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ABC MARTES 5 9 2006 Nacional 25 El PP planta a la comisión de estudio de los incendios y exige la de investigación E. MONTAÑÉS J. L. JIMÉNEZ SANTIAGO. Tarde movida la de ayer en el hemiciclo gallego. Primero, los grupos del BNG y PSOE acudieron, con tres representantes por barba, a la constitución de la comisión no permanente de estudio de las causas y consecuencias de los incendios, no sólo de este último agosto, sino de los últimos lustros. Al plante popular a esta comisión le siguió la anulación de la agenda del día, y sendas ruedas de prensa, una para explicar por qué no se había acudido a la cita, otra para criticar que no se hubiese acudido. El vicepresidente del PP, Xosé Manuel Barreiro, justificó a ABC su ausencia en la comisión porque su partido ha pedido una comisión de investigación sobre los incendios y las cuatro muertes y tachó de falta de respeto que, antes de debatir hoy en pleno la constitución de una u otra comisión, ya se forme la que instigan sólo los partidos en el Gobierno autonómico. Preguntado a su vez por la ausencia del PP en caso de que hoy el Parlamento dé el visto bueno a la de estudio y no de investigación, Barreiro afirmó con rotundidad que, en las filas de su grupo, no se contempla que el presidente de la Xunta no interceda para que haya una comisión de investigación en una línea coherente a la propia historia del hemiciclo gallego, donde Fraga sí concedió su beneplácito a una comisión que arrojase luz sobre la crisis del Prestige la de las vacas locas Ejemplos por los que Barreiro apeló al rigor y la responsabilidad política con la ciudadanía de Touriño. Por ello, consideró que la reunión de la comisión de estudio carecía de sentido un día antes, casi diría yo que con nocturnidad, aunque fuese por la tarde, y alevosía y el PP no participará en esa farsa Una lancha permanece encallada en la zona que antes era navegable del embalse alcarreño de Entrepeñas AP Murcia necesita un trasvase para beber, pero ya no quedan reservas en el Tajo Hacen falta 26 hectómetros para abastecer a dos millones y medio de personas b Narbona adelanta la puesta en marcha de la segunda desalinizadora de San Pedro del Pinatar y espera que entre en fase de pruebas a finales de septiembre M. BUITRAGO MURCIA. El temor ya es una realidad: no hay suficiente agua para trasvasar desde el Tajo al Segura entre los meses de octubre y diciembre. Por descontado que los regadíos no recibirían una gota de agua, y es muy probable que los abastecimientos para 2,5 millones de personas de Murcia y Alicante tampoco puedan completar sus dotaciones. Con este escenario trabaja Medio Ambiente, que se ha marcado como objetivo evitar a toda costa que haya restricciones de agua. Esta ecuación tiene un resultado casi imposible a la vista de la extrema sequía, pero el Ministerio confía en llegar hasta enero abriendo pozos de emergencia, comprando derechos de agua y, sobre todo, agilizando la puesta en marcha de las plantas desalinizadoras. Con los pantanos de la cabecera del Tajo en la línea roja en cuestión de horas cruzará la barrera de los 240 hectómetros cúbicos a la baja el departamento de Cristina Narbona ha decidido adelantar la puesta en marcha de la segunda desalinizadora de San Pedro del Pinatar y espera que entre en fase de pruebas este mismo mes, concretamente a partir del día 20, según informó ayer el delegado del gobierno en la Mancomunidad de Canales del Taibilla, Isidoro Carrillo. Las previsiones del Ministerio han fallado y el Tajo se ha quedado sin agua para trasvasar un mes antes de lo previsto, ya que según las previsiones técnicas de principios del verano se debía llegar a la línea roja a principios de octubre. Los abastecimientos de los 79 municipios de Murcia y parte de Alicante necesitarán entre octubre y diciembre 52 hectómetros cúbicos. En la situación de alarma no se incluye el mes de septiembre, ya que el suministro se garantizará con el último envío del Tajo que se aprobó en julio (las aguas ya llegaron a la cuenca del Segura semanas atrás) además de con los pozos del acuífero de Calasparra. El organismo abastecedor le ha comunicado oficialmente al Ministerio sus necesidades de agua del Tajo para el próximo trimestre, que suman 26 hectómetros cúbicos (a razón de diez, ocho y siete hectómetros cúbicos para octubre, noviembre y diciembre, respectivamente) El resto hasta completar los 52 hectómetros necesarios se cubre con desalinizadoras y con aguas del río Taibilla. Si no se pudieran desembalsar del Tajo esos 26 hectómetros, entonces habría que recurrir a medidas extraordinarias en las cuencas del Segura y del Júcar, poniendo en explotación pozos de emergencia y comprando derechos de agua. Las desalinizadoras podrán aportar en este trimetre tan sólo 15 hectómetros cúbicos, contando con la nueva de San Pedro del Pinatar. CC. OO. rechaza que el comité de empresa se persone en el juicio por el accidente del metro de Valencia R. MORALEJO VALENCIA. El accidente del metro del día 3 julio continúa planteando incógnitas. Los sindicatos se reunirán el próximo 18 de septiembre para consensuar las propuestas que presentarán ante el Comité de Seguridad en la Circulación de FGV. Los 23 delegados, representantes de las cuatro centrales sindicales, se encontrarán encima de la mesa de trabajo la propuesta que planteó el Sindicato Ferroviario (SF) en la última reunión, de que el comité de empresa se presente como acusación particular en el proceso judicial del accidente. CC. OO. no vio con buenos ojos la sugerencia de SF, pues no entiende cuál es el objetivo de la propuesta. Del mismo modo plantea numerosos interrogantes. Nos presentamos, y ¿qué? ¿A quién defendemos? ¿A quién acusamos? se preguntan. Por su parte, SF lo tiene claro y su mirilla apunta a las cabezas de los directores técnicos de FGV. Y UGT aboga por que el comité se persone como acusación particular. Incluso contempla la posibilidad de presentarse de forma individual, siempre desde la matriz central del sindicato, nunca desde la sectorial, si la propuesta no saliera adelante. El comité de empresa lo componen 23 delegados, desglosados en los ocho representantes de UGT y otros ocho de CC. OO. los dos grupos mayoritarios; los cuatro del SIF y uno del SF. El proceso judicial supondría una inversión superior a los 12.000 euros. El reglamento del comité no contempla la obligatoriedad de la aportación económica para sufragar las propuestas surgidas en el organismo. Esto dejaría en una postura complicada a CC. OO. que podría negarse a sufragar su parte del litigio.