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4 Opinión MIÉRCOLES 13 9 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. López Jaraba (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil TERRORISMO E INESTABILIDAD EN SIRIA C PACTO DE OPORTUNIDAD EINTICUATRO horas ha tardado el Gobierno en darse cuenta de que las propuestas de Mariano Rajoy para un nueva política sobre inmigración habían dado la iniciativa al PP y dejado al descubierto el bloqueo del Ejecutivo. Ayer mismo, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, propuso a los populares un gran pacto nacional sobre inmigración Es difícil imaginar esta oferta si Rajoy no hubiera presentado el día anterior la alternativa del PP a la política del Gobierno socialista. En todo caso, la posibilidad de alcanzar un acuerdo de Estado sobre inmigración debe ser bien valorada por la dirección popular, porque se encuadra en el estilo de oposición, constructiva y firme, que Mariano Rajoy defendió ante la Junta Directiva Nacional reunida el lunes en la sede popular. Sin embargo, una cosa es la predisposición favorable del PP a aceptar la oferta de la vicepresidenta y otra muy distinta que el acuerdo de Estado consista en una mera adhesión de los populares a los errores cometidos. En este sentido, Fernández de la Vega no puso fácil el camino del acuerdo porque, al mismo tiempo que proponía el pacto con el PP, pedía a los diputados socialistas que defendieran con orgullo el proceso de regularización masiva de inmigrantes ilegales, que calificó de ejemplar. Si el Gobierno juzga de esta forma el lamentable proceso de legalización masiva, rechazado y criticado sin paliativos por los estados de la UE, y reafirma que su política migratoria es responsable, sensata y firme no parece que la oferta de un pacto de Estado tenga como finalidad la rectificación profunda y urgente de esa política, sino evitar que Rajoy lleve la iniciativa. En gran parte, el mal está causado. España es un país al que se le toma poco o nada en serio en este asunto. Bruselas lo ha demostrado con hechos, y hasta Senegal le ha enmendado la plana al Gobierno socialista, acusando a la legislación española actual de provocar un efecto llamada de sus ciudadanos. La procesión de ministros por Bruselas y los países centroafricanos no ha servido de mucho en estos meses, y a Rodríguez Zapatero apenas le quedaba conven- V cer a Merkel de que mejore la ayuda europea el próximo año. Además, ya hay una bolsa de inmigrantes ilegales instalada en territorio nacional, y a pesar de que Caldera diga- -con sintaxis inefable- -que su número es poco las ONG y los datos del INE lo desmienten rotundamente. Por eso, no es compatible ofrecer un pacto de Estado y reafirmarse en los errores cometidos. Una cosa u otra es lo que la dirección del PP debe plantear como cuestión previa al Gobierno para que le negociación llegue a un resultado aceptable. El Ejecutivo ya sabe lo que piensa el PP sobre inmigración: prohibir por ley nuevas regularizaciones masivas, ayudas económicas sólo a los países que cumplan los convenios de repatriación, concentración de competencias en Interior- -porque la inmigración ya es un problema de orden público, antes que asistencial- -y establecimiento de una política europea común, medidas sensatas que devolverían solvencia a la posición española. Por tanto, si la vicepresidenta del Gobierno hizo ayer su oferta de pacto de Estado después de conocer la alternativa del PP, es porque ésta sirve de base para la negociación. Lo que no resultaría admisible es que la propuesta del Gobierno fuera un nuevo regate al PP y a la opinión pública, una válvula de escape para aliviar la presión del momento. Los asuntos de Estado no pueden ser objeto de pactos de oportunidad, ni de consensos in extremis. Durante dos años, el Gobierno ha tomado decisiones sobre inmigración sin contar con nadie, manejando cálculos de impacto en el empleo y en la cotización a la Seguridad Social y especulando con la apariencia de un talante progresista que ahora pasa factura. A pesar de todo, la inmigración es un asunto de Estado que merece un pacto entre los dos grandes partidos, pero para dejar de hacer lo que se ha hecho hasta ahora y cambiar radicalmente la política migratoria, que ha sido y es un fracaso absoluto que debe tener su reflejo en forma de responsabilidades políticas. No es creíble una rectificación, y menos aún un pacto de Estado, sobre política migratoria sin cambios en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y sin el reconocimiento de los errores cometidos. ENCUENTRO CON OPA AL FONDO L éxito universal de la economía de mercado tiene su fundamento en los límites al intervencionismo de los poderes públicos. No hace falta ser un liberal intransigente para reclamar la autonomía de las empresas frente al dirigismo estatal. Desde esta perspectiva, las palabras de Rodríguez Zapatero tras su entrevista ayer con Angela Merkel son fiel reflejo de la politización que el Gobierno viene aplicando desde el primer día a la opa sobre Endesa. Primero, con un apoyo explícito y sin reservas a la postura de Gas Natural, que algún socialista de primera fila llegó a equiparar en su importancia política con el Estatuto catalán. Fracasada la doctrina interesada de los campeones nacionales propia de un proteccionismo intolerable en estos tiempos, viene el cambio de estrategia y de alianzas, una maniobra que parece gustar mucho al presidente del Gobierno. Se trata ahora de quedar bien con Alemania y de jugar la partida de los campeones europeos Pocos días antes de que se resuelva el recurso de alzada contra el acuerdo de la CNE que establece condiciones a la opa de E. ON, Zapatero no ha podido ser más explícito. Cuando afirma que espera un resultado satisfactorio para los intereses alemanes, los consumidores españoles y el modelo energético, está anticipando que la decisión del Ministerio de Industria va a dejar E por los suelos el escaso prestigio que le queda al organismo regulador. Más allá del respeto debido a la legislación comunitaria, el deseo de que la opa tenga un final feliz como expresión de las buenas relaciones hispano- alemanas supone una ruptura de la neutralidad que no se arregla mediante una apelación genérica al respeto de los reglas del juego. Al preguntarle por la repercusión del caso en otras empresas, Zapatero no ha podido negar su posible incidencia en Iberoamérica ni su eventual extensión a otros sectores económicos. Así las cosas, no es extraño que la canciller alemana, con evidentes muestras de satisfacción, se limite a decir que estas fusiones de empresas son normales en la nueva Europa. Los intereses de la economía más fuerte del continente quedan bien servidos, sin que sea fácil adivinar cuáles son las contrapartidas que pueda obtener el Ejecutivo español. Entre ellas, desde luego, no puede contarse un cambio de los gestores actuales o el reparto de los restos entre los candidatos afectados por la poderosa irrupción en escena de la eléctrica alemana. En ambos casos, se trata de intereses particulares de la política gubernamental y no de beneficios objetivos para el mercado y los consumidores, algo que sucede sin remedio cuando se practica el intervencionismo estatal en la economía. OINCIDIENDO con el aniversario del 11- S, el ataque terrorista contra la Embajada norteamericana en Damasco confirma con una tozudez implacable que la guerra que el terrorismo declaró al mundo libre hace cinco años sigue siendo una realidad a la que debemos responder con la mayor energía. En este último episodio terrorista, el atentado contra la representación diplomática estadounidense se ha producido en momentos de extrema tensión entre los dos países- -el embajador norteamericano ha sido retirado- -y no hace sino profundizar la inquietud por lo que pueda suceder en Siria. El régimen de la familia Assad es una dictadura que persigue con saña hasta la menor disidencia, incluidos los integristas islámicos, pero que al mismo tiempo es capaz de usar cualquier método para sobrevivir, aunque sea el terrorismo, como se constató con el asesinato del primer ministro libanés. A partir de ahora no se puede ignorar que todo lo que pase en este país puede afectarnos directamente, puesto que los soldados españoles que se despliegan en el Líbano lo harán precisamente en la frontera con Siria. Un proceso de desestabilización incontrolada del régimen sirio puede ser otro de los ingredientes en los que basa su preocupación el presidente francés, Jacques Chirac, junto con la actitud desafiante del régimen teocrático de Teherán, que dirige el grupo terrorista de Hizbolá. Oriente Próximo es, en su conjunto, una zona de riesgo extremo y de la que no es posible aislarse, aún menos ahora, cuando la presencia militar europea sobre el terreno nos convierte en actores directos. Ese riesgo forma parte del coste que estamos obligados a pagar por la defensa de nuestras libertades frente al terrorismo. Las explicaciones simplistas basadas en los tópicos heredados de épocas anteriores ya no son útiles para entender lo que está sucediendo, y tal vez eso explique esa actitud peligrosamente indiferente que muchos muestran ante la mayor amenaza que afrontan actualmente nuestras sociedades. El conflicto palestino sigue siendo un problema que no contribuye a la estabilidad, pero que tampoco explica que en gran parte del mundo musulmán- -Oriente Próximo muy especialmente- -la ebullición del fanatismo religioso esté abonando una situación de inestabilidad que a su vez ciega el paso hacia el progreso social y económico. No es sencillo lo que hay que hacer para ayudar a que estas sociedades caminen en dirección a la libertad, pero sabemos que la opción de desentendernos del futuro de esta región del mundo sería mucho peor. Por eso debemos estar dispuestos a hacer el tremendo esfuerzo- -económico, diplomático y militar- -que requerirá esa política en la que deberemos estar indudablemente junto a nuestros principales aliados, empezando por Estados Unidos.