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4 Opinión DOMINGO 3 9 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. López Jaraba (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil MAO: TREINTA AÑOS DESPUÉS DEL HORROR H PATENTE DE CORSO NACIONALISTA N el ecuador delmandato socialistaes oportuno recordar que el presidente del Gobierno se fijó como objetivos la normalización de relaciones políticas con los nacionalismos y el desarrollo del Estado autonómico. Ambas propuestas fueron expuestas con la retórica propia de un Ejecutivo que se ha conducido sólo con espejos retrovisores para desmantelar cualquier vestigio de los mandatos de Aznar, salvo el muy beneficioso y rentable de la herencia económica. En concreto, la supuesta política territorial del Gobierno socialista se asentó en la premisa de que los problemas con los nacionalistas y la conflictividad constitucional con las autonomías eran resultado de la intransigencia aznarista. Se manipulaba así la experiencia histórica que protagonizó el PP al establecer acuerdos políticos con los nacionalismos vasco y catalán a partir de 1996 y la intensa consolidación del Estado autonómico llevada a cabo en los ocho años delos gobiernos del PP, con la renovación indefinida del Concierto vasco, la aprobación de un generoso sistema de financiación y la transferencia de competencias decisivas para la culminacióndel estamento autonómico del Estado. Todas estas reformas contaron con el apoyo socialista, incluso la resistencia política y social a la alianza del PNV con ETA en el Pacto de Estella, oposición que populares y socialistas plasmaron en el preámbulo del Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo, el segundo pacto constitucional de la democracia española. Dos años después de que el PSOE llegara a La Moncloa, y con el anticipo inequívoco del tripartito catalán forjado en octubre de 2003, los objetivos de Rodríguez Zapatero han adquirido carta de naturaleza en perjuicio de la continuidad constitucional del Estado y de su viabilidad institucional y financiera. La normalización política de las relaciones con los nacionalismos ha consistido en la progresiva homologación de sus opciones más extremistas y anticonstitucionales, con participación en el poder autonómico, en el caso de ERC, o con relaciones situadas extramuros de la legalidad y de la ética democráticas, en el caso de Batasuna. Por otro lado, el desarrollo del Estado autonómico ha consistido en la progresiva derogación del Estado de las autonomías para im- E plantar el modelo confederal que, como diseña el nuevo Estatuto catalán, permite cuadrar el círculo de la soberanía sin Estado propio, que por ahora es a lo que aspira el sentido utilitarista de los nacionalismos, conscientes de lo cómodo que es tener subcontratado al Estado español para apagar incendios o cubrir los boquetes de las policías autonómicas. Sin embargo, nada de esto se ha traducido en una moderación de los nacionalismos, sino que les ha abierto nuevas expectativas, con la convicción de que nada deben al resto de España y de que la situación actual es una estación de paso para llegar, cuando convenga, a los objetivos soberanistas. El PSOE, ofuscado por la conservación del poder, ha facilitado la estrategia nacionalista no sólo sumándose a ella en Cataluña y el País Vasco, sino también desactivando los recursos con los que el Estado cuenta para mantenerse como garantía del principio nacional en el que se fundamenta la Constitución. Las Cortes aprueban un Estatuto catalán que deroga el orden constitucional en Cataluña y mutilan su propia soberanía presupuestaria menoscabando la política de cohesión nacional. El Gobierno acepta negociar el futuro del País Vasco en mesas extraparlamentarias que acogerán a ETA y a quien ETA designe como brazo político, dejando a la Cámara de Vitoria reducida a un edificio de ruta turística. La Fiscalía secunda las conveniencias del proceso de negociación con ETA, trabando la acción de la Justicia. Si el Estado se mengua, ¿por qué habrían los nacionalistas de renunciar a sus objetivos? La situación les favorece como nunca, y el hecho de que entre el actual Gobierno central y los nacionalismos no exista la hostilidad de antaño se debe a que éstos se han encontrado de bruces con la oportunidad que todos los gobiernos anteriores- -populares y socialistas- -le habían negado de expulsar la Constitución y el Estado de los territorios que patrimonializan. El futuro inmediato es propicio para un debate sobre el Estado y la nación, en el sentido que ha propuesto Mariano Rajoy, mediante una reforma constitucional que garantice la existencia de una organización política común para toda España y que ponga fin a la patente de corso que el socialismo ha extendido a los nacionalistas contra el Estado. CÓMO SALIR DEL LÍO DE LA OPA L futuro ministro de Industria ha disfrutado de instrucción previa por parte de su antecesor durante varias semanas, especialmente respecto al complicado expediente de las opas sobre Endesa lanzadas por Gas Natural primero (mañana se cumple un año) y la compañía alemana E. ON más tarde. Toda la operación está empantanada. Por un lado en los tribunales españoles, que se van a tomar tiempo antes de resolver las demandas que han admitido y que pueden suponer un severo varapalo a la arbitrariedad del Ejecutivo; y por otro, en la Comisión Europea que entiende que el Gobierno español se ha apartado de las reglas de libre competencia en el ámbito comunitario. Lo que debería haber sido una operación de mercado, sometida a los expedientes administrativos propios de un sector regulado, se convirtió en un caso político por la complicidad activa del Gobierno a favor de una de las propuestas. Una politización tan innecesaria que ha perjudicado a todos cuantos han tomado parte en esta operación. Entre otros problemas, el Ejecutivo se ha metido en un conflicto con la Comisión Europea, que le ha requerido en diversas ocasiones explicaciones e incluso le ha advertido de un posible pleito ante los tribunales europeos. Además, no se trata de un asunto de E la exclusiva competencia del Ministerio de Industria: el presidente del Gobierno ha sostenido la estrategia del departamentoencabezado hasta ahora por Montilla, pese a la evidente incomodidad de Economía y del vicepresidente Solbes. Ahora el Gobierno sabe que está en un callejón de difícil salida y que el expediente de Bruselas, así como las sentencias de los tribunales españoles que entienden en este caso, puede ser poco favorable a su posición, con el desgaste político añadido que ello comportaría. Por eso a estas alturas ya reconoce que es necesario llegar a una salida negociada con Bruselas. En ese contexto, no extraña que el futuro ministro de Industria, antes incluso de ser nombrado y de tomar posesión, apunte la conveniencia de negociar una salida para un caso tan enrevesado y tan incómodo para sus promotores. El Gobierno tendrá que dar pasos atrás que no son sencillos. Por un lado, la Comisión de la Energía tendrá que revisar sus exigenciasa la oferta de E. ON para entrar en el mercado español, lo cual contribuirá poco a la reputación de un organismo al que la ley exige independencia e imparcialidad. Más difícil será la retirada de los pleitos en los tribunales españoles, salvo que haya un acuerdo previo que también puede ser fuente de nuevos problemas por posibles conflictos de intereses. ACE treinta años, el 9 de septiembre de 1976, moría Mao Zedong: el sanguinario timonel al que hoy dedica nuestro periódico un reportaje con motivo del aniversario de su óbito. Con él, la galería de los horrores del totalitarismo alcanzó el paroxismo cuantitativo y cualitativo de la crueldad. Sobre su persona recae el triste récord de superar la longitud del rastro de terror dejado tras de sí por cualquiera de los tiranos expelidos por la parte más oscura de la historia de la Humanidad. Baste decir al respecto que más de treinta millones de chinos murieron durante la década que duró la llamada Revolución Cultural. Pero el suma y sigue del horror maoísta es aún más desolador si añadimos las cifras de la represión y la violencia vividas durante la guerra civil contra el Kuomitang liderado por Chiang Kai- shek. Sin embargo, más allá de los números que aportan algunas de las excelentes biografías que han sido publicadas con motivo de este aniversario, lo cierto es que Mao encarna a la perfección el perfil del déspota engendrado por la mortífera combinación ideológica que fraguó el siglo XX de la mano del comunismo y el resentimiento antioccidental. Y no sólo porque sus delirios visionarios y la frialdad planificadora de su apetito de muerte hicieran posible que tiranos como Stalin o Hitler hayan pasado a ocupar un segundo plano ante el tribunal de la historia, sino porque produjo un engendro teórico, el maoísmo, que fue capaz de seducir intelectualmente a una parte- -ciertamente la menos avisada- -de la elite intelectual y de la juventud universitaria del planeta, especialmente en Europa, donde la mezcla ideológica de utopismo y anticolonialismo sigue parcialmente viva a través de infinidad de vestigios de agitación y propaganda que continúan minando eficazmente la proyección de Occidente y sus instituciones entre los países del llamado Tercer Mundo. Treinta años sin Mao, es cierto, pero todavía su imagen es visible desde las esquinas de la plaza de Tiananmen. En ella reposan sus restos y, aunque se ha reducido el culto a su persona bajo el actual régimen chino, su legado sigue en pie, adaptado a las circunstancias y dentro de un proceso de metamorfosis que aún permanece sin despejar las inquietudes que alimentan ese otro Gran Salto Adelante que China ha experimentado en los últimos años con su extraordinario crecimiento económico y tecnológico. Lo que sea en el futuro la emergente superpotencia asiática es la incógnita de una compleja ecuación todavía por resolver. Tendrán que hacerlo las nuevas generaciones educadas en la economía de mercado y la apertura política, pero antes habrán de redimir a su país de las responsabilidades de un régimen que sigue a la sombra de la culpable herencia de Mao.