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4 Opinión MARTES 12 9 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. López Jaraba (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil RETOS ANTE EL NUEVO CURSO ESCOLAR M LA DIADA DEL ESTATUTO ARA que no quedara duda alguna del nuevo tiempo que ha empezado en Cataluña, Pasqual Maragall celebró ayer la Diada nacional congratulándose de que esta comunidad autónoma es una nación reconocida como tal por el Parlamento español confesión de parte sobre la inconstitucionalidad estructural del nuevo Estatuto, aunque no fuera ésta la intención de su afirmación. Además, glosaba Maragall el escenario estatutario utilizando ese lenguaje predemocrático que distingue aún entre catalanes y castellanos y confiaba en Europa- -no en la Constitución, ni en la democracia española- -como aval de que nadie se come a nadie y todos continuamos siendo lo que somos: los catalanes, catalanes; y los castellanos, castellanos Lo español ya no merece, por exclusión, la garantía de nadie. Rechazó también la independencia, eso sí, por ineficaz y porque sería ridícula en la Europa de hoy razonamiento que ignora que, ante todo, la independencia de Cataluña sería- -además de ineficaz y ridícula- -inconstitucional. Podría entenderse que el aún presidente de la Generalitat quiere despedirse de la política complicándole aún más la vida a su sucesor en la candidatura socialista, José Montilla, pero lo cierto es que sus palabras, aunque busquen ajustar cuentas, resultan plenamente ciertas en cuanto al reconocimiento nacional de Cataluña. Esta Comunidad Autónoma ha celebrado su primera Diada con un Estatuto nacionalista, mucho más que el anterior. Constitucionalmente, ha mutado el modelo autonómico en uno confederal, instaurando una relación bilateral, y en condiciones de igualdad política y financiera, entre el Estado y la Generalitat, que rompe el principio de autonomía como forma de organización del Estado, y lo convierte en una coartada para la suplantación de la organización estatal. Ideológicamente, el Estatuto ha implantado un sistema institucional a la medida exacta del nacionalismo, definiendo un autogobierno de nueva planta, legitimado no por la Constitución P -citada en el Estatuto como mero formulismo- sino por derechos históricos previos, sólo vivos en el discurso del nacionalismo y de los nostálgicos del Antiguo Régimen, con sus privilegios financieros y jurisdicciones especiales. Este análisis es compatible con el hecho de que todo haya sucedido bajo mandatos del PSOE y del PSC, en los gobiernos central y autonómico. Es más, todo se explica porque son los socialistas quienes, desde el poder y como estrategia de poder, han abanderado y ejecutado un proyecto nacionalista de consecuencias constitucionales para toda España. Las palabras de Maragall incordian a sus compañeros del PSOE, pero reconocen una obviedad, y si se reciben mal en su partido y comprometen al precandidato Montilla es sólo por razones tácticas, pues los socialistas quieren ahora jugar con la segunda baraja del españolismo después de haber hecho el trabajo a los nacionalistas y con ellos. Realmente, la crisis en el PSC no se debe a discrepancias programáticas, sino a disputas de poder interno. A estas alturas se desconoce qué desacuerdos mantiene Montilla con el nuevo Estatuto de Autonomía, o con la estrategia general seguida por el tripartito, o con el papel jugado por Rodríguez Zapatero en las operaciones de rescate del proyecto estatutario, mano a mano con Artur Mas. Se desconoce, en suma, qué decisiones se han tomado al respecto en contra de su opinión. Por el contrario, Pasqual Maragall dice que Cataluña es una nación porque quiere recordarle a su partido- -y a Zapatero, y a Montilla- -lo que el PSOE ha hecho con Cataluña y con España al aprobar el nuevo Estatuto. Lo mismo que cuando afirma que el Estado es residual en Cataluña- -y se jacta de ello- se limita a constatar las consecuencias de lo pactado por Rodríguez Zapatero con el nacionalismo catalán, que se resumen en que, ciertamente, el Estado es tan residual en la comunidad catalana que sólo una intervención drástica del Tribunal Constitucional podrá evitar la definitiva deserción constitucional de Cataluña y el colapso estatal para el resto de España. RAJOY Y LA INMIGRACIÓN ILEGAL M ARIANO Rajoy presentó ayer durante su discurso ante la Junta Nacional del PP una serie de propuestas encaminadas a tratar de paliar la gravedad de la inmigración irregular. El principal partido de la oposición exhibe esta vez una meritoria capacidad de respuesta para articular una alternativa al fracaso de la política de un Gobierno sobrepasado por su propia gestión en un asunto que ya es el primer problema para los españoles. El presidente del PP propondrá en el Congreso y en el Senado modificar la ley para prohibir las regularizaciones masivas, así como devolver todas las competencias al Ministerio del Interior, comprobado el desastre sin paliativos del Ministerio de Trabajo, cuyo titular, Jesús Caldera, es responsable de un proceso de regularización que iba a ser la envidia de Europa y ha provocado, sin embargo, la amonestación casi en bloque de la UE. Hoy por hoy, la inmigración irregular se ha convertido en un problema de seguridad y de orden público, por lo que, acertadamente, Rajoy propondrá fortalecer los controles en las fronteras, especialmente en aeropuertos y el paso de la Junquera, lugar de entrada de la mayoría de inmigrantes ilegales. Asimismo, el líder de la oposición apuesta por generalizar los equipos mixtos de Policía existentes en varias naciones de la Unión Europea, y desplegar el SIVE (Sistema Integrado de Vigilancia Exterior) en las Islas Canarias antes de 2008. Se tra- ta, en suma, de un cambio radical de enfoque, lejos de la cándida retórica de un Ejecutivo que pensó que el problema de la inmigración se resolvía con apelaciones demagógicas trufadas de lugares comunes. Durante meses, el Gobierno se empeñó tozudamente en trasladar la idea de que el efecto llamada no se iba a producir, pese a que los datos demostraban cada día lo contrario; cuando el efecto llamada se convirtió en evidencia contable, el Ejecutivo se resistió a aceptar la realidad y se inventó un nuevo fenómeno, el efecto huida para tratar de ocultar su propia impericia e insolvencia tras el drama personal de quienes, empujados por el hambre y la miseria, se ven obligados a abandonar sus países. El problema de la inmigración no se puede concebir como una mera gestión de ayudas asistenciales, por lo que la propuesta de Mariano Rajoy tiene todo el sentido en los momentos actuales. Acierta, sobre todo, porque en la memoria colectiva de los españoles queda la imagen de un PP que durante sus años de gobierno gestionó con probada eficacia, y en líneas generales, los problemas cotidianos de los españoles. Es ahí donde Rajoy debe centrar su labor de oposición: en ofrecer planes y medidas concretas en todo un abanico de materias (educación, sanidad, vivienda, inmigración... en las que el centro derecha puede y debe hacer valer su condición de seria alternativa de Gobierno. ÁS de siete millones de niños y adolescentes comienzan estos días un nuevo curso escolar. Pocos asuntos importan más a los españoles que las enseñanzas primarias y medias, una etapa decisiva para el futuro de sus hijos. De ahí la gran incidencia social de las reformas educativas y de la necesidad de una política bien orientada desde el Ministerio de Educación y Ciencia y las consejerías correspondientes de las comunidades autónomas. La situación, sin embargo, no invita al optimismo. El imprescindible pacto de Estado sigue siendo un deseo que nunca se cumple. Leyes partidistas se sustituyen unas a otras a una velocidad que hace imposible su asimilación por la comunidad educativa. Estrenamos ahora una nueva ley, porque el Gobierno socialista se dio mucha prisa en derogar las mejoras razonables introducidas por el PP y en diseñar un modelo propio que no convence a casi nadie. De hecho, la LOE se cobró su víctima política con la anterior ministra y su puesta en marcha queda ahora en manos del equipo que dirige Mercedes Cabrera. Sectores muy representativos, en particular los padres de alumnos, cuestionan diversos aspectos de la reforma, con especial incidencia en la llamada Educación para la Ciudadanía, una fórmula para transmitir criterios supuestamente progresistas en temas morales o familiares a unos jóvenes cuya edad les impide enfocarlos con la madurez imprescindible. La fuerte presencia en las aulas de niños procedentes de familias inmigrantes es otro de los datos esenciales. El fenómeno migratorio conlleva derechos y deberes para todos. El país receptor tiene que asumir sin reservas un alto coste social, pero a su vez los recién llegados deben adaptarse a las leyes y pautas de comportamiento que hace posible una sociedad democrática. La cuestión afecta muy especialmente a la segunda y tercera generación, como se comprueba- -a veces con consecuencias dramáticas- -en países como Francia o el Reino Unido. Conviene aprender de la experiencia ajena ante un problema que sólo un sistema educativo eficaz puede encauzar hacia fórmulas racionales de convivencia. Hay otro asunto que merece la atención de todos. Tenemos un modelo educativo que tiende a disgregarse en diecisiete parcelas distintas ante la mirada impotente de un Estado residual Es imprescindible, por tanto, que funcionen los mecanismos de coordinación y que el sentido común se imponga sobre ciertos particularismos que causan un grave daño a los valores y principios constitucionales. Es necesario también atender al fenómeno de la violencia en las aulas. Los alumnos más débiles y muchos docentes son víctimas de acosos y a veces de agresiones que no pueden tolerarse bajo ningún concepto. Recuperar el principio de autoridad, respaldar a los profesores y apoyar a los jóvenes que sufren estas conductas son cuestiones prioritarias que la comunidad educativa debe afrontar sin tardanza.