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4 Opinión VIERNES 1 9 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. López Jaraba (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil EMIGRACIÓN: PROMESAS Y PRETEXTOS C PNV- EA: CAMINOS SEPARADOS EN EL MAPA DEL NACIONALISMO VASCO L bloque nacionalista vasco empieza a sentir los efectos de la proximidad de las elecciones forales y municipales de mayo de 2007, agudizados por el cambio de coordenadas en que las distintas formaciones vascas venían moviéndose hasta ahora. Eusko Alkartasuna- -socio de gobierno del Partido Nacionalista Vasco- -ha decidido no concurrir en coalición con este partido a los próximos comicios. La formación fundada por Carlos Garaikoetxea, tras escindirse del PNV, ha resuelto de esta forma su tradicional incertidumbre preelectoral: seguir a la sombra del PNV y asegurarse una cuota de poder político que, de otra manera, sería improbable, o entrar en riesgo cierto de ser absorbido por el partido de Josu Jon Imaz ante la falta de iniciativa propia. Esta segunda opción es la elegida por la directiva de EA, no sin un amplio debate interno y por un estrecho margen a favor. Sin duda, hay factores nuevos que explican el paso dado por EA, cuyos dirigentes habían normalizado la paradoja de apuntalar en el poder al partido del que se escindieron. Es posible que en el futuro puedan hacerlo nuevamente, pero ahora concurren circunstancias que apuntan a otras posibilidades, no precisamente halagüeñas para el interés general, ni para un futuro constitucional, en la medida en que, por un lado, certificarían la radicalización- -superior a la que ya se ha producido- -de un nacionalismo democrático hasta ahora más o menos contenido por la hegemonía del PNV, y, por otro, estarían alimentadas por el nuevo y peligroso papel que está jugado el Partido Socialista de Euskadi. Hace tiempo que el PNV ve con preocupación lo que pasa en el País Vasco, en tanto está implicando una merma de la solidez de su poder político. Los resultados electorales de 2005 fueron un revés para los de Sabin Etxea, al demostrar que el extremismo oportunista del Plan Ibarretxe reforzó a los proetarras llamados PCTV, que alcanzaron una representación superior a la de Batasuna en 2001. El movimiento electoral interno que se produjo en el nacionalismo transfirió poder a la izquierda controlada por ETA y dio paso a una Cámara vasca mucho más soberanista. Simultáneamente, E el PSE ha sellado su voluntad de suplantar al PNV en la política vasca, no venciéndole con una alternativa constitucional, sino con un nacionalismo prestado, pero, por ello mismo, carente de escrúpulos y dispuesto a ponerlo en práctica con el furor del converso. El rechazo al Plan Ibarretxe en el Congreso no habría sido más que una táctica de desgaste del lendakari y su partido para que, a partir de la propuesta rechazada en Madrid, los socialistas buscaran en Vitoria una mayoría transversal de izquierda. De ahí que el PSE, el PSOE e incluso el Gobierno central hayan empezado por usurpar el lenguaje nacionalista y hacer propias leyendas como la del respeto a la libre voluntad de los vascos (el derecho de autodeterminación) o la búsqueda de soluciones al conflicto (negociar políticamente con ETA) a través de mesas extraparlamentarias sin legitimidad institucional alguna. En este novedoso escenario, el avance de las demandas nacionalistas ya no depende tanto de que el PNV revalide necesariamente su mayoría parlamentaria y controle Ajuria Enea. Antes bien, Eusko Alkartasuna ha entendido que el proyecto nacional vasco también puede ser, con todo realismo, el objetivo de un programa de gobierno suscrito con el PSE de Patxi López y con el partido testaferro que Arnaldo Otegi- -con la vista gorda del Gobierno y la Fiscalía- -se saque de la manga. Los propios socialistas vascos asumieron en documentos previos a las elecciones de 2005 que la reforma del Estatuto vasco habría de culminar el proyecto nacional de la sociedad vasca. Si además han aceptado el método de negociación propuesto por ETA en el Velódromo de Anoeta, la dinámica natural de tanta coincidencia acaba con un pacto de poder político y un cambio de escenario. Cada vez suena menos a disparate la aplicación en el País Vasco de una coalición de gobierno de izquierdas, como la del infausto tripartito catalán, que reclute desde el socialismo hasta la izquierda proetarra, pasando por el independentismo de Eusko Alkartasuna, una formación que se libera del PNV para explorar, por su cuenta, las posibilidades de un nuevo y más radicalizado mapa de alianzas. CAOS ANTITABACO UMPLIDO el plazo de ocho meses fijado por el Ministerio de Sanidad, la nueva fase de la ley del tabaco entra hoy en vigor acompañada por la incertidumbre de su ejecución. Sobre el papel, los establecimientos de hostelería con más de 100 metros deberían haber prohibido el tabaco o, en su caso, habilitado zonas de fumadores con una estructura cerrada. En la práctica, cada comunidad autónoma- -con capacidad para endurecer o suavizar la ley elaborada por el Gobierno, y también con competencias de inspección, control y sanción- -ha seguido un camino distinto, que va de la tolerancia a la rigidez. En definitiva, la ejecución de la ley, uno de los proyectos más ambiciosos del Gobierno en materia social, se ve frustrada por la marginalidad y el vaciamiento que el Estado ha alcanzado en determinadas áreas administrativas, como la Sanidad. Un sector del peso estratégico para la economía española como el de la hostelería se ve al albur de lo que decida cada comunidad, cuyas fronteras representan desde hoy el límite entre genuinas y gigantescas zonas de fumadores y no fumadores. C La falta de cohesión normativa entre territorios impide al Gobierno imponer decisiones que, como en el caso el tabaco, hagan iguales a los españoles y, de paso, eviten su confusión. La entrada en vigor de la segunda fase de la normativa elaborada por Sanidad para reducir el consumo de cigarros vuelve a revelar hoy las limitaciones reales de la ejecución de determinadas políticas, diseñadas por el Ejecutivo para ser aplicadas en todo el territorio nacional y que, sobre el terreno, quedan en manos de lo que más tarde decidan unas y otras comunidades autónomas. Como en el caso de las vacunas o los horarios comerciales, el consumo de tabaco en locales de hostelería marca el perfil de un Estado- -quizá residual, como advirtió Pasqual Maragall- -incapaz de hacer aplicar la ley de forma uniforme. El tabaco sigue siendo una amenaza para la salud, pero la lucha contra el humo no se gana con leyes rimbombantes. En este caso, la mezcla del debate social con la ruptura del modelo territorial produce resultados próximos al esperpento: fumar un cigarrillo se convierte hoy en el símbolo de una quiebra de la ciudadanía común. ON idéntico propósito y el mismo resultado que hace ahora tres meses, María Teresa Fernández de la Vega ha vuelto a recorrer el camino que lleva a las instituciones comunitarias en busca de ayuda para contener el drama de la inmigración. La vicepresidenta del Gobierno- -a la que hay que reconocer su esfuerzo sostenido para solucionar la crisis, y también su sinceridad para reconocer sus dimensiones- -regresó entonces con una lista apabullante de medidas concretas para atajar el problema. El Gobierno aseguraba en mayo que todo estaba resuelto, pero ahora, después de este segundo viaje, pretende hacer creer que toda la responsabilidad recae sobre la UE, como si el Ejecutivo no hubiera tenido nada que ver en lo que está pasando. Es cierto que la acción europea- -tanto de la agencia de fronteras exteriores Frontex como de los países miembros que habían comprometido medios materiales y humanos- -ha sido lenta, cuando no inexistente, pero la responsabilidad primaria compete a las autoridades españolas, que siguen siendo garantes de la vigilancia y el control de nuestras propias fronteras y que este verano parecían estar de vacaciones frente a la mayor avalancha de emigrantes clandestinos que han conocido nunca las Islas Canarias. Los ministros responsables, el del Interior y el de Trabajo y Asuntos Sociales, intentan ahora recuperar la iniciativa con sus comparecencias parlamentarias, pero no hay ninguna explicación que pueda contrarrestar la terquedad de las cifras: sólo durante el mes de agosto han llegado más clandestinos a Canarias que durante todo el año pasado, protagonistas de un éxodo al que ha contribuido en gran medida la política irresponsable del Gobierno en los últimos dos años. El vicepresidente de la Comisión Europea, Franco Frattini, ha dicho por primera vez en voz alta lo que muchos ministros europeos ya habían puesto sobre la mesa en los consejos de Interior y Justicia: que las regularizaciones masivas alimentan el efecto llamada y que la que se aplicó en España el año pasado impulsa este dramático aumento de la llegada de emigrantes. Además, la forma unilateral en que se adoptó aquella medida es el peor argumento para activar una verdadera política europea, que es lo único que realmente contribuirá a racionalizar este gravísimo problema. El ministro del Interior ha dicho en su comparecencia en el Congreso que es consciente de que la presión migratoria no bajará en Canarias en los próximos tiempos lo que demuestra que, de haber querido, habría sido capaz de prever también lo que está pasando actualmente en el archipiélago con una razonable antelación, y evitar así que se hubiera convertido en un problema alarmante. Reconocer lo que se ha hecho mal, como empieza a hacer, tendría que ser el primer paso del Gobierno para intentar poner remedio a una situación que de otro modo seguirá agravándose.