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4 Opinión VIERNES 15 9 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. López Jaraba (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil MÁS TROPAS DE REFUERZO EN AFGANISTÁN A presión terrorista aumenta en Afganistán. El recrudecimiento de los ataques talibanes se agudiza y el país comienza a adquirir el perfil de un territorio diezmado por una estructura de violencia que empieza a ser, desgraciadamente, cada vez más habitual. Crece el número de muertos- -173 en lo que va de año- -y por ahora no parece vislumbrarse una salida pacífica a la situación. Ayer mismo se produjo en la provincia de Farah un asalto talibán a una comisaría, falleciendo en los combates dos milicianos y dos policías. Este ataque, sumado a los que han tenido lugar días atrás, evidencia que los talibanes siguen activos a pesar de la contundente victoria que se logró sobre ellos hace cuatro años, cuando la fuerza internacional liderada por los Estados Unidos derribó con relativa rapidez su régimen totalitario. Desde entonces, la comunidad internacional ha hecho todos los esfuerzos posibles para tratar de consolidar la débil democracia afgana. Sin embargo, el dispositivo militar de la OTAN desplegado en el país comienza a evidenciar su insuficiencia operativa, especialmente en las provincias del sur, donde la violencia terrorista se ha cobrado el mayor número de víctimas. Este hecho, sumado a la alta permeabilidad que revisten las fronteras con Irán y Pakistán, hace que la inestabilidad de la zona haya experimentado un duro agravamiento en los últimos meses. Sobre todo debido al incremento de los atentados suicidas y la vulnerabilidad que muestran las fuerzas armadas del Gobierno afgano en sus choques con los talibanes. La Unión Europea ya ha anunciado la urgencia de reforzar los efectivos de la OTAN, y Polonia ha respondido a la petición comprometiendo el envío de un millar de soldados. De este modo, Occidente muestra su voluntad inequívoca de contribuir a que Afganistán logre mantener en pie sus libertades y, con ellas, la paz y la prosperidad que los talibanes se empeñan en negarle con saña asesina. En este sentido, sería bueno que ninguno de los países occidentales comprometidos con la suerte de la joven democracia afgana sienta la tentación de tirar la toalla y retirar su contingente militar. Especialmente si el escenario sufre un deterioro mayor en los próximos meses, tal y como algunos analistas aventuran. Y aunque el Gobierno de Rodríguez Zapatero ha dado muestras de no querer repetir el error que llevó a España a abandonar precipitadamente Irak, con todo, los bandazos que evidencia nuestra política exterior y la ambigüedad y la demagogia con las que hace un año fue justificada nuestra presencia en Afganistán no garantizan nada al respecto. Sobre todo si tenemos en cuenta que el año que viene es electoral, y podría el Gobierno quedar en mal lugar si los hechos demostraran- -más de lo que desgraciadamente lo han hecho ya- -que nuestras tropas están desarrollando operaciones militares y no simples labores humanitarias. L ABC, JIMÉNEZ Y RAMÍREZ tenor de la insistencia vitriólica y difamatoria con la que, desde la cadena episcopal, Cope, tanto Federico Jiménez como el director de El Mundo Pedro José Ramírez, se ocupan de los editoriales e informaciones de ABC, como ayer se pudo comprobar, habrá que deducir que atribuyen a nuestro periódico- -como no podía ser de otra manera- -una extraordinaria importancia en términos de audiencia, difusión e influencia. O en otras palabras: saben- -y de ahí la perseverancia en el ataque falsario- -que este periódico es el auténtico referente de una serie de valores que ellos están lejos de encarnar por mucho que lo pretendan. Propalan ser lo que no son ni serán nunca- -algo así como el guión mediático de la derecha- haciendo bueno el refrán español según el cual dime de qué presumes y te diré de lo que careces Jiménez y Ramírez, al alimón, han planteado una doble operación de marchamo comercial y político- -en ningún caso editorial- -que consiste en construir sobre testimonios de delincuentes- -pagados o no- -y fabulaciones contradictorias con las investigaciones policiales una tesis conspirativa en torno a los atentados terroristas del 11- M. Con esta teoría inverosímily que la investigación policial y judicial desmiente de manera rotunda, ambos- -Jiménez y Ramírez- -tratan de capturar la voluntad colectiva del Partido Popular, procurando así restringir su margen de maniobra opositora al Gobierno de Rodríguez Zapatero, al mismo tiempo que, desde un acendrado sensacionalismo, han creado un nuevo sector que en España no existía: el de los periódicos y radios de tonalidad amarilla. Nada podía convenir más a los intereses del socialismo zapaterista, que, como bien es sabido, camufla sus errores y sectarismos en el ruido que propician estos falsos divos de la vida pública española. Sin embargo, toda esta estrategia les falla por un flanco esencial: ABC no se suma- -ni se sumará- -al debilitamiento de las instituciones del Estado democrático, ni perjudicará la causa del centro derecha- -del Partido Popular- -restringiendo su autonomía en el ejercicio de la oposición al Ejecutivo. ABC no sólo no descalificará al jefe de la oposición con insultos tales como maricomplejines ni acusará al alcalde popular- -o de cualquier otro partido- -de Madrid de erigir su trayectoria política sobre los 191 cadáveres del 11- M; tampoco motejará de criptonacionalista al dirigente del PP en Cataluña; ni atacará a Su Majestad el Rey ni a los Príncipes A de Asturias; tampoco regalará su portada a presuntos delincuentes que atribuyen a las Fuerzas de Seguridad del Estado la comisión de un golpe de Estado ABC- -como lo ha venido haciendo desde su fundación- -reclamará la verdad y la buscará; discrepará y lo hará salvando la dignidad de las personas; se opondrá a muchas de las decisiones del Gobierno socialista, pero sin negarle la legitimidad del ejercicio de sus funciones; mantendrá- -como siempre- -la defensa de la Nación española y el apoyo sin fisuras a la monarquía parlamentaria; fomentará los valores cristianos en la sociedad y apostará de forma constante y sin sectarismo por la excelencia de la cultura allá donde se encuentre. Por lo tanto, ABC nunca estará con prácticas periodísticas como las de Jiménez y Ramírez por más que desde los micrófonos de uno- -cuya propiedad es episcopal- -y desde las páginas del otro se urdan estrategias de amedrentamiento que, si efectivas con no pocos políticos, algunos empresarios y, lamentablemente, abundantes colegas en la profesión periodística, en ABC ni han hecho, ni hacen ni harán mella. Este periódico, editado por Vocento, es depositario de una larga tradición de decencia de la que no vamos a abdicar. Comprendemosque esta firme disposición de autonomía editorial, defensa del Estado y de sus instituciones y promoción de los legítimos intereses del centro y la derecha democrática española irriten a medios y personas para los que ABC se ha convertido en una auténtica obsesión. Lo seguirá siendo porque, apreciando y mucho la leal competencia y el bien entendido compañerismo, cuando una y otra se desprecian, lo que procede es poner pies en pared ante unas prácticas que desfiguran hasta la caricatura el recto ejercicio del periodismo. Tan grave impostura- -que incluye por Jiménez y Ramírez la difamación a este periódico- -compromete a ABC a situarse de forma explícita y denunciatoria en el terreno de la defensa del Estado democrático, de los auténticos intereses de la Nación, de la autonomía absoluta del Partido Popular en el respeto a todos sus líderes leales con el proyecto político que esta organización encarna bajo la dirección de Mariano Rajoy y de nuestra independencia editorial e informativa. Así lo decimos- -por si tenían alguna duda- -y así lo hacemos y lo haremos. Y que cada cual, editores incluidos, asuma sus propias responsabilidades, tanto por lo que dice como por lo que calla y, sobre todo, por lo que manipula. INVERSIONES INSOLIDARIAS S lógico que Madrid y Valencia exijan al Gobierno el mismo trato que pretende dispensar a Cataluña en cuanto a la inversión del Estado. La previsión para Cataluña en 2007 asciende a 3.100 millones de euros, 400 más que el año anterior, aplicando las reglas del nuevo Estatuto, que fijan candidades adicionales en relación al peso de la economía regional en el PIB. Como era lógico suponer, los nacionalistas tampoco están contentos. ERC y CiU estiman que los cálculosson incorrectos y exigen bastante más; como es notorio, el particularismo se dispara en épocas electorales. Como Zapatero no puede permitirse el lujo de perder aliados en el debate presupuestario, el propio Solbes ha dejado ya una puerta abierta a la negociación. Madrid calcula que, aplicando un criterio similar, le corresponden 850 millones de euros adicionales y Valencia se apunta a la regla de exigir lo mismo que puedan obtener otras comunidades. Lo cierto es que el Ejecutivo no logra disipar la impresión- -sustentada en datos precisos- -de que las comunidades gobernadas por el PP E sufren una discriminación en la inversión pública. Ésta es una de las razones de que las expectativas electorales del PSOE en dichos territorios sean bastante limitadas. Lo peor de todo es la ruptura del principio de solidaridad que se propicia con esa subasta al alza en la que gana siempre el más egoísta. Es un plantamiento contrario a la Constitución, que considera a la solidaridad, junto con la unidad y la autonomía, como los principios capitales del modelo territorial. La inclusión de la cláusula mencionada en el Estatuto catalán es una prueba más de que el Estado de las autonomías se desliza sin remedio hacia un esquema confederal. Sobre todo, es un enfoque políticamente inaceptable, porque crea ciudadanos de primera y de segunda y provoca rivalidades permanentes. Si unos tiran de la cuerda más allá de lo admisible, los otros se ven obligados a exigir lo mismo para no quedarse atrás. Desaparece así el sentido cívico propio de una moderna nación de ciudadanos para dejar paso a una negociación insolidaria en busca del interés particular.