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4 Opinión JUEVES 21 9 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Sociedad, Cultura y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Nacional) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco G. Mendívil ESTATUTO: UN RECURSO OPORTUNO CIERTA plenamente el Defensor del Pueblo al interponer recurso de inconstitucionalidad contra el capítulo referido a los derechos fundamentales y libertades públicas del Estatuto catalán. Como es notorio, la sentencia del TC tendrá en su día una importancia decisiva para la continuidad del modelo territorial vigente. Voces muy autorizadas- -a las que ahora se suman Enrique Múgica y el equipo de prestigiosos juristas que le asiste en el recurso- -entienden que el Estatuto no se ajusta a la Constitución ni a la propia jurisprudencia del máximo intérprete de la Carta Magna. Las alegaciones que presente el Defensor, junto con las ya formuladas en el recurso del PP, permitirán al TC comparar estos argumentos jurídicos con la defensa que el Gobierno y las instituciones autonómicas afectadas van a realizar en favor de la constitucionalidad del texto. Las buenas razones nunca sobran y por ello resulta inaceptable la reacción de los partidos catalanes, excepto el PP, descalificando el recurso y cuestionando la imparcialidad de su autor. Todo lo contrario: el Defensor del Pueblo es definido por la Constitución como alto comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los derechos fundamentales y libertades públicas. Con buen criterio, el recurso se limita a impugnar los preceptos que pueden afectar a la igualdad ante la ley de todos los españoles, valor supremo de nuestro ordenamiento jurídico. Aquí se incluyen- -de forma directa o indirecta- -materias como la lengua, la soberanía, la administración de Justicia y el derecho a recurrir ante el Defensor estatal cuestiones referentes a las competencias de la Generalitat. La impugnación no alcanza, en cambio, a la distribución de competencias o a las relaciones bilaterales entre el Estado y la Comunidad autónoma, entre otros elementos muy controvertidos del Estatuto. Cuando está en juego el sistema territorial basado en los principios de unidad y autonomía, las instituciones tienen el derecho y el deber de ejercer las competencias que les corresponden en defensa objetiva de la Constitución. No sirve la pasividad disfrazada de prudencia o mirar hacia otro lado con la esperanza de que las cosas se resuelvan solas. De hecho, estamos asistiendo a una mutación que conduce desde el Estado autonómico a una especie de modelo confederal indefinido. El TC tiene ante sí una grave responsabilidad y debe ser bienvenido cualquier elemento que se aporte legítimamente para contribuir a que los magistrados formen su juicio de constitucionalidad. Si molesta al Gobierno o a sus socios, o si se produce en plena precampaña electoral, son cuestiones de oportunidad política a las que el Defensor del Pueblo debe ser ajeno. Enrique Múgica, como defendió ayer en su rueda de prensa, ha demostrado su independencia y ha puesto en valor la institución de la que es titular. A EL COLAPSO DEL PROCESO DE PAZ E L presidente del Gobierno negó ayer en el Senado que el PSOE hubiera mantenido contactos con Batasuna durante el segundo mandato de Aznar y después de haber firmado el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo. Es la primera vez que Rodríguez Zapatero se manifiesta en estos términos sobre las conversaciones de los socialistas vascos, concretamente de su presidente, Jesús Eguiguren, con líderes de la ilegal Batasuna, entre ellos Arnaldo Otegi. Han pasado seis meses desde que ETA anunciara el alto el fuego, a raíz del cual diversos medios de comunicación dieron cuenta detallada de los contactos entre Eguiguren y Otegi, que habrían comenzado en 2002 y en un caserío de Elgoibar, para continuar, después, en Azpeitia. Igualmente, se han dado a conocer amplias referencias a los contactos entre emisarios del actual Gobierno y representantes de ETA, desde junio de 2005, y que habrían tenido lugar en Ginebra (Suiza) y Oslo (Noruega) Antes, incluso, del anuncio de alto el fuego, destacados dirigentes del PSOE como José Blanco y Diego López Garrido comprometieron su palabra y negaron rotundamente los rumores de las conversaciones entre el Partido Socialista de Euskadi y Batasuna. Sin embargo, tanto los dirigentes batasunos como sus medios afines insistieron en la veracidad de esas informaciones, que el propio Jesús Eguiguren vino a confirmar en una entrevista publicada cuatro días después del anuncio de tregua y en la que afirmaba que el diálogo con la izquierda abertzale ha sido muy útil para llegar a este punto al que hemos llegado, aunque, en teoría, ni Batasuna ni los socialistas hemos hablado de forma oficial Confirmación, por tanto, de primera mano. El discurso esquivo que juega con las palabras- -como si la relación política con el brazo político de ETA distinguiera entre lo oficial y lo oficioso- -no distorsiona la conclusión final de que los socialistas vascos estuvieron hablando (con carácter negocial o meramente dialogal, tanto da) con una Batasuna ilegal y disuelta, mientras ETA seguía atentando y pese al pacto antiterrorista firmado por el PSOE y el PP. Como mínimo, resulta extraño que el presidente del Gobierno haya tardado tanto en desmentir una implicación tan grave de su partido en conversaciones con una organización terrorista, siendo falsa, según dijo ayer, y tan lesiva como lo ha sido para su propio crédito personal en este tiempo. Es comprensible que Mariano Rajoy haya manifestado su inquietud por esta sorpresiva declaración del presidente, que desmiente a la dirección del socialismo vasco y abre la incógnita de lo que pueda decir ETA, que ya dejó en evidencia al PNV en 1999 cuando este partido negó pactos secretos y los etarras los dieron a conocer mediante la publicación del documento suscrito con los nacionalistas en agosto de 1998, verdadera guía del bloque nacionalista desde entonces. En condiciones normales de transparencia informativa y de relación institucional con el Partido Popular, la palabra del presidente del Gobierno habría de considerarse incuestionable. Pero, como el propio Ejecutivo ha hecho imposibles tales condiciones, lo más suave que se puede decir por ahora es, por un lado, que la sociedad española no sabe a quién creer- -actitud ciudadana que resulta dramática para un Gobierno democrático- -y, por otro, que el proceso de diálogo con ETA está llevando la confusión al PSOE y al Ejecutivo, provocando exhibiciones de contradicción realmente graves. Si el ministro de Justicia, López Aguilar, afirmaba el martes que la violencia social estaba desapareciendo del País Vasco, ayer mismo Patxi López decía que la kale borroka impedía que el proceso avanzara. Eguiguren se jactó de los puentes tendidos con Batasuna y, ayer, el presidente del Gobierno los negó. La crisis- -colapso cabría decir- -de un proceso de paz al que Batasuna ha puesto de plazo hasta el otoño tiempo en el que habría de constituirse la mesa política, explicaría esta sucesión de desmentidos débiles y discursos contradictorios. Pero no se puede estar a todas las bandas y lanzar mensajes antagónicos para complacer a todos, porque ETA- -y Zapatero debe saberlo de una vez por todas- -es incompatible con la sociedad española. MADRID REBAJA IMPUESTOS E L Gobierno de Madrid cumplirá, antes de acabar la legislatura, su compromiso fiscal de reducción de la carga tributaria al conjunto de los contribuyentes. La presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, planteó una rebaja selectiva y ordenada de los principales impuestos gestionados por la Comunidad (tramo autonómico del IRPF e impuestos sobre sucesiones, donaciones y patrimonio) que completará en el Presupuesto para el 2007 y en su ley de acompañamiento. Madrid asume así el liderazgo nacional en rebaja de impuestos a los ciudadanos sin incurrir en déficit presupuestario, ya que la Hacienda madrileña tiene previsto cerrar el actual Presupuesto y el próximo con superávit. Desde esa realidad contable, lo procedente es el recorte de impuestos para que sea el propio ciudadano quien decida el destino de su ahorro. En el caso de los impuestos de sucesiones y donaciones, a partir del próximo enero los madrileños disfrutarán de la bonificación del 99 por ciento en la cuota de estos tributos, que deja su liquidación en cifras testimoniales, meros indicadores irrelevantes para el contribuyente. Para el impuesto del Patrimonio- -creado con naturaleza transitoria hace treinta años- -la Hacienda madrileña ha dado indudables pasos de mejora al ampliar su mínimo exento, lo que reduce el número de contribuyentes obligados a declarar una carga creada para servir de referencia al IRPF y sin pretensiones recaudatorias. La sustancial elevación reciente de las bases catastrales traslada a este impuesto mucha mayor relevancia recaudatoria, bastante más allá de la pretendida. Pero la decisión más trascendente del Gobierno madrileño es la renuncia a un punto en el tramo que le corresponde del IRPF. Las Comunidades tienen competencia para modificar parcialmente los tipos impositivos del IRPF e incluso para incorporar algunos beneficios fiscales a los existentes en el territorio común. Y en uso de esas competencias, la Comunidad madrileña reducirá hasta un punto el tipo mediante el procedimiento que en su momento fije la Asamblea a propuesta del Gobierno, aspecto éste aún por concretar. Pendientes de conocer con detalle las cifras exactas y los efectos inmediatos de estas propuestas, conviene señalar que el crecimiento de los ingresos presupuestarios debe tener a los propios ciudadanos como beneficiarios. Acierto por tanto del Gobierno de Madrid, en la línea de una Comunidad que en materia económica ha mostrado eficacia y capacidad de gestión, al sevicio de los intereses del contribuyente.