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4 Opinión MARTES 5 9 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. López Jaraba (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil NI MOCIÓN NI CENSURA OS socialistas valencianos deberían haber recordado, antes de anunciar la moción de censura contra Francisco Camps, presidente de la Generalidad, que la precipitación es mala consejera. Están en su derecho, como no podía ser menos, de plantear este mecanismo de control político contra Camps y su gabinete. Pero, en política, las posibilidades de actuación de los partidos deben conjugarse con sentido de la oportunidad y una cierta intuición de por dónde respiran los ciudadanos. A Joan Ignasi Plá, secretario general del PSPV, le han faltado ambas cosas al lanzarse a una moción de censura, que ni va a censurar a Camps, ni va a servir de reprobación política del Ejecutivo autonómico. La razón de este fracaso anticipado no sólo se debe a que la suma de los diputados de la oposición (socialistas, Izquierda Unida y Grupo Mixto) al PP valenciano no llega a la mayoría absoluta que se exige para aprobar la moción de censura, sino, principalmente, a la falta de argumentos para dar solvencia a un envite de tal envergadura, que, por sus consecuencias teóricas (cambio de gobierno) está reservado a situaciones de crisis. Y la Comunidad Valenciana, afortunadamente, no vive una situación así ni sus ciudadanos la perciben. El errorde Plá hasido creerque el trágico accidente de Metro en Valencia y las denuncias de la Fiscalía anticorrupción contra el alcalde de Alicante daban de sí lo suficiente para ir directamente a por Camps, cuando lo que demuestra es no tener recursos políticos para administrar estas circunstancias ante la opinión pública sin tener que acudir a un órdago parlamentario. Quizá pretenda Plá recuperarse así- -en la medida en que pudiera haberle perjudicado- -de la normalidad institucional que supuso pactar con el PP el nuevo Estatuto valenciano. Por eso es razonableque Camps haya devuelto la pelota a Plá proponiéndole que dimita si pierde la moción. Y la perderá porque no tiene mayoría suficiente y porque, ante este movimiento a la desesperada del socialismo valenciano, el grupo parlamentario popular en la Cámara autonómica no va a presentar fisura alguna. Después de perdida, a la oposición socialista en la Comunidad Valenciana le quedará aún menos margen de maniobra y Plá habrá menoscabado su condición de alternativa a Camps, resultado no infrecuente cuando se pierde una moción de censura. Aunque tal vez sea eso lo que busquen ciertos sectores del socialismo valenciano dispuestos a quemar definitivamente a su líder. Esta actitud ansiosa del PSPV tiene también su trasunto en el socialismo madrileño, cuyo máximo dirigente, Rafael Simancas, se excede también con frecuencia en una clara demostración de impotencia política. Ambas Comunidades- -Madrid y Valencia- -representan de forma singular baluartes del poder autonómico del PP y contrapesos a la política divisoria del Gobierno de Rodríguez Zapatero, no sólo en materia territorial, sino también en educación, infraestructuras o economía. Para el PSOE, la derrota del PP en Madrid y Valencia es un objetivo estratégico prioritario. Pero sus tácticas no pueden estar siendo más fallidas. L LA DEFENSA DE LOS INTERESES ESPAÑOLES A defensa de los intereses comerciales de las empresas españolas en el extranjero es una de las funciones más importantes de la política exterior de un país, porque las economías modernas dependen en buena medida de su proyección fronteras afuera. No se trata de proteger beneficios privados con los mecanismos del Estado, sino de favorecer la expansión del tejido productivo y empresarial, de manera que el conjunto de la actividad de las empresas beneficie a toda la sociedad. Y además, una actitud moral, en este caso, debe proteger a los empresarios que arriesgan su capital de buena fe para beneficiar también a las sociedades que acogen a estas inversiones. Cuando esas condiciones se cumplen, la administración debe poner todo de su parte para apoyar esa actividad económica a través de los mecanismos que tiene a su disposición, principalmente las embajadas. Por ello resulta tan sorprendente que en las últimas semanas el Ejecutivo haya lanzado señales contrarias a estos principios en los casos de Bolivia y Argentina. El Gobierno socialista ha decidido dar políticamente la razón a los presidentes de estos dos países, y dejar de lado las necesidades concretas de las empresas españolas que se han atrevido a invertir su capital pensando que su Gobierno les apoyaría. El caso específico del relevo del embajador de España en Argentina es especialmente revelador. Primero, por la actitud del presidente argentino, Néstor Kichner, que al parecer no acepta con naturalidad las observaciones que puedan venir del representante de un país hermano y prefiere echar mano de su amistad personal y afinidad política con el presidente del Gobierno para forzar su destitución. Y por parte de José Luis Rodríguez Zapatero, que fue quien lo designó, porque efectivamente ha preferido contentar a un dirigente político sin tener en cuenta lo que su embajador estaba denunciando. Se dirá que mantener en este caso la defensa de las posiciones de las empresas españolas hubiera sido la garantía L de la escalada hacia un conflicto diplomático futuro, pero lo cierto es que cediendo siempre lo único que está garantizado es que nuestros intereses no tendrán nunca seguridad. El mejor ejemplo de esta tesis es lo que viene sucediendo en Bolivia desde la llegada al poder del líder cocalero Evo Morales. Ya desde la campaña electoral, el Gobierno socialista mantuvo una actitud complaciente hasta extremos inauditos, ha colmado de bendiciones y ayudas financieras a su gobierno desde que está en las riendas del país y no ha cesado de apoyarlo políticamente en todas las ocasiones. A cambio, la compañía Repsol no ha dejado de ser hostigada hasta límites insospechados que no se han visto ni en el caso de países mundialmente conocidos por su desorden legal. La actitud de las autoridades bolivianas hacia la petrolera española raya en la venganza, una especie de revancha atávica en la que este populismo indigenista mezcla a su gusto historia, mito y muy poco de realidad. Lo cierto es que cuanto más tibio y condescendiente ha sido el talante del Gobierno español, más desafiante ha sido la respuesta de Morales. El desarrollo y la creación de riqueza requieren de inversiones y hay países que no disponen de suficiente capital para dinamizar su propia economía por lo que necesitan aportaciones exteriores. Las empresas que acudieron a invertir en Argentina cuando hasta los propios argentinos no confiaban en la situación del país lo hicieron también como un gesto de solidaridad hacia un país que atravesaba un momento de gran dificultad. Aquellas empresas que aceptaron ese reto no se merecen que ahora se ponga en duda su situación en aquellos países que los acogieron en condiciones mucho menos favorables, y mucho menos aún que su propio Gobierno les abandone a cambio de simpatías personales del presidente, al que da la impresión que aún le iluminan más aquellas viejas tesis del prejuicio izquierdista contra las multinacionales, que la defensa razonable de los intereses de la economía española y europea. TRÁFICO: MÁS LUCES QUE SOMBRAS A operación retorno de agosto se ha saldado con 37 víctimas mortales en 29 accidentes de tráfico, lo que supone 10 muertos menos que en el mismo periodo del año anterior. Es un dato que confirma la tendencia general del verano, en el cual el número de muertos ha descendido en comparación con el 2005. Parece que la puesta en marcha del carné por puntos despierta la conciencia colectiva en torno al drama de los accidentes en las carreteras españolas. No se trata de atribuir a esta fórmula (importada de otros países de nuestro entorno) virtudes milagrosas, pero lo cierto es que, entre el temor a la sanción y las llamadas a la prudencia, los conductores se lo están pensando mejor a la hora de sentarse al volante. Sin embargo, no todo son parabienes. La picaresca en materia de cesión de puntos se está convirtiendo en una práctica relativamente extendida. El paso del tiempo parece hacer mella en las buenas intenciones de muchos usuarios, que relajan sus costumbres en cuanto al uso del cinturón de seguridad, el empleo de teléfonos móviles o la prohibición de ingerir bebidas alcohólicas. Es imprescindible que la Administración transmita a los ciudadanos la sensación de que su objetivo no es poner multas con fines recaudatorios sino trabajar en favor del interés público. No es aceptable, por tanto, que los agentes dediquen su esfuerzo a perseguir infracciones burocráticas cuando lo que importa de verdad es mejorar la seguridad en L las carreteras. En esta misma línea, los ciudadanos se sentirán obligados a cumplir con rigor sus obligaciones si perciben que también los políticos hacen los deberes. La red de carreteras (en especial, las de carácter secundario, muchas de ellas de titularidad autonómica o provincial) necesita inversiones continuadas y una atención permanente para su conservación y mantenimiento. La DGT pone un empeño elogiable en mejorar la situación, pero le falta la capacidad imprescindible para establecer complicidades con las asociaciones del sector y con los propios conductores. A veces da la impresión de que unos y otros juegan en bandos distintos, cuando es evidente que el objetivo común es reducir al mínimo posible las cifras dramáticas que acompañan la información sobre tráfico en todos los puentes y vacaciones. El automóvil no es un lujo, sino un instrumento indispensable para la inmensa mayoría de los ciudadanos. La potestad sancionadora es un instrumento, pero no puede convertirse en un fin en sí misma. En cambio las campañas educativas, la prevención de riesgos y la presencia inmediata de los agentes cuando se requiere su auxilio pueden ayudar decisivamente. Las cifras de muertos y heridos han llegado a ser asumidas como si fueran un caso de fuerza mayor. No es así, aunque queda mucho por hacer. En todo caso, el carné por puntos es un paso en la buena dirección, pero dista mucho de ser la panacea de todos males.