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4 Opinión SÁBADO 23 9 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Sociedad, Cultura y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Nacional) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco G. Mendívil PRESUPUESTOS CON FISURAS Y ELECTORALISTAS E IBARRETXE BUSCA SITIO C OMO estaba previsto, el proceso de diálogo con ETA fue el eje central del discurso pronunciado por el lendakari Ibarretxe en el pleno celebrado en el Parlamento vasco sobre política general. Ibarretxe aprovechó la mala coyuntura del llamado proceso de paz para reivindicarse, con tono patriarcal, como puente entre ETA Batasuna y el Gobierno socialista, a los que trató con escrupulosa equidistancia como responsables del buen fin de las negociaciones. El lendakari se empleó a fondo en su papel de custodio de la sociedad vasca, consciente de que el momento requería un discurso multiuso, que le permita en un futuro tanto ponerse a salvo de las consecuencias de un fracaso que no le sería imputable al haber sido excluido del proceso, como sumarse a la foto de las mesas pedidas por ETA en caso de que llegaran a constituirse, situación en la que no dudaría en reclamar su protagonismo. Con este planteamiento, Ibarretxe intenta contrarrestar el carácter extraparlamentario que el socialismo vasco y Batasuna han aceptado para el proceso de diálogo con ETA. Fuera de las instituciones, el PNV no está en condiciones de hacerse valer de manera influyente sobre los procedimientos y sus resultados y por eso ve con preocupación para su hegemonía que el PSE haya aceptado negociar el futuro político del País Vasco en mesas constituidas fuera del Parlamento. En todo caso, el pesimismo patente en el discurso de Ibarretxe indica que las circunstancias no son favorables para esos pasos que reclama el nacionalismo, fundamentalmente la mesa de partidos. Y en esto coincide con Batasuna, que ayer mismo, a través de Pernando Barrena, insistió en que el proceso se encuentra en un bloqueo especialmente grave advertencia reiterada en las últimas semanas y que explicaría el ultimátum de ETA al Gobierno, del que ayer informaba ABC, para que antes del 15 de octubre se avance en la legalización de la coalición proetarra, mediante la derogación de la ley de Partidos, y en la mesa política de partidos. Sin embargo, el lendakari no ofreció alternativa al bloqueo actual del proceso, bien porque no la conoce, bien por- que el nacionalismo gobernante tampoco tiene especial interés en apoyar un proceso político que se ha gestado y se está desarrollando al margen del PNV. Insistir, como hizo Ibarretxe, en que Batasuna debe presentar estatutos nuevos y en que el Gobierno debe dar garantías jurídicas a la coalición proetarra es, sencillamente, dar rodeos en el callejón sin salida en que se ha metido el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero. En un Estado de Derecho, una organización terrorista como Batasuna nunca podrá recibir garantías jurídicas de que no va a ser ilegalizada, porque el problema de la izquierda proetarra no es sólo la ley de Partidos Políticos, sino también el Código Penal. Es ilustrativo recordar ahora que al Partido Comunista de las Tierras Vascas no se le ha aplicado la ley de Partidos- -porque el Gobierno no ha querido- pero tiene a buena parte de su dirección procesada o imputada en la Audiencia Nacional por integración o colaboración con ETA. Para dar a Batasuna la garantía que quiere habría que desmantelar por completo el Estado de Derecho. Realmente, esta es la cuestión de fondo y la explicación del bloqueo del proceso de negociación: no hay sitio para ETA en la democracia. Incluso el lendakari se refirió a este imposible legal y político al reclamar que se cambie el ordenamiento jurídico para que la sociedad vasca decida su futuro Es decir, el avance del proceso depende no de que ETA- -y el nacionalismo en su conjunto- -acepte el régimen constitucional y estatutario, es decir, la legalidad vigente, sino de que el Estado democrático y de Derecho se autolesione con tantas crisis como sean necesarias para dar salida a las demandas de ETA y del resto del bloque nacionalista. Por eso, Batasuna pide la derogación de la ley de Partidos, y descarta acatar esta ley. Por eso, el lendakari pide cambiar la Constitución, y descarta acatar el principio de unidad de la soberanía nacional. Nada ha cambiado en este tiempo de tregua en cuanto a los objetivos nacionalistas, porque el nacionalismo, ETA incluida, sigue aspirando a que la superación del conflicto consista en la claudicación del Estado. SOCIALISTA Y ESPAÑOL A entrevista con Juan Carlos Rodríguez Ibarra que hoy publica ABC refleja fielmente la singular personalidad del presidente extremeño, liberado ya de las servidumbres que conlleva la candidatura electoral. Como es natural, existen luces y sombras durante su prolongado mandato. Sin embargo, a la hora de hacer balance es imprescindible distinguir entre su faceta como barón territorial, impregnada por ciertos rasgos inherentes a la permanencia continuada en el poder, y su actitud inequívoca en relación con el modelo territorial del Estado. De cara a la opinión pública, su imagen- -a veces abrupta, otras, profundamente humana- -está marcada por la defensa sin complejos de la nación española frente a los nacionalismos disgregadores. Ha dicho muchas veces de frente a sus adversarios, incluso a sus compañeros, ciertas verdades que la gente desea escuchar y que otros políticos más prudentes o acomodaticios no se atreven a manifestar. Ibarra defiende sin matices ni dobleces la unidad de España, la igualdad de todos ante la Ley y la solidaridad interterritorial, imprescindible para el progreso de una comunidad situada históricamente en los niveles más bajos de renta. Por tanto, reconoce que la sociedad del bienestar sólo puede funcionar en el marco del estadonación y no en un conjunto de taifas particularistas. L A lo largo de la entrevista, Ibarra recuerda algunas ideas elementales que el Gobierno que preside Rodríguez Zapatero prefiere no escuchar. Entre ellas, que hace falta una reforma constitucional con el acuerdo del PSOE y del PP para reforzar al Estado, en sintonía política- -al margen de los detalles jurídicos- -con la propuesta anunciada por Mariano Rajoy. En la misma línea se sitúa la reforma consensuada de la ley Electoral para favorecer mayorías sólidas a nivel nacional, evitando así que los nacionalistas se conviertan en árbitros y beneficiarios permanentes de la situación. Añade el presidente extremeño una importante recomendación a su jefe político respecto de un proceso de paz ante el que se muestra pesimista: a su juicio, el PSOE debe actuar conjuntamente con los populares a la hora de encauzar dicho proceso, que no debería seguir adelante si falta el consenso entre los dos grandes partidos nacionales. Se trata, en suma, de un dirigente formado en una ideología intervencionista, con resabios de liderazgo populista. No obstante, la gran mayoría se queda con la figura de un político capaz de conjugar socialismo y españolismo, una fórmula que la vieja generación del PSOE no ha logrado transmitir- -por desgracia- -a quienes hoy día ostentan las más altas responsabilidades. L Gobierno dio ayer luz verde al proyecto de ley de los Presupuestos Generales para 2007, penúltimo de la legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero. A priori, y a la espera de la deriva de los pactos parlamentarios, se trata de unas cuentas que pueden llegar a descarrilar porque incorporan un buen cúmulo de contradicciones internas. Aparentemente, las cuentas del Estado llegarán al Parlamento cuadradas, incluso con un ligero superávit presupuestario, que, en todo caso, será mucho menor del aconsejable dada la actual coyuntura económica. Pero la suma de compromisos políticos que tiene contraído el Gobierno en este momento puede hacer estallar ese equilibrio. Para empezar, sobre los Presupuestos Generales pende un año electoral- -las locales y autonómicas de primavera de 2007- -en el cual la vocación gastadora de los políticos es irrefrenable. Y para continuar, Cataluña, y en especial CiU, que se antoja imprescindible para aprobar los Presupuestos, pasan ahora la factura que permitió a Zapatero salir del atolladero del Estatuto catalán. No en vano, la inversión del Estado en Cataluña se multiplicará como primer efecto diáfano de la aprobación del texto estatutario. A esta deuda de Zapatero con Cataluña hay que añadir las exigencias de los tradicionales -ya no se sabe si prioritarios -socios del PSOE, como IU y ERC. Los primeros, como siempre, reclamarán más gasto social y, satisfagan o no las cifras, se subirán en marcha al tren del PSOE. El signo del voto de ERC es una incógnita porque la herida del Estatuto continúa sin sutura. Para Zapatero aprobar este presupuesto es fundamental antes de encarar el tramo final de la legislatura con varios procesos electorales en curso. El más próximo, el catalán, con elecciones el 1 de noviembre, fecha que condiciona cualquier acuerdo del PSOE en Madrid con los partidos competidores en Cataluña. Por el momento, al Gobierno, menguado de afiliados, le toca salvar los primeros trámites en el Congreso a la espera de abrir en noviembre la ronda de la negociación definitiva. Luego está la utopía de que, en efecto, las cuentas cuadren a gusto de todos. De hecho, los compromisos ya contraídos por Zapatero con CiU para aprobar el Estatuto, especialmente referidos a la inversión pública en Cataluña con un porcentaje equivalente al PIB de esa Comunidad en el conjunto de España, suponen un primer obstáculo para el equipo de Solbes y para el PSOE por el agravio que sienten las demás comunidades, empezando por Andalucía. Este debería haber sido un presupuesto al servicio de la consolidación económica y de las reformas estructurales que necesita la sociedad española para ampliar su potencial de crecimiento. Pero no lo va a ser. Serán unas cuentas al servicio de los intereses políticos y electorales del partido en el Gobierno.