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4 Opinión DOMINGO 24 9 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Sociedad, Cultura y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Nacional) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco G. Mendívil INDUSTRIA CONTRA LA OTRA E FINANCIACIÓN DE LA IGLESIA L Gobierno y la Conferencia Episcopal han llegado a un acuerdo sobre la financiación de la Iglesia en España que está cosechando elogios generalizados. Hay buenas razones para ello. El núcleo del acuerdo se sitúa en el aumento hasta el 0,7 por ciento del porcentaje que recibe la Iglesia a través del IRPF a cargo de los ciudadanos que opten de forma expresa por marcar la casilla correspondiente. Desaparece la aportación suplementaria del Estado por vía presupuestaria, así como la exención del iva para determinadas operaciones, difícilmente sostenible según la normativa europea. Es, por tanto, un modelo que tiende hacia la autofinanciación, sin que sean aceptables las críticas por una eventual discriminación respecto de otras confesiones. Como es notorio, el arraigo histórico y social de la religión católica en España no es comparable con el de ninguna otra, y así lo reconoce expresamente el artículo 16 de la Constitución. Además, las instituciones vinculadas con la Iglesia realizan una labor educativa y asistencial que, incluso si se acepta la más restrictiva de las valoraciones, debe ser compensada por los poderes públicos. Por tanto, ni beneficios para el Vaticano, como sostiene la izquierda laicista, ni ventajas injustificadas, como afirman los representantes de algunos grupos religiosos minoritarios. Si alguien ha sido generoso en esta negociación es la Iglesia, que presta a la comunidad unos servicios esenciales que suponen una aportación decisiva al capital social de nuestro país. El Gobierno da un paso más en la rectificación de su política falsamente progresista de los primeros tiempos. Los viajes a Roma de Fernández de la Vega y el nombramiento como embajador de Francisco Vázquez empiezan a rendir sus frutos. Es más fácil entender ahora el apoyo (sin duda, razonable) de Rodríguez Zapatero al Papa ante el escándalo artificial provocado en el mundo islámico por una cita sacada de contexto en su discurso de Ratisbona. Mientras el presidente del Gobierno se permite el lujo E de comportarse- -por una vez- -como un hombre de Estado, olvidando su ocurrencia sobre la Alianza de Civilizaciones, algunos políticos de la oposición se han visto sorprendidos por el resultado de una negociación que mejora la imagen del Ejecutivo ante un sector importante de la opinión pública. A su vez, la Iglesia obtiene condiciones adecuadas para su financiación como producto de una actitud inteligente de búsqueda de consenso, a la que no son ajenas las directrices establecidas por Benedicto XVI durante su visita pastoral a Valencia el pasado mes de julio. Así pues, todos son parabienes entre quienes han sabido distinguir la defensa innegociable de los principios y la flexibilidad propia de la negociación en materias instrumentales. Podría decirse que los radicales de uno y otro signo se han visto superados por el sentido común de los sectores moderados. Las relaciones Iglesia- Estado están reguladas por los acuerdos de 1979, entre ellos el relativo a asuntos económicos, que resulta reforzado por el nuevo pacto. Quedan así descalificados los elementos laicistas del PSOE, dispuestos a emprender una especie de cruzada antieclesiástica. También han quedado en evidencia quienes pretendían realizar una labor de oposición sin tregua desde unas imaginarias trincheras clericales, tarea que no corresponde a la Iglesia en una sociedad democrática. Es significativo que el acuerdo se haya alcanzado con la intervención directa de monseñor Cañizares, en plena sintonía con el presidente de la Conferencia, monseñor Blázquez, ante un asunto de interés general para los católicos españoles. Conviene insistir en que la Iglesia no recibe ningún regalo. Más aún, los poderes públicos le deben todavía una aportación suficiente en otros terrenos, como la conservación del patrimonio artístico y cultural, y sería también más que deseable una política fiscal orientada a reforzar las ventajas para el mecenazgo relacionado con actividades propias de la religión que procesa una gran mayoría de los españoles. LAS VÍCTIMAS SIGUEN AHÍ A crispación política actual en torno al 11- M y el proceso de negociación con ETA ha desplazado la prioridad que deben ocupar las víctimas del terrorismo en las agendas del Gobierno, de la sociedad y de los partidos políticos. Siendo escenarios con evidentes diferencias entre sí, la investigación judicial de los atentados del 11- M y el proceso de diálogo con los etarras abierto por Rodríguez Zapatero, al compás de una tregua de palabra, que no de hechos, están situados en medio del debate social con unas claves en las que las víctimas de los sicarios de la yihad islámica y de los carniceros de ETA han perdido el protagonismo que les corresponde para cedérselo a planteamientos políticos y mediáticos que nunca deberían haberse encaramado a las cimas de la opinión pública. Sin las víctimas por medio, o pretendidamente neutralizadas por su asociación a la política antiterrorista del PP, resulta más fácil manejar el fin de ETA con voluntarismo partidista, porque así se le despoja de todo rastro de justicia y de ética, al suprimir a golpes de discurso buenista la maldad intrínseca del terrorismo. Similar rechazo merece la preterición de las víctimas del 11- M por una polémica espuria, iniciada en la misma noche del 13 de marzo L de 2004 por una izquierda antidemocrática y alimentada desde entonces por acción y por omisión desde todas las posiciones políticas y desde determinados medios de comunicación. Polémica que lleva camino de solaparse al único ámbito en el que las víctimas pueden encontrar verdad, justicia y reparación, que es el judicial. Negando anticipadamente todo crédito a jueces y fiscales, lanzando sobre Policía y Guardia Civil toda suerte de insidias, descartando que el Estado de Derecho esté en condiciones de hacer Justicia, ¿qué les queda a las víctimas de aquellos terribles atentados de Atocha, El Pozo y Santa Eugenia? Al terrorismo se le debe combatir implacablemente, pero no manipular con fines políticos ni de otra naturaleza, porque esta adulteración de la actividad política o periodística acaba debilitando éticamente a la sociedad y alterando la jerarquía de valores en la lucha antiterroristas. Y ahí siguen las víctimas del terror, como el primer valor que debe tener presente una democracia para distinguir correctamente a sus enemigos, no desfallecer en su castigo y no aceptar que la justicia legal que debe aplicarse a los terroristas quede trocada por indignos procesos de paz o por juicios paralelos organizados por acusadores o defensores oportunistas. L estreno de Joan Clos al frente del Ministerio de Industria no ha podido ser más desafortunado. La imposición de una fuerte multa a Telemadrid y el tono conminatorio para exigir el cierre de La Otra reflejan una mentalidad autoritaria y un oportunismo político que no son de recibo en una democracia moderna. Da la sensación de que la decisión de Industria responde a un esquema recurrente: trabajar en contra de una comunidad cuya mayoría electoral no responde a los deseos socialistas. En materia de televisión, el País Vasco y Cataluña han actuado en diversas ocasiones en una situación que- -por decirlo suavemente- -bordea la legalidad establecida. Interpretar ahora la ley con máxima rigidez supone cuando menos una discriminación y una arbitrariedad. En materia de medios de comunicación, los gobiernos democráticos tienen que ser especialmente cuidadosos. La libre expresión y difusión del pensamiento es consustancial al pluralismo político y resulta inadmisible cualquier intromisión que no tenga más justificación que la voluntad partidista del ministro de turno. Existe al respecto una amplia jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del propio Tribunal Constitucional, que ha sido siempre especialmente cuidadoso en la defensa de las libertades que permiten a los ciudadanos expresar su opinión- -sobre todo si es crítica- -frente a los titulares del poder. Como es obvio, la proximidad de las elecciones locales y autonómicas es el motivo real que inspira el celo y la intransigencia del Ministerio. Las expectativas electorales del PSOE en Madrid parecen muy limitadas, a pesar de esas encuestas internas que siempre se anuncian y nunca se enseñan. Sin embargo, cerrar un canal de televisión de cara a la campaña electoral no parece la mejor forma de apoyar las posibilidades de Rafael Simancas o del candidato incógnita al Ayuntamiento. La sanción es desproporcionada, como afirma el Consejo de Administración de Telemadrid, y el cierre supone una interferencia en el proceso judicial pendiente, ya que ocasionaría perjuicios económicos de difícil reparación. Por lo demás, clausurar un medio de comunicación a través de un acto administrativo es una decisión que podría vulnerar el artículo 20 de la Constitución. Desde el punto de vista electoral, es muy probable que el acoso del Gobierno socialista a La Otra tenga el efecto contrario al que se pretende. Si los ciudadanos de Madrid se sienten de nuevo discriminados, como ya sucede con otras materias, los candidatos del PSOE van a pagar las consecuencias. En definitiva, la respuesta del Ministerio de Industria, convirtiendo a los madrileños en víctimas de su contencioso con la televisión autonómica, puede provocar un peligroso efecto bumerán en los intereses electorales del socialismo madrileño.