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4 Opinión LUNES 18 9 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. López Jaraba (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil LAS DUDAS DE LA CLONACIÓN TERAPÉUTICA E GALICIA EXIGE RESPONSABILIDADES M ILES de personas salieron ayer a la calle en Santiago de Compostela para pedir la dimisión de Pérez Touriño por la pésima gestión de la Xunta gallega en la crisis de los incendios forestales. Un total de 77.000 hectáreas calcinadas entre el 4 y el 14 de agosto y- -sobre todo- -la pérdida de cuatro vidas humanas es un balance trágico que no se puede olvidar fácilmente. El éxito de la convocatoria demuestra que la gente no se deja llevar por acusaciones infundadas, como la que dibujó una trama criminal tras los incendios que arrasaron la región. La política democrática exige unos niveles mínimos de lealtad hacia el adversario, pero hubo quienes alentaron y propagaron la teoría de la trama organizada mientras ardían los montes gallegos, y hace sólo unos días ciertos dirigentes socialistas pretendieron, en ese mismo sentido, sacar partido de un documento interno del PP interpretado con manifiesta mala fe. Lo único cierto es que el Ejecutivo social- nacionalista se dedicó desde el primer día a desmontar la organización administrativa y técnica contra incendios desarrollada durante la larga etapa de Manuel Fraga, a pesar de que se habían obtenido resultados razonablemente positivos. Sustituir a los profesionales por amigos políticos y dar prioridad al conocimiento de la lengua gallega para formar parte de las brigadas son actuaciones irresponsables y oportunistas cuyas consecuencias dramáticas no se han hecho esperar. La confesión del consejero competente ante el Parlamento autonómico sobre la falta de medios y su deseo de dimitir en plena crisis son buena prueba del grave fracaso de la Xunta en la lucha contra el fuego. El caso del Prestige y la campaña magnificada en torno al lema Nunca máis marcaron el comienzo de una forma de hacer política que resulta impropia de una democracia madura. Utilizar los accidentes, las catástrofes naturales o los casos de fuerza mayor para hacer bandera partidista es prueba de una concepción del todo vale que causa un grave deterioro a la convivencia y deriva en una fractura social de difícil remedio. Prolongar ese desafortunado planteamiento y culpar al adversario de todo lo que ocurre cuando el que acusa ostenta la responsabilidad de gobernar es- -además de insólito- -una confesión palmaria de incapacidad, porque los incendios forestales en Galicia no son un acontecimiento imprevisible o inevitable, como se define en términos jurídicos la fuerza mayor. Todo lo contrario. Es evidente que la Xunta debe realizar una política preventiva acorde con el riesgo que se afronta, disponer de planes de emergencia y protocolos de actuación bien diseñados y aplicar todos los recursos materiales y humanos que sean necesarios. Nada de esto ocurrió durante las jornadas dramáticas del pasado agosto. El Ejecutivo gallego ha incurrido en una gravísima responsabilidad que los ciudadanos exigen en la calle y que no puede sustentarse mediante la constitución en la Cámara autonómica de una simple comisión de estudio de carácter no permanente. No hay mucho que estudiar y, en todo caso, es una pérdida de tiempo llamar a los antiguos consejeros para que relaten sus experiencias, que en algún caso se remontan veinte años atrás. Hace falta una verdadera comisión de investigación sobre unos hechos acaecidos hace pocas semanas, y es imprescindible que se deduzcan responsabilidades políticas al más alto nivel. El lema de la manifestación, Cuando Galicia arde, no hay que ser cobarde acompañado de la reivindicación de que se investigue y se indemnice a las víctimas, refleja con claridad la postura de una parte sustancial de la opinión pública ante la actitud de la Xunta, vacilante a la hora de dirigir la lucha contra el fuego y oportunista después, en el sentido de eludir las propias culpas y esperar a que pase el temporal. Es inaceptable a estas alturas que ninguna autoridad política haya dimitido o cesado. Sin duda, la debilidad política del bipartito que preside Touriño permite que cada uno vaya a lo suyo. Lo triste es que se hayan producido pérdidas de vidas humanas y- -un año más- -el patrimonio forestal gallego haya sufrido un daño gravísimo. LOS ABOGADOS DEL 11- M L trabajo de los abogados defensores de los procesados en el sumario del 11- M es un capítulo silenciado en la información diaria sobre este proceso, a pesar de que la asistencia letrada en causas como ésta demuestra la decisiva aportación de la abogacía al Estado de Derecho. Más aún si se trata de letrados del turno de oficio que, aun cuando su adscripción sea voluntaria, cumplen un servicio público esencial para atender casos en los que, por razones obvias, no cabría esperar la designación de abogados de confianza. Por eso hay que atender con respeto las quejas que están formulando los letrados defensores del 11- M, referidas tanto a la dotación económica para el pago de sus servicios como a las carencias de medios para ejercer su defensa, por falta de tiempo y de traductores. Desde el Ministerio de Justicia se han puesto de manifiesto los incrementos económicos para los letrados, aunque el argumento de que el turno de oficio no está sujeto a las reglas del mercado como explicación de los bajas retribuciones, resulta impertinente ante las dimensiones del sumario del 11- M, cuya complejidad requiere dedicación exclusiva, más aún cuando comience el largo juicio oral. Precisamente, las quejas de los letrados del 11- M han ido acompañadas por la advertencia de que solicitarán, si no son aquéllas atendidas, el aplazamiento del juicio hasta 2009. Esto no es admisible, por múltiples razones. El sumario ya está E terminado y en poder de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Se van a resolver los recursos de apelación y las peticiones de sobreseimiento, de nuevas diligencias de investigación o de juicio oral. Y aun cuando la vista no comenzara en enero o febrero de 2007, como se prevé con optimismo en la Audiencia y la Fiscalía, tampoco pasarían muchos más meses hasta que se abrieran las sesiones del juicio. Por otro lado, para 2009 habrían vencido definitivamente los plazos máximos de prisión provisional de los principales procesados, con el riesgo de fuga que conlleva su excarcelación anticipada, y aquéllos, además, podrían contar con el apoyo de redes internacionales para su huida, como ya sucedió con alguno de los terroristas huidos tras el 11- M y que se fugó a Bélgica. Y, por supuesto, hay que contar prioritariamente con las víctimas y sus familias, que no deben ser sometidas al tormento de una causa que se dilate y mantenga vivo el recuerdo de la tragedia más allá de lo estrictamente necesario. Los abogados defensores del 11- M deben contar con todos los medios para ejercer su defensa. También los abogados de las acusaciones de las víctimas tienen que asumir un ingente trabajo. Pero el interés general en este proceso es que culmine con una vista oral, sin merma alguna de las garantías procesales de ninguna de las partes- -y, hasta ahora, no parece que exista menoscabo alguno- y en un plazo razonable que en ningún caso debe superar 2007. L Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes el anteproyecto de ley de Investigación Biomédica, que convertirá a España en el cuarto país europeo, junto con el Reino Unido, Bélgica y Suecia, que autoriza la experimentación en clonación terapéutica. Si esta norma recibe el respaldo del Parlamento, los científicos españoles podrán trabajar en un área que en la inmensa mayoría de los países occidentales, con EE. UU. a la cabeza, está prohibida por las profundas dudas éticas que suscita su aplicación. La clonación terapéutica se basa en una técnica conocida como transferencia nuclear y que persigue la obtención de células madre para crear tejidos trasplantables sin rechazo inmune. Para cosechar ese preciado material biológico es necesario fusionar el núcleo de una célula adulta (por ejemplo, de un paciente con diabetes) en un óvulo sin núcleo. El resultado es un embrión que debe destruirse, antes de completar catorce días de desarrollo, para obtener las deseadas células madre. Para sortear este problema de orden moral, el Ministerio de Sanidad argumenta que el fruto de estas técnicas no es, a su juicio, un embrión, como los creados por la fusión de un espermatozoide y un óvulo, sino un óvulo activado. Con una sencilla utilización de la terminología científica para dar cobertura a sus propósitos, el Gobierno sostiene que su normativa prohíbe la creación de embriones para experimentación y cumple así con tratados vinculantes de ámbito internacional, como el Convenio de Biomedicina del Consejo de Europa. Pero aunque la norma se ajuste a la legalidad- -la reforma del Código Penal diseñada por el Ministerio de Justicia incluye modificaciones para autorizar la clonación terapéutica- está lejos de resolver el problema de fondo que denuncian los diversos colectivos sociales que se oponen a esta técnica. Y es que el resultado biológico de la transferencia nuclear- -llámase óvulo activado, embrión, pre- embrión o célula reprogramada- -puede originar un ser vivo completo si es implantado en un útero, como se demostró primero con la oveja clónica Dolly y luego en otras muchas especies animales. Nos encontramos, por tanto, ante un cierre en falso del largo debate ético que ha vivido la sociedad española durante los últimos cinco años. Lo sorprendente es que el Gobierno haya seguido adelante con sus planes cuando la viabilidad científica de la clonación terapéutica está totalmente en cuestión desde que trascendió, en 2005, que su principal impulsor, el coreano Hwang Woo- Suk, falseó todos sus experimentos. La sensación que finalmente queda es que, una vez más, estamos ante otro ejercicio de extensión de derechos ciudadanos- -en este caso para una pequeña parte de la comunidad científica- -que a la postre proporcionará más debate y división social que resultados médicos.