Patrocinado Por:

Volver

Resultados de la búsqueda

Resultados para
ABC DOMINGO 3 9 2006 Nacional 25 La localidad alicantina de Torrevieja se ha visto sacudida por la investigación de presuntas agresiones por parte de la Policía Local. Alrededor del sumario se ha desatado una tormenta política, mientras el retén se encuentra en el punto de mira Cuando el sospechoso es el policía TEXTO: DAVID MARTÍNEZ FOTO: ELISEO MONTESINOS TORREVIEJA. La investigación de supuestos malos tratos infligidos a detenidos por parte de los agentes de la Policía Local de Torrevieja (Alicante) ha puesto patas arriba la localidad. En la investigación judicial, iniciada por la magistrada titular del Juzgado de instrucción número 2 de la localidad, Juana López, confluyen ambiciones personales, celos profesionales y estrategias políticas, que han contribuido a distorsionar el proceso. La investigación comenzó hace casi medio año, cuando la Policía torrevejense detuvo a un joven que se había visto involucrado en una persecución con la Guardia Civil de Cieza (Murcia) tras atracar una gasolinera. Al ser entregado a los agentes del Instituto Armado en la localidad alicantina, el preceptivo reconocimiento forense constató que presentaba diversos hematomas. El arrestado, puesto a disposición de la juez que en ese momento se encontraba de guardia, afirmó que dichos hematomas se los había provocado la Policía Local. La juez inició entonces una investigación para esclarecer si los agentes se extralimitaban en el uso de la fuerza, y comenzaron los seguimientos a los agentes, así como las intervenciones telefónicas. Desde el propio retén se remitió de forma anónima una grabación que podría ser clave para demostrar los presuntos malos tratos. Paralelamente, a finales de junio, un joven magrebí, detenido tras ser sorprendido tratando supuestamente de robar en el domicilio de un agente, denunció ante el Juzgado de instrucción número 1 que había sido maltratado, con el resultado de dos costillas rotas y la extirpación del bazo. López, en el transcurso de sus pesquisas, habría podido encontrar evidencias relacionadas con esta denuncia, por lo que ordenó, ya a finales de agosto, que se pusiese a disposición judicial al jefe del retén, Alejandro Morer, y a otros seis altos cargos, incluido el inspector en cuyo domicilio se había sorprendido al magrebí y a un hermano del intendente jefe. Asimismo, decretó el secreto de sumario. Medio año de investigación El 17 de enero la Policía Local de Torrevieja detiene a un joven que se había visto implicado en una persecución con la Guardia Civil tras atracar una gasolinera en Cieza (Murcia) El detenido denuncia ante la titular del Juzgado de guardia, el número 2, que los hematomas que presenta se los han provocado los agentes que lo detuvieron. La magistrada Juana López inicia una investigación para averiguar si la Policía Local se extralimita en el uso de la fuerza. La instrucción del caso incluye varias intervenciones telefónicas. El 23 de junio un joven magrebí es sorprendido en el interior del domicilio del inspector Carlos Illán. Tras ser detenido, denuncia en el Juzgado número 1 que la Policía le ha agredido causándole la rotura de dos costillas- -tuvieron que extirparle el bazo- La juez cita a Illán. El 22 de agosto, López ordena la detención del jefe de la Policía Local, Alejandro Morer, y otros seis agentes, incluido Illán. Quedan en libertad con cargos tras prestar declaración. Se suceden las denuncias públicas de supuestas agresiones cometidas por los agentes torrevejenses. El grupo municipal de Los Verdes, en la oposición, recuerda las lesiones causadas en 1992 a un comerciante marroquí, por las que fue condenado un hermano del jefe del retén. Un comerciante argentino denuncia ante la puerta del juzgado que varios agentes le golpearon tras una discusión por tener el coche mal estacionado, en 1999. Otro vecino de Torrevieja acude al Palacio de Justicia con fotos de las lesiones presuntamente causadas por la Policía en 1996. A lo largo del proceso la magistrada ha imputado a un total de doce agentes, un ATS y los concejales de Sanidad y Seguridad del Ayuntamiento de Torrevieja. Todos están en libertad con cargos. Los supuestos delitos que se les imputan son los de lesiones, falsedad en documento público- -partes de lesiones- -y omisión del deber de perseguir delitos. El 31 de agosto se produce una manifestación popular de apoyo a la Policía Local, a la que acuden varios agentes del retén torrevejense y de poblaciones cercanas, y el equipo de Gobierno. El 1 de septiembre la juez pide al Ayuntamiento un listado de todos los móviles oficiales, para investigar su relación con el teléfono intervenido a un agente de la Policía. El secreto de sumario, guardado celosamente por la titular del juzgado de instrucción número 2, expira el próximo 22 de septiembre, aunque la juez podría levantarlo antes. El concejal de Seguridad, Pedro Valero, tras declarar ante el juez una tormenta política que la oposición reorientó hacia el alcalde de la localidad, Pedro Hernández Mateo, del PP, y las supuestas irregularidades en la política de contrataciones y ascensos en el Cuerpo. Al mismo tiempo, la población se ha ido dividiendo entre los que denuncian casos precedentes de agresiones y los que defienden el trabajo de los agentes investigados. La controversia ha amenazado incluso con pervertir las relaciones entre la Guardia Civil y la Policía Local. Entretanto, la decana sigue con el proceso, envuelto en un celoso secreto de sumario. Un sindicato policial denuncia una finalidad política en las acusaciones El secretario general del Sindicato Profesional de la Policía Local (SPPL) en la Comunidad Valenciana, José María Jiménez, realizó ayer unas duras declaraciones respecto a la investigación. Según el líder sindical, las acusaciones a los policías locales de Torrevieja tienen una finalidad política Además, Jiménez apuntó a una venganza personal detrás del asunto. Según el secretario autonómico del SPPL, existe en torno al proceso una presunta trama con el objetivo de desprestigiar al jefe del retén torrevejense, por un lado, y obtener rédito político de las acusaciones, por otro. Jiménez cree que el aparato del Estado, de forma perversa, deplorable y con medios propagandísticos, ha querido sacar tajada política de este tema utilizando a los policías locales para cargarse al alcalde Pedro Hernández Mateo, del PP. Al supuesto interés político, Jiménez añade otro personal: Hay alguien muy interesado en perjudicar a la Policía El SPPL prevé personarse en la causa cuando se levante el secreto de sumario y querellarse por difamación contra el portavoz de Los Verdes, según anunció el líder sindical. Doce agentes imputados Entre el 23 y el 30 de agosto fueron citados a declarar cerca de veinte agentes y los concejales de Seguridad y Sanidad del municipio, Pedro Valero e Hipólito Caro. La juez imputó los presuntos delitos de lesiones, falseamiento de partes médicos y omisión del deber de perseguir un delito a doce agentes, incluido Morer. A Valero le acusó de no denunciar las presuntas agresiones, mientras a Caro le relacionó con la presunta manipulación de los partes para ocultar las supuestas palizas. Al hilo de la investigación, se desató