.