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4 Opinión JUEVES 31 8 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. López Jaraba (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil EL GOLPISMO CÍVICO DE LÓPEZ OBRADOR A actitud del dirigente izquierdista mexicano Andrés Manuel López Obrador ha llegado a límites intolerables. En un lenguaje preciso, su obstinación en reconocer el dictamen de las instituciones que tutelaron las elecciones presidenciales del 2 de julio o las sentencias del Tribunal Supremo Electoral son sencillamente un intento del golpe de Estado. López Obrador propone ignorar la autoridad del actual Gobierno, los dictámenes del poder judicial, además de la legitimidad del presidente electo, y quiere proclamar una especie de convención nacional y un gobierno asambleario alternativo En eso consiste más o menos un golpe de Estado, se haga por la fuerza de las armas o a través de bloqueos pretendidamente cívicos como el que hace ya más de un mes que mantienen sus seguidores. A estas alturas resulta innecesario seguir hablando de los detalles del proceso jurídico de convalidación de las elecciones, porque sencillamente no es por este camino por el que discurre su estrategia. El líder populista sólo quiere que le den la razón y que le entreguen la banda presidencial, y ya ha dejado claro que no está dispuesto a aceptar ningún otro dictamen, por justificado y apegado a la ley y la realidad que pudiera ser. Con sus movilizaciones y amenazas pretende amedrentar a los jueces que antes del próximo miércoles deben emitir su veredicto sobre la validez de la elección y ratificar la proclamación del vencedor, aunque López Obrador ya ha anunciado que no aceptará ninguna otra decisión que no le dé la razón, lo cual pondrá a México ante una gravísima crisis política, por no hablar del modelo irracional de actuación política que podría cundir en otros países iberoamericanos en los que se agita la ola de populismo. Como ha recordado en las páginas de ABC el candidato de la oposición democrática en Venezuela, Manuel Rosales, lo que pasa en México es un buen ejemplo para Hugo Chávez, que apoyó activamente a López Obrador El fracaso electoral de éste ha de servir, a su vez, de impulso moral para el candidato único de la oposición venezolana y como prueba de que el populismo puede ser combatido y derrotado en las urnas. Seis años de clientelismo activo como alcalde de la capital y con el poder local en sus manos, lo que incluye a la Policía metropolitana, le permiten a López Obrador actuar al margen de la prudencia y en muchos casos de la legalidad. Pero las instituciones democráticas deben sobrevivir a los ataques de las que son objeto: si el candidato derrotado insiste en desconocer la ley, no podrán seguir impasibles ante el desafío. Lo que está pidiendo López Obrador es que le den el poder, bajo la amenaza de hacer ingobernable la próxima legislatura. Ante esta actitud, la democracia mexicana no tiene más remedio que imponer las más elementales normas de convivencia usando todos sus recursos legítimos. L SOLDADOS SOBRE EL VACÍO DIPLOMÁTICO L progresivo despliegue de soldados españoles en misiones internacionales pone el foco sobre una de las contradicciones más graves de la confusa política exterior de Rodríguez Zapatero. El envío de cerca de un millar de infantes de Marina al Líbano, como contingente de la Finul, supone la implicación activa de España en un zona de muy alto riesgo, donde las posibilidades de enfrentamientos armados son reales, nada teóricas, y pueden afectar a nuestros soldados. Por lo pronto, el Ministerio de Defensa desplazó ayer al Líbano- -sin la aprobación del Congreso; ni siquiera con el visto bueno del Consejo de Ministros- -a un grupo de veinticuatro militares con la tarea de hacer un reconocimiento sobre el terreno, así como de evaluar las necesidades del despliegue del contingente español. Una misión de interposición no es una campaña humanitaria, sino una garantía de que los contendientes- -ayer mismo, Israel anunció su intención de mantener el bloqueo sobre el Líbano- -respetarán el alto el fuego, lo que incluye el uso de la fuerza para responder al agresor que lo infrinja. Por tanto, se trata de una misión de carácter militar, y así debe serpresentada por el Gobierno a la opiniónpública en el marco de un debate parlamentario que abarque también el papel de España en los compromisos internacionales de pacificación y de lucha contra el terrorismo. Más allá de la retórica primaveral con la que el Gobierno adorna los anuncios de envíos de tropas, los soldados españoles están hoy y estarán muy pronto en algunos de los más graves conflictos bélicos. El problema es que el Gobierno tiene mala conciencia a consecuencia de que su única baza diplomática- -a falta de otras mejores, y fracasadas las que se han puesto en práctica- -esté siendo el uso de las Fuerzas Armadas y la participación en contingentes militares. Mal trago para pacifistas tan acreditados. Que esta actividad responda a Naciones Unidas y no a otros mandatos multilaterales sólo es una coartada para apaciguar la contradicción entre el pacifismo oficial y la realidad militar de su diplomacia, así como un argumento- -ya de tercera mano- -para seguir estableciendo diferencias con la foto de las Azores a la que enseguida aludió, escaso de innovación, el secretario de Organización del PSOE, José Blanco, para contraponerla a la legitimidad de la Finul. El E problema de fondo para el Gobierno socialista es que dos de los protagonistas de aquella foto de las Azores- -Bush y Blair- -son quienes han decidido el despliegue de la ONU en el Líbano, y otro- -Durao Barroso- -representa ahora a la Unión Europea, que ha avalado la resolución del Consejo de Seguridad a la que se abraza el PSOE. No estaría de más que los socialistas recordaran que la coalición liderada por Estados Unidos en Irak es una fuerza multinacional con mandato del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, aprobado en resolución de junio de 2004 con el voto favorable del Gobierno socialista. O que los bombardeos contra Serbia en 1999 fueron acordados y ejecutados por la OTAN ante la parálisis del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, bastante irregular en la aplicación del Derecho Internacional, cuya custodia se le atribuye, eso sí, a conveniencia de parte (por ejemplo, en Ruanda, Darfur o Srebrenica) La incongruencia de recordar cíclicamente la foto de las Azores y secundar al mismo tiempo las iniciativas militares de sus principales actores- -en Afganistán, Líbano y antes Bosnia- -demuestra que los errores en política internacional se pagan, como el Gobierno está pagando la salida de Irak con una diplomacia unívocamente militar, que, para sedante de la izquierda antibelicista, se reviste de carácter humanitario. El resultado es tan poco presentable como que en Afganistán las tropas españolas repartan material escolar mientras sus aliados estadounidenses, canadienses y británicos combaten diariamente en el sur a los terroristas talibanes. En todo caso, bienvenido sea todo compromiso con la comunidad internacional, pero sin demagogia ni engaños a la opinión pública. Mejor que la misión en el Líbano tenga el aval de Naciones Unidas. También lo tienen los Estados Unidos en Irak. Pero resulta hipócrita que el presidente del Gobierno se ufane de que ahora le llame Kofi Annan y no George W. Bush, cuando ninguna misión militar en la que participa España habría sido posible sin el respaldo de Washington y del resto de países con derecho a veto en el Consejo de Seguridad de la ONU. En todo caso, esta conformidad con el nivel de interlocución que ha alcanzado nuestra diplomacia explica suficientemente el nivel de sus pésimos resultados. DOS HORAS SIN RED U N apagón informático silenció durante dos horas el pasado martes más de 400.000 páginas web, afectando a la gran mayoría de los usuarios españoles. El origen del problema se sitúa en el proceso de actualización del software desarrollado por Esnic, organismo dependiente del Ministerio de Industria que gestiona los nombres de dominio bajo el código es. Miles de ciudadanos han sufrido las consecuencias, no ya sólo por la comodidad de realizar operaciones a través de la red (consulta de cuentas bancarias, reservas de viaje, etc) sino también porque muchas empresas desarrollan desde internet una parte sustancial de su actividad de intermediación en el mercado. Por fortuna, no se perdió la información almacenada y pudieron ser recuperados buena parte de los mensajes y otros servicios. Las explicaciones del organismo administrativo no son convincentes. La tendencia a eludir responsabilidades se ha convertido en una pésima costumbre en muchos niveles políticos y técnicos. Es obligado establecer sistemas de emergencia para minimizar los daños, informar a los usuarios con rapidez y eficacia y planificar con rigor este tipo de operaciones para evitar que se produzcan resultados indeseables. La oposi- ción debe ahora ejercer su función de controlar al Gobierno en sede parlamentaria, de manera que la comisión del Senado sobre la Sociedad de la Información y del Conocimiento tiene una buena oportunidad de demostrar que sirve para algo. Internet es la principal herramienta de trabajo y de ocio en estos comienzos del siglo XXI. Buena parte del comercio y de la comunicación humana se desarrolla por procedimientos electrónicos, instrumentos básicos de una sociedad que se siente desamparada cuando fallan los elementos tecnológicos que sustentan la vida cotidiana. Son bien conocidos los efectos nefastos que acarrea un apagón eléctrico; de hecho, los ciudadanos y las administraciones públicas se muestran muy exigentes con las compañías suministradoras cuando se producen fallos, incluso por razones fortuitas o en circunstancias de utilización intensiva. La analogía con internet resulta evidente. La importancia creciente que se otorga a los especialistas en la red sólo se justifica si son capaces de garantizar niveles de calidad suficientes. No sirve, por tanto, eludir los problemas, ni poner cara de resignación, como si fueran gajes inevitables de la informática.