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36 Internacional MARTES 19 9 2006 ABC El presidente de Somalia escapa ileso de un atentado MOGADISCIO. Al menos cuatro per- AP sonas han muerto en un atentado contra el presidente de Somalia, Abdulahi Yusuf Ahmed, ayer en Baidoa, la sede del Gobierno provisional. Entre las víctimas mortales estaban el hermano del presidente, guardaespaldas y civiles. En la imagen, miembros de la Policía y paisanos observan el humo causado por la explosión de un coche bomba accionado por un terrorista suicida cuando el convoy presidencial salía del Parlamento, después de que Yusuf pronunciara un discurso para pedir el voto de confianza de los legisladores al nuevo gobierno formado por el primer ministro, Mohamed Ali Ghedi. El Gobierno provisional insiste en no atribuir la autoría de los atentados a los Tribunales Islámicos. Asesinados en Marruecos un alto funcionario de la CE y su esposa ABC RABAT. El pasado domingo por la noche fueron asesinados en su domicilio de Rabat un alto funcionario de la Comisión Europea destinado en Marruecos, el italiano Alessandro Missir di Lusignano, y su esposa, Arianne Lagasse de Locht, de nacionalidad belga. Según las primeras informaciones suministradas por la policía marroquí, el suceso podría tratarse de delincuencia común, ya que al parecer varios objetos fueron robados en la casa. Al parecer, la investigación descarta como hipótesis que los asesinatos pudieran estar relacionados de alguna manera con la ira desatada en el mundo islámico por el reciente discurso del Papa Benedicto XVI en Ratisbona. La comisaria europea de Relaciones Exteriores, Benita Ferrero- Waldner, manifestó ayer su disgusto por el suceso: Estamos conmocionados por este horrible ataque señaló en un comunicado en el que manifestaba sus condolencias a los cuatro hijos de la pareja. Ferrero- Waldner destacó que las autoridades marroquíes se han comprometido a desplegar todos los medios necesarios para identificar a los autores y llevarlos ante la justicia. Las dos víctimas fueron acuchilladas por uno o varios desconocidos que, según las primeras investigaciones, habrían entrado en la vivienda con intención de robar, ya que sustrajeron al menos un vehículo propiedad de la pareja y varios objetos de valor. Washington acumula más de 14.000 presos extrajudiciales desde el 11- S La Casa Blanca negocia para lograr procesos aceptables en Guantánamo en su tratamiento, estos detenidos se encuentran dentro de un problemático vacío legal, sin derechos básicos como el habeas corpus PEDRO RODRÍGUEZ. CORRESPONSAL WASHINGTON. Desde la ofensiva terrorista perpetrada por Al Qaida hace cinco años contra Estados Unidos, la Administración Bush ha terminado por acumular más de 14.000 presos en prisiones extrajudiciales que no se limitan únicamente a los centros de detención a cargo de la CIA, recientemente reconocidos por la Casa Blanca. Una población reclusa que se encuentra dentro de un problemático vacío legal, sin el beneficio de derechos básicos como el habeas corpus y cuyo futuro se presenta, en el mejor de los casos, como incierto. De acuerdo a las cuentas realizadas por la agencia de noticias Associated Press, estos presos extranjeros capturados a partir del 11- S se encuentran desglosados en tres grupos principales: 13.390 en Irak (Campo Bucca, Campo Cropper y Fuerte Suse) alrededor de medio millar en Afganistán (base aérea de Bagram) y 455 en Guantánamo. Censo carcelario al que también habría que sumar los detenidos que en el futuro terminen en poder de los servicios de inteligencia de EE. UU. Todo este sistema de cárceles extrajudiciales empieza a ser criticado como una debilitadora fuente de descrédito en la guerra contra el terrorismo b Pese a las mejoras declarada por la Administración Bush. Con un potencial evidente para abusos, como quedó demostrado en el escándalo de Abu Ghraib, o injustas equivocaciones. Según estimaciones facilitadas al Comité Internacional de la Cruz Roja, entre un 70 y un 90 por ciento de las detenciones realizadas por tropas del Pentágono en Irak durante 2003 fueron errores. A lo largo del último año, el Pentágono- -bajo cuya custodia permanece la inmensa mayoría de esta población de reclusos extranjeros- -ha venido realizando un esfuerzo para reducir su número, mejorar sus condiciones de vida y asegurar la dignidad de los detenidos por razones de seguridad Ese proceso culminó el pasado 6 de septiembre con la publicación de un nuevo manual de interrogatorios que prohíbe expresamente las técnicas abusivas. Con todo, este nuevo manual no cubre los interrogatorios a cargo de la Agencia Central de Inteligencia. Como el anunciado traslado en septiembre de 14 presuntos cabecillas de Al Qaida a Guantánamo tampoco supone el cierre de la red secreta de prisiones extrajudiciales a cargo de la CIA, que cuenta con el respaldo de la Administración Bush como una herramienta espe- cialmente útil para prevenir nuevos ataques terroristas. Ante las evidencias de que esta situación temporal tiende a prolongarse, durante este otoño está prevista la apertura en Guantánamo de un centro carcelario permanente de alta seguridad, valorado en 30 millones de dólares. El mes pasado, el Pentágono ya empezó a operar en su base cerca del aeropuerto de Bagdad otro moderno centro de detención, en el que se han invertido 60 millones de dólares. Las instalaciones son ocupadas en su mayor parte por individuos que ni son prisioneros de guerra ni encausados en procesos penales. Falta de garantías procesales Dentro del pulso librado en Washington para formular un sistema de enjuiciamiento aceptable por lo menos para los internados en Guantánamo, la Casa Blanca continúa negociando con el Congreso Federal, especialmente con el grupo de senadores republicanos que en una pública rebeldía han rechazado las propuestas formuladas por la Administración Bush por considerar que carecen de suficientes garantías procesales. Este debate en Washington ha sido impuesto por la decisión adoptada en junio por el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Por cinco votos contra tres, la máxima autoridad judicial del gigante americano dictaminó que los detenidos en Guantánamo están amparados por las Convenciones de Ginebra, declarando inconstitucional el plan de la Casa Blanca para utilizar juicios militares sumarios. Reclusos por razones de seguridad, ni son prisioneros de guerra ni encausados en procesos penales