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4 Opinión MARTES 19 9 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Sociedad, Cultura y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Nacional) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco G. Mendívil HACIA UN GIBRALTAR INDEPENDIENTE YER Gibraltar dio sus primeros pasos hacia su independencia del Reino Unido y de España. Por desgracia, ése parece ser el horizonte futuro asociado al destino definitivo del Peñón. Al menos eso es lo que se desprende de un estudio del contenido del acuerdo firmado en Córdoba por España, el Reino Unido y la colonia de Gibraltar, definido como histórico por las partes firmantes del mismo, ya que introduce una fórmula que satisface los intereses británicos y gibraltareños, pero a costa de dejar en muy mal lugar los de nuestro país, que no son otros que recuperar la plena soberanía sobre un territorio desgajado de España tras el Tratado de Utrecht en 1714. Si así fuera y nuestro país perdiera su legítimo derecho sobre la colonia, el acuerdo supondría el inicio de un proceso de no retorno que culminaría con la atribución a Gibraltar de un estatus de estado independiente asociado -dentro del marco de la Unión Europea- -al Reino Unido y España, algo muy alejado de las reivindicaciones que históricamente ha mantenido nuestro país y que han sido reconocidas por Naciones Unidas. De ahí que no se entienda muy bien la alegría que mostraba ayer el ministro Moratinos al término de la reunión. Que España vea alejarse sus expectativas soberanas sobre la colonia es una mala noticia, máxime cuando se dibuja un escenario en el que se abre una nueva etapa que nace con el reconocimiento efectivo de Gibraltar como interlocutor decisivo dentro del conflicto hispano- británico, que es lo que se esconde realmente detrás de la institucionalización jurídica experimentada por el Foro Tripartito de Diálogo tras la aprobación del acuerdo de ayer. En este sentido, la euforia del ministro principal de Gibraltar, Peter Caruana, está justificada. Primero, porque el Peñón obtiene un balón de oxígeno con el uso conjunto del aeropuerto y la mejora del cruce de la verja. Y segundo, porque se sustituye definitivamente un marco de relación bilateral por otro trilateral que permite al Reino Unido ir desentendiéndose paulatinamente del proceso negociador, al tiempo que cobra protagonismo Gibraltar como interlocutor real ante España, diluyéndose así el debate colonial al abrirse un marco de diálogo de tú a tú entre nuestro país y el gobierno del Peñón. Triste espectáculo el que dio ayer nuestra diplomacia, sobre todo al obtener a cambio de tantas cesiones españolas las pésimas compensaciones de establecer una sede del Instituto Cervantes en Gibraltar- -reconociendo así que es un territorio extranjero- -y el compromiso británico de que, cuando Londres decida que recale en la base naval alguno de sus submarinos atómicos, nunca lo harán para efectuar reparaciones de sus componentes nucleares. Lo dicho, un pésimo balance para los intereses de España. A ESTO NO ES TREGUA A violencia callejera de los proetarras ha alcanzado este fin de semana una intensidad que ya no permite al Gobierno seguir eludiendo la gravedad de la situación. El método de mirar a otro lado para no ver el recrudecimiento de todas las tácticas habituales de ETA, excepto el atentado mortal, toca a su fin en cuanto la organización terrorista planta en las calles del País Vasco una campaña de destrucción de autobuses y cajeros, de sabotajes al Euskotren y de ataques a dependencias judiciales. Las esperanzas del proceso de paz no pueden seguir depositadas en la capacidad de autoengaño del Ejecutivo sobre la reversión que ha logrado ETA imponer a su decadencia operativa. Lo que se le había dicho a la sociedad española era que ETA estaba derrotada y que tanto la kale borroka como la extorsión a los empresarios eran incompatibles con el proceso de diálogo. Sin embargo, el llamado proceso de paz no discurre por el cauce de estas líneas rojas que había comprometido el Ejecutivo con la oposición y la opinión pública. Así, ni el proceso es viable, ni el Gobierno puede seguir reclamando paciencia y confianza. Una vez más, se está confirmando que el fin del terrorismo no vendrá de la mano de una tregua de ETA y que los ceses temporales de la violencia terrorista responden exclusivamente a un análisis de oportunidad estratégica de la banda para conseguir sin muertos los mismos objetivos por los que lleva matando casi cuarenta años. Esta no es la tregua en la que ETA va a desaparecer ni a entregar las armas incondicionalmente, únicos objetivos legítimos de cualquier diálogo de un Gobierno democrático con una organización terrorista. La kale borroka es puro terrorismo y está alentada, porque así se declara en múltiples autos judiciales de la Audiencia Nacional, por el binomio ETA Batasuna. Consolarse con el lamentable ejercicio falaz de calificar la quema de autobuses y cajeros como actos de debi- L lidad de los terroristas sólo abunda en el error que están cometiendo el Gobierno y el PSOE de dar esperanzas a este proceso contra toda evidencia de que ETA ni renuncia a la violencia, ni está dispuesta a disolverse. Lo decían los etarras en sus comunicados, pero ahora lo dicen con hechos: para ellos esta tregua no ha abierto un proceso de paz, sino de autodeterminación. Es una irresponsabilidad negar a la kale borroka el significado real que tiene en la estrategia general del terrorismo etarra. Fue un instrumento esencial para socializar el conflicto es decir, para llevar la violencia a las puertas de los ciudadanos; y también para consolidar la cantera de nuevos terroristas. Y hoy demuestra que ETA ha situado sus bazas sobre la mesa, con Batasuna plenamente operativa, el frente de presos reactivado- -ya no hay presos que pidan a la banda el abandono definitivo de las armas- -y la violencia urbana campando a sus anchas, porque, hasta el momento, no se ha producido una sola detención con motivo del centenar largo de actos de terrorismo callejero cometidos por los proetarras. Tras el desarme unilateral del Estado- -paralización de la ley de Partidos, ruptura del Pacto Antiterrorista, inhibición de la Fiscalía- ETA percibe que tiene la iniciativa y que su posición es más fuerte, sea cual sea el resultado de la negociación. Además de pedir paciencia, el Gobierno debe explicar qué le queda aún a este proceso de negociación con ETA. Lo que estaría en manos del Ejecutivo- -legalización de un nuevo partido de la izquierda proetarra y acercamiento de presos- -no interesa a la dirección de ETA como únicas contrapartidas al fin de la violencia. Y lo que ahora interesa a la banda- -la constitución inmediata de la mesa política para negociar el futuro del País Vasco- -no deben concederlo el PSE- PSOE y el Gobierno bajo ningún concepto, salvo que estén dispuestos a entregar a los etarras un motivo de justificación de sus sangrientas cuatro décadas de existencia. CRIMINALIDAD EN AUMENTO A Memoria Anual de la Fiscalía General del Estado, presentada en el marco de la apertura del año judicial, ofrece una ocasión propicia para reflexionar sobre la evolución de las cifras de criminalidad en España. En materia de lucha antiterrorista, Conde- Pumpido ha procurado contentar a todos: sin dejar de mencionar- -como no podía ser menos- -el principio de legalidad penal y procesal que delimita la acción de la Fiscalía, expresa también el atisbo de esperanza que se abre con el proceso de paz. Sin duda, sería deseable que, como defensor inequívoco de la integridad del Ordenamiento Jurídico, hubiera debido aclarar que la aplicación de la ley no está sometida a ningún género de concesiones a los propósitos del Gobierno. Por lo demás, los datos sobre la banda terrorista ETA incluidos en la Memoria son suficientemente expresivos: 47 atentados, 101 heridos y 72 actos de violencia callejera son datos que los más optimistas deberían tener muy en cuenta. En otro orden de cosas, la frialdad de la estadística refleja que el drama de la violencia de género continúa su escalada imparable: 73 mujeres muertas en el ámbito doméstico en 2005 frente a 47 en el año anterior, y un aumento superior al 36 por ciento en los procedimientos incoados por delitos o por faltas. Asimismo, el índice de criminalidad creció un 3 por ciento hasta situarse en L los niveles negativos de 2002. A tenor de las cifras, parece claro que la retórica gubernamental y las buenas intenciones de organismos administrativos y observatorios de todo tipo chocan contra una realidad implacable. Conviene recordar que el Ejecutivo decidió otorgar prioridad a esta forma particularmente cruel de delincuencia, y que la aprobación al comienzo de la legislatura de una ley integral contra la violencia de género tuvo notable repercusión mediática. En la práctica, la falta de recursos personales y materiales para su aplicación, el incumplimiento habitual de las medidas preventivas y la persistencia de ámbitos sociales impropios de una sociedad moderna forman una mezcla explosiva. No es suficiente aprobar a bombo y platillo una norma que queda bien de cara a la galería y olvidarse luego de la labor menos lucida de conseguir su puesta en práctica. El Ministerio de Justicia y los demás departamentos afectados no pueden dar por cerrado este capítulo, aunque ya no se preste al lucimiento político. Es condición necesaria, aunque no suficiente, dotar a los órganos jurisdiccionales, a la propia Fiscalía y a las Fuerzas de Seguridad de los medios necesarios. La clave está en la percepción social de que el peso de la ley caerá de forma inexorable sobre quienes practiquen la violencia de género.